Neutralidad, equidad e impunidad

El mainstream tecnológico e ideológico considera que la propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para eliminar la neutralidad de la red puede acabar con el espíritu y el potencial disruptivo que ha tenido internet. El progresismo ha hecho de este principio una de las señas de identidad de la mentalidad digital. Para los profanos, aclaremos que la llamada neutralidad de la red significa en la práctica que los operadores de telecomunicaciones no pueden condicionar el acceso a los servicios en función de los contenidos que consuma el usuario. Eso ha sido así desde el primer día y, sin duda, ha tenido efectos positivos. La barrera de entrada para los proveedores de contenidos o de servicios digitales ha bajado notablemente respecto al entorno analógico, cosa que ha estimulado la creatividad, la competencia y la pluralidad. Ahora bien, algunos de los males que la misma progresía critica del mundo digital son también consecuencia de la neutralidad de la red: la impunidad ante el delito, la falta de responsabilidad editorial o el menosprecio por la propiedad intelectual. A los que ahora se escandalizan, hay que decir que importantes gigantes digitales, como Google o Facebook, ya aceptaron que algunos estados como el chino o las monarquías del Golfo Pérsico se saltaran la neutralidad por razones puramente ideológicas.

Con todo, hay otros puntos de vista a tener en cuenta para analizar la decisión de la FCC. Los operadores de telecomunicaciones se encuentran atrapados por el crecimiento del tráfico de datos a través de sus redes. Lo explicó hace un par de años con meridiana claridad el entonces presidente de Telefónica, César Alierta. La neutralidad de la red obligaba y obliga a las telecos a cargar toda su inversión sobre las espaldas de los consumidores. Netflix, por ejemplo, construye su modelo de negocio sobre la base de que las operadoras han de hacer crecer exponencialmente su ancho de banda y la capacidad de sus redes y, a la vez, bajar los precios por la creciente competencia. No es la primera vez que en el entorno de internet que quien hace el negocio no es el que arriesga el capital ni quien paga la fiesta. Algo parecido les pasa a los productores de contenidos con respecto a Google o Facebook que no soportan coste alguno vinculado a la creación de los contenidos que explotan comercialmente. La paradoja es que Netflix compite con los operadores tradicionales de televisión que son los que costean el transporte de la señal hasta el receptor del usuario. Mientras que cuando les llega a través de internet, son los usuarios quienes los pagan. El modelo es insostenible y poco equitativo. Esa es la batalla que han ganado ante la FCC.

Los productores de contenidos tampoco ven con tanta simpatía la llamada neutralidad de la red. La imposibilidad de reconocer los contenidos a su paso por las redes ha contribuido –aunque no ha sido el único factor- a reducir hasta cero el valor de los contenidos. Aquello a lo que legalmente no se le puede dar valor es imposible que lo tenga en el mercado. Desde este punto de vista, la recuperación del poder por parte del operador de la red puede contribuir a la revalorización de los contenidos que circulan por ella. Se dice una y otra vez que las operadoras lo utilizarán para ejercer un control ideológico o para discriminar a los usuarios que paguen tarifas más bajas. Recordemos que hace unos pocos meses, se daba por indiscutible que Trump había ganado gracias al uso que había hecho de las redes contra los medios tradicionales. Si ello había sido así, ¿tendría sentido cargarse ahora el arma con la que ganó las elecciones? De igual manera, cualquier persona que haya gestionado un servicio comercial sabe lo difícil que es reducir las prestaciones sin sufrir un descalabro de los abonados. Otra cosa es que los nuevos servicios que requieren mayor inversión exigirán cuotas diferenciadas. Dicho de otra forma, el uso de la red para ver películas y series on demand tendrá que pagarlo o el operador de contenidos o el usuario o repartirse el coste. No puede pagar lo mismo quién use la red para consultar Google que quien se baje series de Netflix. También pudiera suceder que las compañías de telecomunicaciones utilizaran el poder que les ha conferido de nuevo la FCC con fines que nos pueden parecer más razonables: la penalización del tráfico poco respetuoso con la propiedad intelectual o con los autómatas rusos pagados por Trump. Quizás si es para garantizar la equidad o para acabar con la impunidad, la limitación de la neutralidad no nos parecería una barbaridad tan grande.

Albert Sáez, periodista.

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