No defraudar las expectativas

La tramitación de la ley 39/ 2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y su posterior aprobación generaron una gran expectativa. Sin embargo, las dificultades iniciales en su aplicación han despertado, en algunos sectores, inquietud y algunas dudas sobre su alcance real.

A 1 de junio del 2009, según el Imserso, 867.615 personas han presentado la solicitud de reconocimiento del derecho. Un total de 752.586 personas tienen el dictamen con el reconocimiento de grado y nivel (1,63% de España). Hay una gran variabilidad entre comunidades autónomas, entre el 2,67% en Andalucía y el 0,62% de Madrid (Catalunya un 1,63%), lo que muestra el distinto resultado de las comunidades en la aplicación de la ley. El 93,61% de las personas valoradas reúne condiciones para ser beneficiario en cualquiera de sus grados (704.483 personas). Entre estos, un 84% (593.355 personas) tienen dependencia severa o gran dependencia y, por lo tanto, están recibiendo o van a recibir una prestación. El restante 16%, a pesar de tener un grado de dependencia moderado, no puede recibirla a cargo de esta ley, pues este nivel de dependencia se incorporará al sistema entre el 2011 y el 2014. Las personas mayores representan el colectivo más numeroso (77,52%).

El alto número de solicitudes y el desequilibrio territorial son fuente de preocupación. Parece evidente que las estimaciones del libro blanco, que cifraba en 1.125.000 personas las beneficiarias, basadas en la encuesta de discapacidades de 1999, infraestimaban el número de dependientes. En el avance de resultados de la nueva encuesta (EDAD 2008) hay 3,8 millones de personas (8,5% de la población) con discapacidad y 1,9 millones no pueden realizar alguna de las actividades de la vida diaria sin ayuda. Las diferencias entre comunidades, sin embargo, no son consecuencia de una diferente epidemiología de la discapacidad, sino de diferentes realidades políticas y prácticas de aplicación de la ley. El alto número de personas de grado 3 es otra preocupación. En buena medida es debido a la progresividad de aplicación con incorporación inicial de los más dependientes. Así, en mayo del 2008 había el 74% de personas en grado 3 y un año después se ha bajado al 51,78%. También aquí se observan diferencias entre comunidades. El desvío en algunas de ellas, como Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, la Rioja o Cantabria, puede ser ya determinante de cara el resultado final. Debe completarse la revisión sobre los criterios de aplicación del baremo y del proceso de valoración. Un segundo elemento es la curva de inclusión de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que presenta menos personas sin grado y más personas con grado 3 y nivel 2 que las personas que se valoran con el baremo general.

En el 50,8% de los casos en que se ha realizado el plan individualizado de atención (PIA) se ha acordado una prestación económica para el cuidador familiar, en el 20,48% una residencia, en un 10,20% un servicio a domicilio, en el 6,69% una prestación económica vinculada al servicio, en el 5,75% teleasistencia, y en el 5,39% un centro de día. Una buena parte de estos beneficiarios de servicios y particularmente los que reciben prestaciones económicas (más de 250.000 personas) son nuevos receptores de servicios y, quizás, la parte más evidente del impacto de la ley. Los retrasos en el proceso de valoración y en especial en la realización del PIA son los principales responsables de la imagen que se extiende sobre la ley. Es un problema de gestión derivado de la necesidad de adaptación de la estructura de servicios sociales a una demanda extraordinaria para la que no estaban preparados. Parece evidente que los esfuerzos realizados has sido insuficientes y que, junto a la gestión de la provisión de los nuevos servicios, son el gran reto de la aplicación de la nueva ley.

La ley de Dependencia nos ofrece grandes oportunidades. Es clave para modernizar y consolidar el sistema de atención social y debe permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo a todo el sector. Sirva el ejemplo de la atención domiciliaria. En enero del 2007 la media de horas mensuales de atención domiciliaria era de 16. En la cartera de servicios del SAAD se propone una intensidad de atención de 1 a 3 horas al día según grado y nivel (entre 30 y 90 horas al mes). Es la oportunidad de revisar el modelo de atención de cuidados de larga duración en su conjunto y las reglas de funcionamiento y de relación entre la administración y los provisores de servicios públicos o privados.

A los dos años y medio de la aprobación de la ley nos falta aún perspectiva temporal para comprender bien el impacto que tendrá en el desarrollo de los servicios y políticas sociales. Las administraciones son responsables de no defraudar las expectativas creadas con políticas rigurosas, gestión transparente y buena información a los ciudadanos.

Antoni Salvà, director del Institut de l´Envelliment.Universitat Autònoma de Barcelona.