¿No conocía Eurostat el señor Montoro?

Ya está dicho por el ministro Montoro: “La recaudación rondó el 35% del PIB en 2011, una situación de anormalidad que, según el ministro, advierten todos los organismos internacionales”. Y tan anormal, si la comparamos con la media europea, que se sitúa en el 44%. Lo que resulta aún más anormal es que durante meses hayamos tenido que escuchar que hemos gastado más de lo que teníamos, en lugar de que hemos ingresado menos de lo que podíamos. El PP llegó al Gobierno con la falsedad de que en España el gasto público estaba disparado por culpa de los socialistas. Han aprovechado esa mentira para recortar derechos y tratar de imponer su modelo de sociedad liberal.

Pero ha llegado un momento en que la mentira ya no da más de sí; haciendo lo que hacen, la situación es cada vez más caótica y las previsiones del propio Gobierno cada vez más erróneas, hasta el punto de que ellos mismos tienen que corregirse en un juego que trata a los ciudadanos como menores de edad. Ahora, el ministro de Hacienda reconoce que tenemos una situación de anormalidad en los ingresos. ¿El señor Montoro no conocía Eurostat? ¿Cuántas veces en estas mismas páginas se ha denunciado la existencia de esa “anomalía” sin que nadie haya querido escuchar? O son unos ineptos o han mentido. ¿Y ahora, qué? ¿Van a pedir disculpas? ¿Van a rectificar? O van a seguir con sus planes nacionales de reformas que ni son planes, sino un mero listado, ni son nacionales, ya conocemos lo que se quiere hacer en España porque es lo mismo que la troika ordena hacer en otros países, ni son reformas, sino recortes puros y duros que hasta ahora han significado la pérdida de 850.000 empleos en un año y más recesión. El Gobierno no sólo engañó a los españoles en el incumplimiento de sus propuestas electorales, sino que, además, engañó en el diagnóstico.

Haber reconocido que el problema de España es de ingresos públicos es un avance que la oposición debería aprovechar para tratar de reconducir al Gobierno por el camino justo y solidario.

¿De cuándo data nuestro sistema tributario? De los Pactos de la Moncloa, cuando no había Constitución, ni comunidades autónomas, ni estábamos en la Unión Europea, ni existían las nuevas tecnologías a disposición del gran público, ni habíamos entrado de lleno en lo que se denomina globalización. Estamos, pues, ante un sistema tributario obsoleto que, además, está agujereado y deteriorado: en la recaudación por IRPF, que representa el 50% del total, el 90% procede de las rentas del trabajo y el 10% de las rentas del capital. El tipo medio del Impuesto de Sociedades resultante para las pymes y microempresas es más alto que el de las grandes empresas y corporaciones, debido a la ingeniería financiera que pueden practicar estas últimas. El Impuesto de Patrimonio o se cedió a las comunidades autónomas o desapareció, dándose la paradoja de que se contribuye o no por ese tributo según el territorio donde se domicilie el contribuyente. Lo mismo ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dándose la sensación de que más que ciudadanos españoles que contribuimos por esa condición, parece que lo hacemos por ser parte de un territorio. El IVA es víctima o del fraude o de la falta de armonización fiscal europea. La conclusión es que una mayor parte del sistema tributario español recae sobre las rentas del trabajo y en el consumo y que estamos ante un sistema antiguo, injusto e insuficiente.

¿Qué hacer? Parece seguro que, a este ritmo y con este tipo de política, este Gobierno caerá en las próximas elecciones, no importa cuándo se celebren. Pero resultaría una catástrofe esperar a que eso ocurra dentro de casi tres años, porque con el Gobierno parece seguro que caerá nuestra economía, nuestro empleo, nuestras pensiones y nuestras conquistas sociales.

En mi opinión, estamos ante un problema de Estado que nos dice que no tenemos dinero suficiente para mantener el Estado del Bienestar que muchos deseamos que perdure. Ante un problema de Estado, lo sensato, lo cabal, lo deseable y lo necesario es que Gobierno y oposición centren sus esfuerzos en dos objetivos: no gastar más de lo que tenemos y no ingresar menos de lo que podemos. La famosa troika nos dice constantemente lo que tenemos que gastar y dónde debemos recortar; lo que nunca nos cuenta, y sería exigible que nos lo contara, es cuánto podemos recaudar para asemejarnos a la media europea sin aumentar la presión fiscal sobre los que ya pagan, por cierto, por encima de la media. Gastar como la media de los países de la UE e ingresar como lo hacen ellos.

¿Cómo lo hacen? Que Gobierno y oposición creen una comisión en el Congreso o en el Senado, en la que se encuadren expertos españoles y del resto de Europa, para proponer una reforma del sistema tributario para el siglo XXI.

Hasta que esa comisión concluyera sus trabajos y el Gobierno y el Parlamento los pudieran hacer suyos, resultaría necesario articular una serie de medidas urgentes, de carácter transitorio y provisional, cuya finalidad fuera la de obtener ingresos necesarios para reducir el déficit y hacer que el esfuerzo tributario recaiga en otros, en quienes no están realizándolo ahora, es decir, grandes empresas, grandes corporaciones y grandes patrimonios.

Mientras llega esa reforma en profundidad o cambio de modelo, hay que tomar medidas urgentes y transitorias para cubrir el desfase de ingresos hasta que se llegue a aplicar. En este viaje no se puede ir sólo con luces largas, ni tampoco con cortas. Hay que llevar las dos.

Sería urgente actuar sobre el Impuesto de Sociedades, suspendiendo provisionalmente todas las deducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales para que se pague realmente lo que se debe, eliminando los trucos que posibilitan el fraude y el engaño. Si se quiere salir del agujero, habrá que establecer un gravamen complementario para beneficios superiores al millón de euros. Debería mantenerse el actual Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo un impuesto extraordinario sobre grandes patrimonios y sobre la riqueza. Para los que sientan indignación ante estas dos últimas propuestas, no hará falta recordar que los españoles que no disfrutan de esos patrimonios y de esa acumulación de riqueza ya han hecho un esfuerzo adicional con la subida de dos puntos del IRPF y de tres puntos del IVA.

Por último, imprescindible elaborar un plan especial de inspección de grandes empresas y grandes patrimonios, con el objeto de compensar el mayor incentivo al fraude que, sin duda, acarrearán las medidas anteriores. Ya es sabido que en España el número de inspectores de Hacienda por número de contribuyentes es bastante inferior al de los países de nuestro entorno; no obstante, con lo que hay, bastaría una simple instrucción a la Inspección Tributaria para que, en lugar de un inspector inspeccionando a cien contribuyentes pequeños, hubiera diez inspectores inspeccionando a un grande de los que, gracias a la ingeniería financiera, defraudan y realizan un esfuerzo fiscal inferior al que les correspondería.

El Gobierno de España, apoyado por la oposición, tendrá que exigir a la troika que nos den tiempo para ajustar vía ingresos y no vía gastos, sabiendo que un ajuste en gastos se puede realizar de hoy para mañana, mientras que el ajuste vía ingresos lleva algo más de tiempo; tiempo que es necesario si nuestro compromiso es cumplir las exigencias de la eurozona, pero por un camino contrario y más solidario que el seguido hasta ahora.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.

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