Existen cuatro crímenes execrables, repugnantes, que conmocionan las conciencias de la mayoría de los seres que habitan el planeta: el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Con esa u otras denominaciones se han cometido desde el inicio de los tiempos. Tras la Primera Guerra Mundial hubo reacciones ante los horrores vividos. Vividos nuevamente y aumentados tras la Segunda, la Carta de las Naciones Unidas incorporó en 1945 estas preocupaciones.
En 1998, impulsado por la ONU, nace el Tribunal Penal Internacional (TPI), hoy integrado por 124 Estados. Si bien algunos de los más poderosos (EE UU, Rusia, China) no forman parte de él (tampoco Israel) por temor a que algunos de sus nacionales puedan ser incriminados, es destacable que tantos Estados de culturas y acervos jurídicos dispares hayan concordado en un objetivo común. El TPI deviene así en la primera Corte Penal Internacional de carácter permanente y en el mayor logro judicial de la comunidad internacional para combatir los crímenes atroces.
Este tribunal —que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, también organismo de Naciones Unidas, enjuicia a individuos, no a Estados— desde 2002 ha venido actuando principalmente contra políticos africanos, autores de crímenes de guerra o de genocidio, pero asimismo contra presuntos criminales de otros continentes. Pero estos días la repercusión de la última iniciativa judicial de la Corte ha adquirido resonancia internacional porque el objeto de su investigación no es un nacional del Tercer Mundo, sino las autoridades de Israel. La gambiana Fatou Bensouda, fiscal del Tribunal Penal, anunció el pasado 20 de diciembre que estaba convencida de que “existe una base razonable para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina” No obstante, su actuación no está únicamente dirigida hacia israelíes responsables de crímenes atroces, pues en su declaración afirmaba que “funcionarios israelíes, así como grupos armados palestinos, pueden haber cometido crímenes de guerra”.
Este diario, único de difusión nacional en abordar editorialmente el asunto (Israel contra la CPI, 28-12-2019), escribía: “Netanyahu ha calificado de “parodia” y acusado a la CPI de tratar de “deslegitimar al Estado judío”. Pero semanas después, Israel, con su primer ministro a la cabeza, se ha embarcado en una campaña de infundios, falsedades y agravios no solo contra el TPI, sino también contra el derecho internacional. En simbiosis con Donald Trump, que pretende asimismo desacreditar y tuitea todo tipo de barbaridades sin base contra el tribunal por la pretensión de este de investigar los posibles crímenes de guerra de tropas norteamericanas (y de talibanes) en Afganistán, Netanyahu emprende su particular campaña: “El Tribunal Penal Internacional es antijudío, antisemita. Pido a todos que hagan lo mismo que Trump: condenar al TPI. Pidan sanciones contra el tribunal, sus funcionarios, fiscales, todos”. Afirma que la Corte es contraria al “derecho del pueblo judío a vivir en su tierra ancestral” y, rozando los límites del absurdo, sostiene textualmente que “el TPI está en primera línea de ataque a las democracias, al derecho de las democracias”. Algo menos rocambolescamente, las autoridades israelíes sostienen que “acudiendo al Tribunal Penal Internacional, los palestinos persiguen que la Corte decida sobre asuntos políticos que deben ser resueltos mediante la negociación y no por vía judicial”. Hipócrita argumento dado que tras décadas de supuestas negociaciones Israel no ha cedido un ápice y continúa absorbiendo territorios palestinos a pesar de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas y preceptos del derecho internacional.
Israel se encuentra en estos momentos ante una investigación de un organismo de la ONU, el TPI, que, tras numerosos encuentros y conversaciones desde 2015 con las partes israelí y palestina, acaba de llegar a la conclusión de que es preciso investigar (y caso de ser probados, enjuiciar a los responsables) posibles crímenes de guerra por parte israelí en la orilla occidental del Jordán, Gaza (durante la guerra de 2014) y Jerusalén Este; la muerte a cargo de soldados israelíes de más de 200 palestinos, incluidos más de 40 niños, en manifestaciones pacíficas en la frontera gazauí-israelí en los dos últimos años, así como los posibles crímenes perpretados por Hamás y otros grupos palestinos. Añádase a ello el supuesto jurídico internacional que condenaría a Israel por trasladar a civiles israelíes a las colonias judías creadas en el Jordán, teniendo en cuenta que la Convención de Ginebra prohíbe la transferencia de civiles a territorios ocupados.
Durante décadas Israel, con el apoyo de Washington y su veto en el Consejo de Seguridad, ha bloqueado la acción de la ONU contra su ocupación ilegal de territorios palestinos y la aplicación del derecho internacional humanitario en los mismos. Al lograr en 2012 la Autoridad Nacional Palestina el estatus de Estado observador en el plenario de la Asamblea General, de ahora en adelante, ante el empeño universal de que la justicia prevalezca en Palestina, Israel afrontará no solo la acción política y diplomática, sino también la judicial del TPI.
Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.