Negociación y cambio en Cuba

Las conversaciones entre el Gobierno cubano, la Iglesia católica y la cancillería española han dado un resultado importante, que no debería subestimarse: la promesa de liberación de 52 opositores pacíficos, arrestados en la primavera de 2003. Aunque hasta ahora solo ha salido menos de la mitad, en las próximas semanas deberían quedar libres los 75 activistas de la ampliación de derechos civiles y políticos, injusta y “sumarísimamente” condenados a penas de hasta 28 años por delitos de expresión y asociación. El valor de esa amnistía no debe rebajarse en medio del comprensible malestar de una oposición, una diáspora y una comunidad internacional, para las que dichas excarcelaciones, acompañadas de exilios, son insuficientes.

La liberación de los 75 es importante, además, porque deja al descubierto la injusticia de aquellos procesos y las leyes vigentes que los permitieron. Por mucho que Raúl Castro y los publicistas del régimen insistan en que aquellos opositores no fueron procesados por sus ideas sino por ser “agentes” de una potencia extranjera, que trabajaban por el “derrocamiento” del Gobierno insular, las propias actas de los juicios contra los mismos, varias de ellas disponibles en Internet, los desmienten. Ninguno de los disidentes formaba parte del aparato de inteligencia de Estados Unidos, ni enviaba información secreta sobre el Estado cubano, ni practicaba la subversión o cualquier modalidad de cambio violento en Cuba.

Los defensores acríticos del régimen también enfatizan que aquellos disidentes recibían dinero de Washington y uno de los agentes de la Seguridad Cubana infiltrado entre ellos afirma que llegaron a incautárseles cerca de 100.000 dólares, lo cual no consta en las actas disponibles. Imaginemos que cada uno de los 75 poseía 2.000 dólares y ya la cifra sobrepasa la que alegan los oficiales de la contrainteligencia. La suma es ridícula como presupuesto de una banda de “mercenarios” y “terroristas” que, bajo las órdenes de la Casa Blanca, conspira para “destruir la Revolución” y anexar Cuba a Estados Unidos.

La amnistía, generalmente entendida como gesto de buena voluntad para con la Iglesia o como búsqueda de un cambio en la política europea y norteamericana hacia la isla, tiene un valor propio: el de poner en evidencia la estructura jurídica totalitaria del socialismo cubano. En libertad, los 52 opositores podrán rendir testimonio ante la opinión pública internacional sobre los arbitrarios procesos a que fueron sometidos y sobre las condiciones en que debe sobrevivir un preso político en las cárceles cubanas. Esa estructura, por la cual un ciudadano que pacíficamente defiende otraidea de Gobierno puede ser juzgado y castigado como “enemigo de la patria”, no es un mecanismo defensivo ni una respuesta a agresión alguna sino un sistema institucional racionalmente adoptado para concentrar y preservar el poder.

Pero aun si la amnistía es entendida como negociación tampoco carece de valor. Durante medio siglo, los gobernantes cubanos han actuado como sujetos que no negocian porque nunca se equivocan o porque sus problemas son responsabilidad de otros. Poseedores de toda la verdad y toda la razón, esos líderes se han acostumbrado al ejercicio de un orgullo exuberante, en el que relacionarse con Cuba equivale a bendecir su sistema social o afirmar la bondad del régimen. El hecho de que después de 50 años sigan tan preocupados por la legitimidad es buena prueba de la frágil institucionalidad y del carácter totalitario del socialismo cubano.

El Gobierno de Raúl Castro retomó las conversaciones migratorias con Estados Unidos -en las que se negocian más temas que los migratorios- y, a través de la mediación de la Iglesia, acaba de negociar con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la Unión Europea y, evidentemente, también con Washington, que flexibilizará los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba.

El régimen ha negociado por desesperación, por interés o por ambas cosas, sin renegar de dicha negociación ni acompañarla de los habituales derroches de intransigencia. La ciudadanía insular no ha sido debidamente informada del proceso negociador y como compensación ideológica ha recibido las reapariciones de un apocalíptico Fidel Castro.

Lo que está dispuesto a ofrecer ese Gobierno en su negociación es poco si se piensa en el cúmulo de problemas económicos, políticos y sociales de Cuba. Sólo la liberación de los 52 y, tal vez, de algunos presos políticos más. Nada relacionado con sus propias promesas de “cambios estructurales y de concepto” y con las expectativas de reformas que posee la mayoría de los cubanos.

Sin embargo, la oferta de liberar a todos los presos políticos que no hayan participado en actos violentos, reiterada por el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, no debería despreciarse. La liberación de todos los opositores pacíficos encarcelados no es el primer paso hacia la transición democrática, pero es un acto de justicia.

Como vimos en las últimas sesiones de la Asamblea Nacional, el inmovilismo cubano se manifiesta como miedo a ciertas palabras. Desde los noventa, las élites del poder estigmatizaron el término “transición” porque, a partir de las experiencias de Europa del Este y América Latina, había sido incorporado al lenguaje de Washington. Ahora pasa lo mismo con la palabra “reforma”. El ministro de Economía, Marino Murillo, lo dijo con la mayor claridad: “No se puede hablar de reformas”. En todo caso, de “actualizaciones” o “ajustes” en la economía de Estado que Raúl Castro, tratando de enmendar la ambivalencia de sus primeros años de Gobierno, presenta como los “cambios estructurales y de concepto” prometidos y que no van más allá del permiso al autoempleo o trabajo por cuenta propia.

Pero “cambio estructural”, bajo cualquier paradigma teórico, significa transformación de una estructura y la estructura económica -por no hablar de la política- del sistema cubano descansa sobre el control estatal. Si no habrá modificaciones en ese principio, por qué hablar entonces de “cambios estructurales”. Es evidente que con aquella fórmula retórica Raúl Castro intentó crear una expectativa de reformas, que le permitiera desembocar en la actual negociación, sin comprometerse a la realización de reforma alguna. Por eso ahora dice que “cambio estructural” quiere decir lo contrario: mantener intacta la estructura económica del sistema.

Los interlocutores de Raúl Castro en la Iglesia, en España, en Europa y en Estados Unidos, que desean una transición democrática, deberían acotar sus expectativas sin dejar de negociar. Una negociación en curso puede ser la mejor vía para rebasar la limitada oferta de La Habana, siempre y cuando no se avale el inmovilismo. La cúpula dirigente parece decidida a mantenerse inmutable hasta la muerte de Fidel, pero habrá que ver si la ciudadanía de la isla y la diáspora, los opositores y los propios reformistas dentro del sistema lo permiten.

Rafael Rojas, historiador cubano y vive exiliado en México. Ha ganado el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.