La célebre frase que encabeza estas líneas, pronunciada apenas media hora después de que el teniente coronel Antonio Tejero asaltara el Congreso de los Diputados en la aciaga tarde del 23 de febrero de 1981, fue determinante para abortar desde sus inicios el complejo entramado golpista que pretendió poner término a la recién estrenada democracia española.
Dicha frase, hoy convertida en titular periodístico, fue la escueta respuesta del general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa de S. M. el Rey, al general José Juste, a quien había telefoneado para conocer la actitud de la División Acorazada Brunete n.º 1, entonces bajo su mando. Sorprendido de que el principal interés de Juste fuese saber si el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, se encontraba en el Palacio de la Zarzuela, tuvo el acierto de hilvanar aquellas palabras.
La temprana conversación telefónica tuvo dos importantes consecuencias: hacer que el propio Monarca comenzara a sospechar que Armada, su antiguo profesor y estrecho colaborador, desempeñaba algún papel en la intentona golpista, y convencer a Juste de que el Rey nada tenía que ver con ella, cosa que le habían asegurado quienes le instaban a que ordenase la salida de media docena de potentes unidades acorazadas y mecanizadas, al completo de armamento y munición, para copar los principales puntos neurálgicos de la capital. Y a este respecto, el resultado fue que las unidades permanecieron en sus acuartelamientos y que las que acababan de ocupar las instalaciones de RTVE en Prado del Rey regresaran a ellos.
¿Por qué preguntaba Juste si Armada había llegado ya al palacio de la Zarzuela, es decir, si se encontraba a la vera del Rey? En el 23-F se superpusieron varias operaciones golpistas: la protagonizada por Tejero, mero coupdeforce de tintes decimonónicos y de escasa viabilidad; la planeada por el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, en esencia bastante similar a la urdida por el general Emilio Mola en la primavera de 1936, y que, de haber triunfado, hubiera dado paso a una dictadura militar similar a la griega o a la argentina, y la concebida por Armada.
El plan de Armada consistía básicamente en favorecer, o no impedir, que se produjese un incidente violento por parte de alguna unidad armada, dirigido a provocar una gravísima crisis política –lo que por entonces se dio en llamar «Supuesto Anticonstitucional Máximo» (SAM)– y, a continuación, ofrecerse él mismo para superar la crisis de forma airosa y con apariencia legal. A tal objeto, se postularía como presidente de un Gobierno Nacional, integrado por representantes de todos los grupos políticos, y, una vez investido por una mayoría cualificada de diputados, conforme a lo previsto en la Constitución de 1978, se ocuparía de encauzar y reconducir la caótica situación a la que el gobierno de Adolfo Suárez había conducido a España. El plan no era exactamente de cosecha propia, sino que estaba inspirado en el que convirtió al general Charles de Gaulle en presidente de la V República Francesa en 1958; episodio del que fue testigo directo cuando estudiaba en la Escuela de Guerra de París.
Armada estaba convencido, honestamente convencido, de que el Rey compartía su forma de ver las cosas y que, tácitamente al menos, le había dado el visto bueno para que pusiera en marcha un plan para dar el «golpe de timón», que muchos responsables y observadores políticos consideraban imprescindible para recuperar la cordura y salir del aparente caos en que se encontraba España en el invierno de 1981. Tal cual se lo transmitió a los numerosos y relevantes personajes de la vida política, militar y financiera con los que entró en contacto a partir del momento en que, nada más dimitir Suárez, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, le trajo a Madrid desde Lérida. Y evidentemente, les convenció a todos de que hablaba por boca del Rey y todos consideraron que su plan era viable y no pusieron trabas a que lo liderara.
El problema era que aquella bóveda carecía de la clave que debía cerrarla y que, en cuanto los que se cobijaban bajo ella tomaron conciencia de ello, se retiraron con los puntales que la sustentaban y todo el entramado se vino abajo. Sería una ucronía vaticinar lo que hubiera ocurrido aquella noche de haber amparado el Rey los planes de Armada, pero testimonios de mucho peso permiten afirmar con rotundidad que la práctica totalidad de los mandos operativos de las Fuerzas Armadas hubieran obedecido sus órdenes sin dudarlo un solo momento y hubieran apoyado firmemente el gabinete de concentración por él presidido y cuantos recortes de derechos y libertades hubiera dictado.
No obstante, Armada, íntimamente convencido de la necesidad de poner orden en el caos, persistió en llevar adelante su plan y acudió al Congreso de los Diputados, pero a título exclusivamente particular, para intentar ser investido presidente del Gobierno. Esta vez fue Tejero quien se interpuso en sus planes y rechazó de plano la, para él aberrante, solución de que su insensata acción terminase favoreciendo la formación de un Consejo de Ministros con presencia de socialistas, comunistas y nacionalistas.
El desenlace fue que Armada, Tejero y Milans terminaron siendo condenados a treinta años de reclusión y expulsados del Ejército. Armada, tras cumplir siete años de condena, fue indultado por el Gobierno de Felipe González y pasó el resto de su vida cultivando camelias en las inmediaciones de Santiago de Compostela. Nunca se retractó de los planteamientos que le llevaron a tomar la decisión de torcer el rumbo que se estaban dando los españoles y nunca desveló las conversaciones mantenidas con el Rey, ni con las personalidades que le habían garantizado apoyar su pretensión de convertirse en presidente del gobierno por la tortuosa vía que optó por tomar. Su error lo pagó caro y hoy, en el momento de su fallecimiento, sólo resta desear que su alma descanse en paz y tenga el destino al que su profunda fe le hace merecedor.
Fernando Puell de la Villa, de la Asociación Española de Historia Militar.