Negociar el Brexit desde el respeto y la tolerancia

Los ciudadanos españoles no tienen por qué ver su honor dañado en ningún país, y mucho menos en un país miembro de la Unión a la que pertenecen todos ellos, en tanto que son ciudadanos europeos. Porque la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho; valores que son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Así está recogido en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, Un Tratado que, como todos los demás que conforman el acervo comunitario, es de obligado cumplimiento y respeto para sus Estados miembros. Cifraremos en veintiocho este número de miembros hasta que Reino Unido formalice, de acuerdo con las provisiones contempladas en el Artículo 50, su intención de marcharse. A día de hoy, ni siquiera ha iniciado este proceso, ya que la notificación que debe remitir al Consejo Europeo aún no ha sido enviada. Por tanto, mientras Reino Unido continúe siendo miembro de la UE, ha de respetar los valores recogidos en los Tratados.

Sin embargo, podría parecer que este ejercicio de respeto se hace cuesta arriba ante ciertas circunstancias. La bombilla roja la encendió la ministra de Interior, Amber Rudd, la pasada semana al afirmar que su Gobierno no va a esperar a que se complete el llamado «Brexit» para endurecer las condiciones de contratación de trabajadores extranjeros ni para complicar las condiciones requeridas para ir a estudiar a las Universidades británicas. Las medidas proclamadas por la señora Rudd pueden o no llegar a buen puerto. Pero lo cierto es que su discurso, en sí mismo, ya invita a la discriminación de aquellos trabajadores y estudiantes no británicos asentados en Reino Unido. Entre ellos, a la discriminación de los 102.498 españoles que allí residen, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

A quienes estamos llamados a defender los derechos de todos los ciudadanos españoles en los diferentes niveles de las Administraciones Públicas nos preocupa y nos ocupa el sufrimiento que en ellos generan anuncios como el de la titular de Interior. Cumplo con mis obligaciones cuando he pedido a la Comisión Europea que vele por los derechos de los trabajadores y estudiantes comunitarios en Reino Unido. Le he instado, de hecho, a estudiar si la retórica del Ejecutivo de Theresa May en materia de control migratorio viola el principio de no discriminación, además de incitar directamente a la discriminación.

Con su compromiso con España cumple también nuestro presidente, Mariano Rajoy, cuando defiende los intereses de nuestro país en las negociaciones del divorcio británico. Debe tranquilizarnos el mensaje que lanzó tras su encuentro con la señora May, en el que constató su intención de trabajar juntos para preservar los lazos que unen a ambos países. Lazos que, en términos económicos, son ciertamente importantes. Hablamos, por ejemplo, de que España es el mayor proveedor de frutas y hortalizas de Reino Unido, tercer país de destino de nuestras exportaciones. En tiempos en que nuestro mercado interior luchaba por cortar las hemorragias derivadas de la crisis mundial de 2008, las exportaciones se han convertido en el principal suero para la azotada economía española, un suero cuyos principales ingredientes han sido las ventas de automóviles y de productos agroalimentarios. El valor de nuestras exportaciones a Reino Unido en lo que va de año roza, según el ICEX, los 12.000 millones de euros.

Pero el «Brexit» no sólo pone en jaque una relación comercial que merece la pena preservar en las mejores condiciones, sino que quiebra la unidad política y social del entorno comunitario. Lo hace, además, en un momento de auge de ese euroescepticismo que jalea el odio al no nacional, aunque sea ciudadano de su misma municipalidad, que es la de Europa. El discurso del populismo británico antieuropeo –como también ocurre en Austria, Polonia, Países Bajos o Francia– está contribuyendo a establecer un vínculo que no es real entre la inmigración y los problemas sociales que pueden existir. No hay que pasar por alto que la retórica antieuropea se ha endurecido tras conocer los resultados del referéndum de membresía británica celebrado el pasado 23 de junio. En este sentido, especial atención merece el aumento de los delitos de odio en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Sólo el fin de semana posterior a la consulta, el número de denuncias por este delito se incrementó en un 57 por ciento.

Ante un escenario tan delicado, nos preocuparía sobremanera que el Gobierno conservador británico se dejara arrastrar por postulados propios de los populismos antieuropeos. Para que ello no ocurra, urge que abandone la tentación de elaborar un discurso que anuncie un déficit en la cobertura social a trabajadores y estudiantes que, aun no siendo británicos, son ciudadanos de la UE; o la posibilidad de que empresarios británicos elaboren listas en las que figuren empleados no británicos. Recordemos que un discurso así amenazaría directamente a más de 100.000 españoles. Pronunciarlo sería un error. Sería un grave error.

Ramón Luis Valcárcel Siso, vicepresidente del Parlamento Europeo.

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