Ni memoria, ni historia

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 02/03/06):

La semana pasada se cumplieron veinticinco años del intento de golpe de Estado popularmente conocido como 23-F. Los que guardamos memoria de aquel día probablemente nunca olvidaremos el impacto de la noticia ni las lentas y angustiosas horas siguientes.

Aún conscientes de algunos misterios todavía no desvelados, somos muchos los españoles que tenemos memoria personal de todo ello. Recordamos especialmente las imágenes de la bárbara irrupción de Tejero y los suyos en el hemiciclo, de la valiente actitud de Adolfo Suárez y del general Gutiérrez Mellado haciéndoles frente, de un impasible Santiago Carrillo sentado en su escaño, de los demás escaños aparentemente vacíos, los diputados agachados en el suelo, cumpliendo órdenes de quienes no tenían autoridad.

De las inciertas y confusas horas que siguieron, recordamos las noticias que algunos medios de comunicación iban trasmitiendo con esfuerzo y rigor, los amenazadores tanques por las vacías calles de Valencia y las serenas declaraciones de Jordi Pujol. Finalmente, recordamos lo más importante: el alivio que nos produjo el mensaje tranquilizador del Rey. Ni de la memoria personal, ni de las lecturas posteriores, tenemos constancia de la gran importancia que en aquellas horas difíciles tuvieron la ciudadanía en general, los partidos, los sindicatos y las instituciones democráticas. Recordamos y sabemos que lo decisivo para frenar el golpe fue la inteligente actitud del Rey, la pieza esencial que les falló a los insurrectos.

Por todo ello, me ha resultado sorprendente la declaración institucional del Congreso de los Diputados emitida con motivo del vigésimo quinto aniversario de la intentona golpista. En ella se destaca -textualmente- que el golpe se frustró debido "a la carencia de cualquier atisbo de respaldo social, la actitud ejemplar de la ciudadanía, el comportamiento responsable de los partidos políticos y de los sindicatos, así como el de los medios de comunicación y, particularmente, el de las instituciones democráticas, tanto la encarnada por la Corona como por las instituciones gubernamentales, parlamentarias, autonómicas y municipales". De una primera lectura, podría pensarse que este texto complaciente y laudatorio es, simplemente, un homenaje que la clase política se hace a sí misma. Pero, bien mirado, todo resulta bastante peor.

La propuesta inicial de la Mesa del Congreso era muy distinta y, desde luego, mucho más ajustada a la realidad histórica tal como la vivimos y como resulta de las investigaciones publicadas hasta el momento. Decía así: "La ausencia de las adhesiones pretendidas o fabuladas por los protagonistas del intento de golpe de Estado, la carencia de cualquier atisbo de respaldo social y, sobre todo, la apelación del Rey a los españoles y su emplazamiento a los mandos de las Fuerzas Armadas para que se atuvieran al cumplimiento estricto de su obligación de garantizar la integridad del orden constitucional bastaron para disuadir y frustrar la intentona golpista". En definitiva, esta propuesta venía a decir que el golpe falló porque los ciudadanos no lo apoyaron y el Rey actuó como debía: pues bien, este texto fue reemplazado por el anterior, mucho más inexacto pero, por lo visto, más políticamente correcto. Así se escribe la historia oficial, así se escribe lo que en estos tiempos se denomina memoria histórica. El artículo 54 del proyecto de nuevo Estatut de Catalunya establece que la Generalitat y los demás poderes públicos catalanes deben "velar para que el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Catalunya como patrimonio colectivo sean testigos de la resistencia y la lucha por las libertades democráticas y los derechos nacionales y sociales".

La dichosa memoria histórica. Siempre hay que desconfiar de una historia auspiciada desde el poder político, basada en un precepto como el del nuevo Estatut. Aprendí a desconfiar de la historia dictada por el poder en las clases de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional que se estudiaba en el bachillerato franquista. Me temo que la memoria histórica que ahora se propugna será equivalente a la que se explicaba en aquella asignatura. Los héroes ya no serán ni los míticos Indíbil y Mandonio ni el Estudiante Caído, un joven falangista asesinado que creo recordar que se llamaba Matías Montero. Los héroes serán otros.

Pero no será ni memoria, ni historia. Será tergiversación y adoctrinamiento. ¿Patrimonio colectivo? La memoria es individual, la historia la deben hacer los historiadores. El poder político debe limitarse a garantizar la libertad de expresión para que los ciudadanos puedan ir construyendo su propia memoria y la libertad de pensamiento, de investigación y de cátedra, para que los historiadores puedan realizar su trabajo profesional. Lo demás es propaganda encubierta. Por favor, que no se entrometan los poderes públicos en todo, hasta en nuestra memoria. El papá Estado no debe ocuparse de hacernos el bien, sino, simplemente, debe limitarse a proteger nuestra libertad.

La declaración institucional del Congreso es una muestra, una pequeña y bastante inofensiva muestra, de las falsas historias que pueden llegar a fabricar los poderes públicos. Que nos dejen, por favor, construir libremente nuestras propias mentiras, nuestros propios engaños, usando mal de nuestra libertad. Siempre será mejor que nos equivoquemos solos a que nos coman continuamente el coco desde el poder con la pretensión de hacernos felices. Tontos y felices.