No basta con decir no

Parece que el Gobierno de Rajoy no es partidario de la independencia de Catalunya. Sin embargo, nadie explica los motivos. Hasta ahora sólo se le oye decir ¡no! sin más argumentos. Es cierto que el Gobierno interpone recursos, también lo es que algún ministro, incluso el presidente, se ha mostrado públicamente contrario a la separación. Pero no exponen las razones de fondo sobre las desventajas o ventajas de la ruptura, tanto para España como para Catalunya, con argumentos, explicaciones y datos. El ciudadano español, catalán o no catalán, sólo recibe los argumentos a favor de la independencia pero no los contrarios. ¿Qué piensa el Gobierno español acerca de este asunto? No se sabe.

¿Quizás cree que la unidad de la patria es algo sagrado e innombrable? ¿Cree que es imposible políticamente en una Europa unida? ¿Cree que de la separación derivarán perjuicios para todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes? ¿Cree que tal medida tendrá graves consecuencias económicas, que debilitará la posición de España en el mercado internacional? En este caso, ¿quizás la independencia sería algo bueno para Catalunya pero malo para el resto de España? ¿O al contrario? Nadie responde de manera oficial en forma razonada a estas y tantas otras cuestiones. El mutismo es total. Seguramente toda una estrategia. Pero quizás una estrategia equivocada.

En todo caso, los nacionalistas catalanes han adoptado la estrategia contraria: no paran de dar argumentos. Hace unos días el señor Junqueras dio una clase magistral sobre las ventajas económicas de la independencia de Catalunya, un auténtico cuento de la lechera que muchos se creen desde hace años. Es más, si el número de independentistas ha aumentado en los últimos años ha sido por una sola razón: la creencia de que formar parte de España, desde el punto de vista económico, es un mal negocio.

Antes, cuando el nacionalismo catalán sólo se basaba en la identidad nacional, el número de independentistas oscilaba alrededor del 15%. Ahora es el doble. ¿Por qué? Porque desde el Govern catalán se exponen continuamente razones basadas en argumentos. Algunos comentaristas, entre los que me cuento, consideramos que estas razones son falaces y están mal fundamentadas. Ahora bien, el altavoz de que estamos dotados los comentaristas es débil, mucha más fuerza tienen las instituciones. Y ahí no encontramos a nadie. ¿No debería el Gobierno de Madrid hacer públicas sus razones del no?, ¿no es este su deber como poder público?

Para el caso de Escocia, distinto pero muy parecido al caso de Catalunya, el Gobierno británico encargó un estudio histórico, jurídico y político, sobre las causas y consecuencias de su voluntad de independencia, que se publicó hace un mes. Scotland analysis: Devolution and the implications of Scottish independence es su título. Incluye un dictamen de dos prestigiosos profesores, James Crawford, de la Universidad de Cambridge, y Alan Boyle, de la Universidad de Edimburgo, sobre los aspectos legales de la independencia de Escocia desde el punto de vista del derecho internacional y, en especial, del derecho de la UE. A este informe seguirán otros. ¿No sería este un modelo que seguir por parte del Gobierno español?

En la parte política se explica que la publicación del informe no responde a motivos propagandísticos, sino informativos. El Gobierno británico considera que los ciudadanos tienen derecho a saber antes de proceder a votar. Así establece en una de sus conclusiones: “Los ciudadanos de Escocia necesitan información veraz para poder adoptar una decisión informada cuando vayan a votar en el referéndum del 2014 sobre una cuestión tan fundamental para el futuro como es la posición de Escocia dentro del Reino Unido”. A continuación señala las ventajas para Escocia derivadas de pertenecer a Gran Bretaña.

El dictamen jurídico contiene muchas enseñanzas para el caso español, ya que es muy semejante. En el plano internacional, reconoce que un nuevo Estado escocés implicaría negociar de nuevo todos los tratados actualmente suscritos por el Reino Unido y de los cuales se beneficia Escocia: en total nada menos que 13.998, entre ellos su pertenencia a la ONU y a la UE, al Consejo de Europa, al FMI, la OTAN, la OIT, etcétera, es decir, a todos los organismos internacionales.

De especial interés es la posición de Escocia respecto a la Unión Europea. No dudan los juristas en afirmar que la secesión supondría quedar excluidos automáticamente de la UE y, sólo en caso de solicitarlo, podrían ser admitidos como Estado nuevo, previo examen por parte de las autoridades de Bruselas. Para todos los trámites previos a una nueva admisión se requerirá el cambio de los tratados europeos, para lo cual se necesita el voto unánime de todos los miembros. Todo ello implica, además del acuerdo político, un periodo de tiempo largo e incierto.

Los británicos, escoceses o no, empiezan a estar informados con argumentos de autoridad. No así los españoles, catalanes o no. Quizás el Gobierno debería salir de su actual apatía y cumplir con su deber de informarnos a todos.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la UAB.

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