Nevera o ventilador

Los detalles de la Sociedad de Gestión de Activos -o sea, el banco malo- están a punto de conocerse, si bien, tal y como está siendo habitual en la gestión de la crisis financiera, el goteo de filtraciones es incesante y nos podemos hacer una idea más que suficiente de por dónde irán los tiros.

Usar una entidad para aparcar activos dañados dentro de un proceso de reestructuración es algo usado en múltiples ocasiones y, en general, con buenos resultados. La gestión de la crisis bancaria de Suecia en 1992 se pone siempre como ejemplo, siendo un elemento clave la creación de Securum, su banco malo. Estas sociedades se han usado en Francia, México y Japón, y ahora las hay en Irlanda (NAMA) o en Alemania (SofFin). Incluso en la crisis bancaria española de los 80, 28 entidades -pequeñas, eso sí- volcaron sus activos en el Fondo de Garantía de Depósitos, que, de facto, actuó como un banco malo.

La esencia de esta herramienta es crear una entidad que permita hacer borrón y cuenta nueva a los bancos con problemas. Estos se desprenden totalmente de sus activos de valor dudoso, reconocen las pérdidas en un único momento y lo que queda de ellos se liquida ordenadamente, se fusiona o se recapitaliza para que la actividad vuelva a normalizarse. La sociedad que acoge los activos, suficientemente capitalizada y financiada, los mantiene un largo periodo de tiempo y cuando recuperan parte de su valor gracias al crecimiento económico o simplemente a la inflación se ponen en el mercado, momento en el que los accionistas del banco malo recuperan parte o todo el dinero invertido. El tiempo es el mejor aliado.

El proceso de reestructuración financiera español ha priorizado desde su inicio minimizar el coste al contribuyente, asumiendo que el sistema sería capaz de absorber las pérdidas, como ha ocurrido en crisis previas. De hecho, incluso con las necesidades de capital recientemente afloradas la aportación del Estado español en relación al PIB será muy inferior a lo que ya han puesto el Reino Unido, Francia, Holanda o Alemania. Pero aunque ya sabemos que dos terceras partes del sistema aguantan escenarios catastróficos sin necesidad de capital adicional (Oliver Wyman dixit) y otras entidades saldrán adelante por sus medios, hay un puñado de ellas (las nacionalizadas) con tal volumen de activos dañados que finalmente van a recurrir al banco malo «fuertemente aconsejadas», eso sí, por la troika, que desde que se solicitó formalmente la ayuda, que aún no ha llegado, interviene en todas y cada una de las decisiones.

Una vez se ha aceptado el concepto, la teoría es sencilla por haber sido repetida en numerosas ocasiones. Y los números son conocidos, pues no hay sistema financiero más auditado y estresado que el español. Pero a la hora de aterrizar la teoría se plantea una pregunta clave no solo para el banco malo, sino para el conjunto del sistema financiero, el mercado inmobiliario y la economía en su conjunto: ¿a qué precio se comprarán los activos?

Un banco malo debe ser una nevera en la que colocar los activos dañados, para que el paso del tiempo reduzca las pérdidas por su revalorización al cabo de 10 o 15 años. En Suecia pasó así y no debería ser muy diferente en España, toda vez que el nivel de provisiones, o sea de descuento sobre el valor en libros, acelerado por los dos reales decretos de este año (Guindos 1 y 2), han ajustado los valores netos a niveles más que razonables. Pero en la ecuación se ha cruzado la estadística. Según como se monte el banco malo, el impacto en deuda y déficit públicos puede ser muy diferente, y parece que se quiere ir por un camino que evite que crezcan estas dos malditas ratios, culpables en última instancia de recortes e impuestos.

Para evitar la consolidación de la deuda se aspira a que participen en el capital del banco malo entidades privadas, y eso solo se puede conseguir tirando los precios de los activos. Por este camino, las entidades que están obligadas a aportar sus activos inmobiliarios verían agrandados sus agujeros dejando en mantillas los stress test, los precios de todo el mercado inmobiliario se hundirían (llevándose por delante a los pocos supervivientes del propio sector inmobiliario), los balances de las entidades sanas tendrían un nuevo sobresalto y, de paso, la inmensa mayoría de ciudadanos que tienen alguna propiedad inmobiliaria -muchos de ellos con hipoteca por pagar- serían un poco más pobres.

Si el tiempo ha demostrado que no querer poner dinero público al principio de la crisis está siendo más caro y doloroso para los ciudadanos que hacerlo ahora, hay que medir muy mucho los efectos colaterales de priorizar las ratios aunque se complique la vida a todos. Es la diferencia entre colocar los activos en una nevera o repartirlos con un ventilador. .

José Antonio Bueno, consultor.

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