Negociación, integración, mutación

Antonio Echevarría Albisu fue la primera persona asesinada por ETA tras la muerte de Franco, concretamente el 24 de noviembre de 1975. Tenía 35 años, era alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa). Dos días después, el 26 de noviembre, el diario francés Libération publicó una entrevista con ETA donde la banda justificaba su atentado afirmando que «toda acción represiva apunta selectivamente a aquellos especialistas de la tortura y el asesinato». Mientras, en esos mismos días, el joven Rey adelantaba en su ambiguo y prudente discurso de coronación ante las Cortes franquistas su intención de liberalizar, abrir, transformar progresivamente el sistema político heredado del 18 de julio.

Aprovechando los nuevos aires que parecían respirarse en España, el periódico francés preguntó a ETA sobre su actitud ante el proceso de apertura política en ciernes. El etarra interpelado contestó: «Este proceso de apertura democrática llegará un día u otro, pero nuestra línea continuará siendo la misma: relajaremos un poco la lucha armada para dedicar más esfuerzos a la lucha de masas, pero las luchas de clase deben obligatoriamente pasar por una fase armada».

La naturaleza de ETA es radicalmente violenta, he ahí su razón de ser y la fuerza inspiradora de su actuación durante los años que lleva viva. La banda considera que sin violencia el Estado no se moverá un ápice de sus postulados y nada podrá conseguirse si, con pistolas y bombas, no se pone al «represor enemigo» contra las cuerdas. La violencia es un medio para conseguir sus fines políticos, su proyecto de ruptura con España, la ansiada independencia del País Vasco a uno y otro lado de los Pirineos. Es, por tanto, el uso del terror hilo conductor de la ejecutoria etarra, que sólo se relaja si las circunstancias lo aconsejan y algún demócrata iluso abre las puertas de Troya al caballo traidor de una paz malentendida.

Cuando no conviene matar, pues el tiro en la nuca obstaculiza conquistas políticas, la pistola queda humeante y aparentemente silenciada en la guardarropía etarra. Salen entonces a la palestra, con su parafernalia cutre y anacrónica, tres enmascarados que provocarían la hilaridad de no ser porque guardan más de 800 muertos bajo sus chapelas.

En esencia, el discurso de ETA no ha cambiado. Quienes han cambiado han sido los gestores del sistema democrático español, concretamente su actual Gobierno y sus jueces afines, que cometieron uno de los errores más graves en los que un Estado de Derecho puede caer cuando pretende desactivar al terrorismo que lo azota. Ese error es el de anteponer la negociación a la disolución de la banda. Esto ocurrió en el febril proceso de paz impulsado por Zapatero y contundentemente frustrado -¿o eventualmente aplazado?- por el atentado en la T-4. Y volvimos a caer en el mismo error, esta vez de manera aún más evidente y vergonzante, cuando la última argucia de ETA para burlar la ley de partidos pasó el filtro del Tribunal Constitucional a pesar de los criterios del Supremo.

La legalización de Bildu puso de manifiesto que la negociación con la banda era todo un hecho y tuvo la gravísima consecuencia de legitimar, indirectamente, la violencia como herramienta para obtener réditos políticos. Porque si la negociación -el tráfico de concesiones entre ETA y nuestra democracia- se antepone a la disolución de la banda estamos asumiendo implícitamente que el terrorismo dio resultado a los asesinos, que han logrado presionarnos y amedrentarnos tanto que estamos dispuestos a ceder en cuestiones hasta hace poco impensables -su participación en las elecciones, la conquista de numerosos municipios- con tal de que nos perdonen la vida. De haber sabido que en estas turbias aguas iba a desembocar el río de nuestra Historia, más nos valdría haber evitado tanto dolor adelantando las actuales concesiones y todas aquellas que aún quedan por venir.

El último comunicado de ETA es el precio simbólico que la banda paga por haber sido legalizado su brazo político y, a la vez, allana el camino para que su entorno -sean cuales sean las siglas con las que se disfrace- entre en el Congreso con grupo propio y nutrida representación tras el próximo 20-N. Y así redundará nuestra maltrecha democracia en el error de seguir con el trasiego de concesiones antes de (y para la) futura, previsible pero aún no alcanzada disolución de ETA. Muchas veces amagó la banda con dejarlo pero, si vinieran mal dadas y el grifo de las concesiones se cerrara, volverían los etarras a sus orígenes, recordándonos que «toda lucha de clases debe pasar obligatoriamente por una fase armada».

Estamos asistiendo a un proceso de integración progresiva de ETA en nuestro sistema democrático. Y cuando un sistema político decide integrar a sus enemigos aterriza en la senda incierta, bifurcada, impredecible e inestable de la mutación. Ningún movimiento es gratis en esta liturgia negociadora, y nos esperan tiempos difíciles porque las cárceles pueden abrirse de manera cada vez más evidente -y no tan subrepticiamente como hasta ahora parecían hacerlo- para acercar presos al País Vasco o, lo que sería aún más doloroso, para dejarlos en la calle. Y a todo ello debe añadirse el debate, cada vez más coreado, en torno a un derecho a la autodeterminación que los etarras sugieren como crucial moneda de cambio para «el cese definitivo de sus acciones».

Así que el posible curso de los futuros acontecimientos seguirá el eje formado por la negociación, la integración y la mutación. La negociación es vehículo, la integración objetivo y la mutación consecuencia del proceso. Negociando, ETA se integrará en el sistema, y el resultado supondrá la progresiva emergencia en nuestra democracia de nuevas realidades, situaciones y características cuya evolución resulta impredecible. Recuérdese, no obstante, que casi todas las mutaciones generan aberraciones y muy pocas de ellas suponen saludables saltos cualitativos para los organismos que las sufren.

Por Alfonso Pinilla García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

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