Necesitamos una verdadera industria del cine en España

Por Maurizio Carlotti, consejero delegado de A3 Televisión (EL MUNDO, 25/01/07):

El pasado 28 de diciembre, el Ministerio de Cultura presentó al sector audiovisual un documento de base, algo así como el borrador de la nueva ley del cine español que está preparando el Gobierno. A pesar de los grandes reconocimientos internacionales que habitualmente recoge -más que cualquier otra cinematografía europea-, el cine español sigue inmerso en una crisis endémica y necesita nuevas medidas de impulso.

Sin embargo, respecto a la participación de las televisiones en la financiación y desde el año 1999 -cuando el Ejecutivo presidido por José María Aznar promulgó la ley popularmente conocida como 5% de inversión obligatoria-, la política de los sucesivos gobiernos ha estado condicionada por falsedades y manipulaciones interesadas.

La mentira originaria consistió en afirmar que una directiva europea obligaba al Estado a imponer a las televisiones una cuota de inversión obligatoria en cine español y europeo, consistente en el 5% de sus ingresos anuales. En realidad, la directiva en cuestión no contempla ninguna obligación de este tipo, se limita a prever la obligación de cubrir una cuota del 50% de las horas de programación con «obras audiovisuales originales europeas», excluidos concursos, retransmisiones deportivas e informativos.

A finales de los 90, los productores atribuían la crisis del cine español a una falta de recursos económicos. La realidad, a mi entender, no era ésa. A pesar de la introducción del 5% de inversión obligatoria por parte de las distintas cadenas de televisión -sumada a las ya generosas subvenciones públicas-, la mencionada crisis ha empeorado año tras año.

Ha descendido el número de espectadores, la media de copias por película y la media de días de exhibición en las salas. Lo único que ha aumentado es el número de películas producidas anualmente -que ha pasado de 60 a 140- y su coste medio.

Para ocultar la evidencia, se acusó a las televisiones de incumplimiento de la referida ley. Así que, con la llegada del PSOE al poder, Fapae -Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles- pidió un reglamento más severo, cuya aplicación sirvió solamente para que el Ministerio de Cultura certificase que todas las televisiones aplicaban puntualmente la normativa.

El mundo del cine se agarró entonces a la teoría de la conspiración de distribuidores y exhibidores, haciéndoles responsables de distorsionar la libre competencia. Se intentaba de esta forma justiticar la disminución constante de la cuota de mercado, a pesar del gran éxito que cada año registran unas cuantas películas españolas. Precisamente estas películas -que en el año 2006 han sido producidas en su mayoría por parte de las televisiones privadas-, demuestran que buenos productos, con presupuestos de producción adecuados y una buena promoción, pueden distribuirse con centenares de copias y permanecer en las principales salas de cine muchas semanas, cosechando millones de espectadores.

El 2006 -octavo año de aplicación del 5% de inversión obligatoria-, ha sido para el cine español el peor de los últimos 20 años. Frente a este fracaso, Fapae vuelve a la carga pidiendo más subvenciones, exigiendo la renuncia de las televisiones a la producción, reclamando privilegios para el cine independiente, defendiendo la renta de intermediación, sin aceptar lo que es totalmente evidente: que el cine español es tan rico en talento como pobre de empresarios.

Lo que hace diferente el cine de otras formas de expresión artística y cultural es su característica ineludible de producto industrial. A diferencia de poetas, pintores, músicos, literatos o escultores -que necesitan, para expresarse, de medios económicos y técnicos casi siempre muy reducidos-, los cineastas necesitan, inevitablemente, reunir y coordinar una imponente y costosísima organización. Siempre se podrá debatir si una película es una obra de arte o no; pero nunca se podrá negar que es el resultado de un proceso, además de creativo, industrial. Y el sector cinematográfico, hoy en día, compite a escala internacional, con productos que, además de sus cualidades artístico-culturales, exhiben su calidad industrial. Y todas las medidas de los últimos ocho años han favorecido, en gran parte, la producción de cine español de baja calidad industrial.

Éste es el verdadero punto débil del cine español, en gran parte producido con presupuestos ridículos, al amparo de un sistema proteccionista de subvenciones públicas y privadas, que apuesta más por la cantidad que por la calidad, para nada expuesto a la prueba competitiva y, por ello, muy a menudo de insuficiente calidad industrial.

Todo esto ha llevado a nuestro cine a ser un sector estructuralmente deficitario, no por falta de talento sino por falta de una industria competitiva. Porque sin empresarios capaces de arriesgar no hay empresas, y sin empresas fuertes no puede haber una industria competitiva del sector.

Un déficit crónico tiene que ser financiado por parte de la Administración Pública. Creación artística, defensa de la excepción cultural, tutela lingüística, relevancia cultural, apoyo a la producción independiente, promoción de talento novel: todas estas razones justifican partidas de los Presupuestos Generales del Estado -vía subvenciones directas, vía apoyo de las televisiones públicas, o a través de instrumentos fiscales- que faciliten la producción de cine español con estas características.

La industria privada puede tener su propio papel en una política industrial seria en favor del cine español, asumiendo el reto de invertir en un sector deficitario y trasformándolo en una industria competitiva, siempre y cuando no sea por obligación legal.

No se entiende por qué para financiar el déficit de la industria del cine tienen que intervenir las televisiones privadas y no, por ejemplo, la banca, las compañías de telecomunicaciones o las eléctricas, que ganan considerablemente más que las cadenas privadas; ni se explica por qué la intervención debe ser para defender el cine y no para fomentar la música sinfónica, para difundir la ópera lírica o para relanzar el teatro o las artes circenses.

Las inversiones, además, tienen que ser tales; es decir, no pueden acabar sistemáticamente en saco roto, y es necesario garantizar en el tiempo un retorno adecuado. Eso supone la máxima libertad de actuación empresarial y no admite vínculos o impedimentos proteccionistas.

El sector de la televisión en España ha creado en los últimos 15 años las condiciones para el desarrollo de la industria audiovisual española, y ha alimentado su crecimiento constante. Productos de alta calidad artística e industrial han triunfado en nuestro país, ganando en la competencia librada a las series americanas. Estos mismos productos se exportan con éxito a numerosos países de todo el mundo. Y todo eso ha sido producido y distribuido en su mayor parte gracias al trabajo de televisiones y productoras privadas, sin requerir subvención alguna.

El cine español necesita empresarios valientes, independientes de las subvenciones, que crean en las enormes posibilidades del mejor talento europeo, dispuestos a asumir los riesgos de una competencia dura que, además de la producción habitual de los cineastas independientes, garanticen la realización cada año de 10 grandes películas de alto presupuesto, capaces de competir en todo el mundo, disponiendo de medios y recursos adecuados.

Evidentemente, no todos los títulos triunfarán, pero los éxitos compensarán los fracasos, los recursos se regenerarán, y la industria cinematográfica española -finalmente fuerte y competitiva-, será un extraordinario medio para expandir por el mundo la creatividad de nuestra cultura a través de un medio que siempre será libre.

Ésta es la aportación que pueden realizar las televisiones privadas, colaborando con productores independientes que confíen en el cine y en el mercado. De lo contrario, la agonía seguirá, sin remedio y sin esperanza.