Es conocido que Convergència i Unió no se ha sumado a la firma del pacto para la vivienda por el desacuerdo que mantenemos con el Govern sobre la expropiación del uso de pisos vacíos como instrumento para forzar su alquiler.
No ha faltado, a lo largo de la negociación, quien nos ha indicado que este no era motivo suficiente para negarnos a firmar el acuerdo, que se había mitificado una medida que todo el mundo predice que tendrá una aplicación limitada. Nosotros confiamos en que, si finalmente el alquiler forzoso figura en la futura ley, y en el supuesto de que quede validada su aplicación por la justicia, más allá de intentar alguna actuación de carácter ejemplificante y mediática, no será significativa la cifra de viviendas expropiadas.
Pero como modelo, Convergència i Unió no puede aceptar, independientemente del número de viviendas a las que acabe afectando el alquiler forzoso, que subsista en la ley una amenaza que intimide la libertad de actuación del ciudadano. En los últimos días han sido mayoritarias las voces, en tertulias, artículos de opinión y encuestas que se han mostrado contrarias a la aplicación del alquiler forzoso.
Incluso la propia ministra de Vivienda, Carme Chacón, rechaza proponer medidas punitivas contra los propietarios como instrumento para favorecer el mercado de alquiler. Tampoco han sido pocas las entidades firmantes del pacto que, teniendo una opinión contraria al alquiler forzoso, se han sumado al acuerdo porque se les ha explicado que en el pacto no se contempla la expropiación de pisos vacíos.
Hay que corregir esta creencia. Si releemos atentamente el pacto podemos encontrar que el objectivo 1.3 dice que se pretende movilizar y poner en el mercado de alquiler social un total de 62.000 viviendas del parque desocupado, de las cuales 22.000 en cuatro años.
Para lograr estas cifras, hará falta hacer efectivo, entre otros, lo que expone el procedimiento número 71, donde se sentencia que, a través de la aprobación de la ley del derecho a la vivienda, que regula la función social de la propiedad, podrán aplicarse de forma efectiva todos los mecanismos que se prevén para activar la introducción de viviendas desocupadas en el mercado de alquiler. Y evidentemente la ley contempla que la función social de una vivienda se incumple cuando esta está desocupada, luego, aunque no lo mencione explícitamente, entre "todos los mecanismos" de los que dispone está el que se ha conocido como alquiler forzoso.
Por lo tanto, bien sea a través de la ley, o por aplicación de la medida 71 del pacto, cualquier ciudadano que, por ejemplo, haya decidido vivir fuera del área metropolitana de Barcelona y se haya guardado su piso por si algún día decide volver, o para sus hijos, debe saber que si la Administración lo detecta podrá acorralarlo para que ponga obligatoriamente ese piso en alquiler y, si no, la Administración le expropiará el uso durante cinco años y lo alquilará a un tercero.
Entiende Convergència i Unió que el ciudadano no tiene que cargar con la conversión del mercado de propiedad en mercado de alquiler. La Administración es la que ha mantenido al Estado español a la cola de Europa en el mercado de viviendas de alquiler. Además, hace muchas décadas, demasiadas seguramente, que está instalada la convicción en la sociedad catalana, y en la española por extensión, de que la inversión en la compra de una vivienda era la mejor opción para el refugio de los ahorros de muchos años, y esto no se cambia de hoy para mañana.
En el pacto, Convergència i Unió ha incorporado medidas lo suficientemente importantes que facilitarán que jóvenes, gente mayor y familias numerosas o con ingresos bajos encuentren nuevas facilidades para mantener y/o acceder a una vivienda. Ahora únicamente hace falta que el Govern no excluya del pacto a la fuerza política mayoritaria del país. Para hacerlo, para que nos podamos incorporar, tan solo hace falta dar un pequeño paso, sacar del proyecto de ley, como venimos diciendo desde el primer día, una medida más ideológica que efectiva: el alquiler forzoso. Porque ¿por una pulga en la sábana debe quemarse el lecho?
Carles Sala, diputado de CiU en el Parlament de Cataluña.