Negocio a cuenta del futuro de las pensiones

No siempre es trigo limpio apelar al futuro para justificar sacrificios inminentes. Una cosa es esforzarse hoy para mejorar el porvenir de la gente y otra muy distinta decidir ahora por quienes deberán hacerlo mañana ejerciendo sus derechos. Así, por ejemplo, los Objetivos del Milenio trazados por Naciones Unidas para reducir la pobreza en el mundo, o el Protocolo de Kioto para frenar el cambio climático, requerían de aportaciones al desarrollo y de inversiones en reducción de gases contaminantes, respectivamente, que deberían haberse venido realizando desde hace más de un decenio para evitarle males mayores a las generaciones futuras. Pues bien, las principales potencias han respondido ante ambos retos con un corte de mangas.

Sin embargo, se urge a restringir el sistema público de pensiones inmediatamente so pretexto de asegurárselas a quienes se jubilen dentro de 30 o 40 años. Se arguye que la evolución demográfica previsible incrementará porcentualmente los pasivos mucho más que los activos y se concluye que será financieramente insostenible el sistema porque pasará de absorber el 8,4% del PIB al 15,1%, por lo que es inexcusable acordar ya el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años e iniciarlo paulatinamente desde 2013.

Tan alarmante esquema podría objetarse recordando de entrada que la demografía, siendo importante tenerla en cuenta, no es la variable principal en el análisis económico desde hace casi dos siglos, cuando se equivocó aquel pastor anglicano de Albury, Malthus, que sin atisbo alguno de piedad anatematizaba la beneficencia para con los pobres porque les mantenía vivos y no habría manera de evitar que el crecimiento de la población superase demasiado al de la producción de los medios de subsistencia, caminando todos inexorablemente hacia la hecatombe mundial. La Revolución Industrial, que ya se estaba desarrollando ante sus narices mientras él sólo tenía ojos para elaborar su Ley de la Población, vino a proporcionar nuevos medios de producción que necesitaron de más mano obra y como aún no daban abasto con la que se detraía del campo para engrosar el proletariado industrial, indujo crecimientos poblacionales sin precedentes.

Tampoco estaría de más reiterar que las jubilaciones las pagan quienes trabajan, cotizando en función de lo que cobran; o sea que la clave de bóveda para el mantenimiento futuro del sistema radica en que aumente la población ocupada y que los empleos sean de mayor calidad y mejor remunerados. Obviamente, hay que empezar por acabar con el paro, incrementar el nivel de ocupación (especialmente entre mujeres y jóvenes) y, simultáneamente, mejorar la productividad con crecimientos más vigorosos por hora trabajada en una economía que produzca bienes y servicios con más valor añadido.

Cumplidas estas premisas, que constituyen nuestra primera obligación para con el futuro inmediato, se echarán las cuentas sobre la riqueza que la sociedad futura sea capaz de generar; y después decidirán si quieren redistribuir el resultado de su trabajo destinando tal o cual porcentaje a pensiones y tal otro para políticas públicas que consideren necesarias para su tiempo y que hoy no podemos determinar, como por ejemplo no se podía calibrar 30 años atrás la importancia de la “dependencia”. O a lo mejor se les ocurre fomentar la natalidad siguiendo el ejemplo de los países nórdicos y que tan obstinadamente siguen ignorando quienes sin embargo ven con tanto fatalismo el imparable declive de los nacimientos en España.

También es posible que las gentes del mañana no quieran seguir siendo tan generosos con la fiscalidad de las rentas de capital ni mantener la presión fiscal seis o siete puntos por debajo de la media europea.

Pero lo que se disputa en este recurrente debate no son ideas, sino intereses: los de quienes necesitan sembrar la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas para fomentar desde ahora mismo la contratación de planes privados.

Que toda institución al servicio de la equidad social debe ser reformada para adecuarla a los cambios sociales es tan obvio que parece una tautología. Para desligar el debate sobre las pensiones de la contienda partidista se suscribió el Pacto de Toledo en 1995 bajo los auspicios del Gobierno socialista de entonces, y para cristalizar las recomendaciones parlamentarias en reformas concretas se firmó al año siguiente el Acuerdo para la Racionalización y Mejora de la Seguridad Social entre los sindicatos CC OO y UGT y el primer Gobierno popular. Desde entonces se examina la evolución de las pensiones en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, y ésta propone reformas que se vienen transformando en acuerdos cada cuatro años con un elevado consenso social y político.

Reformas necesariamente parciales, porque el sistema en su conjunto funciona cada vez mejor y más saneado, como demuestra el extraordinario volumen que ha podido alcanzar el Fondo de Reserva. Y reformas aplicables en periodos razonables, precisamente para facilitar su adaptabilidad a los cambios sociales y económicos. En tales condiciones deberemos entregárselo a los que vendrán detrás para que puedan tomar sus decisiones libremente.

Antonio Gutiérrez Vegara, diputado del PSOE por Madrid y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.