Estos días se celebran en Madrid diferentes cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALC), en el marco de la presidencia española de la Unión. Es fácil de entender que estas citas pueden ser importantes para el futuro de nuestros continentes, pero también es cierto que supondría una notable frustración si de ellas no salieran acuerdos concretos que situasen las relaciones birregionales en un nivel más alto y comprometido. Entendemos que sería necesario caminar hacia una auténtica asociación estratégica entre ALC y la UE que permitiese a ambas regiones incidir de manera concertada en asuntos clave de la gobernanza global. Por ejemplo, la salida de la actual crisis socioeconómica y el consiguiente proceso de configuración productiva requeriría de un esfuerzo compartido con el fin de que ambas regiones se asegurasen una capacidad de influencia acorde con su peso económico y político. No deberíamos olvidar que casi la mitad de los miembros del G-20 son países de la UE o de ALC.
Solemos estar de acuerdo en que por razones históricas, políticas, económicas y culturales, y tratarse de países democráticos a ambos lados del Atlántico, formamos un área natural de entendimiento de 1.000 millones de personas que tenemos mucho que ganar siempre que abordemos, de forma solidaria, los retos que plantea el nuevo escenario mundial. En este sentido, creemos que la promoción de la cohesión social desde un enfoque de los derechos de las personas, que ponga a los Estados al servicio de los ciudadanos sería una de las principales contribuciones de la alianza estratégica entre ALC y la UE a la agenda de la globalización.
Ahora bien, no sería comprendido por las opiniones públicas que esta asociación se limitase a la mera retórica de documentos grandilocuentes, que se olvidan pasadas las cumbres, o que nos contentásemos con la negociación de acuerdos puramente comerciales que relegasen a un segundo plano las cuestiones sociales. Por el contrario, se deberían concretar los valores que decimos defender -democracia, multilateralismo, desarrollo sostenible, cohesión social- en una serie de medidas de alcance real. De entrada, a partir de un análisis político compartido sobre los principales retos a los que nos enfrentamos y las metas que nos proponemos, con el establecimiento de objetivos concretos a medio y largo plazo. Dichos objetivos deberían de tener un carácter vinculante en términos de pro-gramación de un desarrollo cooperativo, que sentasen las bases para la negociación comercial de carácter bilateral.
El objetivo principal debería ser el establecimiento de unasnuevas relaciones económicas y comerciales entre socios que permitiese ir creando un área eurolatinoamericana de sólidas democracias y cohesión social. La pobreza, la exclusión y la desigualdad deben ser combatidas por medio de servicios públicos de calidad, en la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, etc. Para contribuir a ello es necesario que los Tratados comerciales y de asociación que se suscriban deben de contener incentivos para la integración regional, cláusulas de cohesión social y Fondos compensatorios que permitan a las zonas más pobres ir convergiendo con las más desarrolladas. En esta dirección la aportación de la UE puede ser relevante, como, también, en una reflexión compartida sobre el papel del Estado como dinamizador, supervisor del mercado y redistribuidor de la riqueza, que ayude a legitimar las políticas fiscales de carácter nacional. Campo en el que los países de ALC tendrían amplio espacio para avanzar.
Sería interesante que ALC y la UE, en sus relaciones en el campo de la cooperación, adoptasen una visión de desarrollo cooperativo que tomase en consideración las posibilidades y necesidad reales de las partes implicadas, con el fin de concertar esfuerzos y medios sobre sectores y zonas especialmente vulnerables. El objetivo de esta cooperación, aparte de cuestiones humanitarias, sería el de dotar a los países y regiones menos desarrolladas de capital físico y humano, imprescindible para cualquier desarrollo sostenido en el tiempo.
Así pues, en estas futuras cumbres, que han levantado ciertas expectativas, sería conveniente una apuesta clara por la cohesión social como principio orientador de la acción pública que permita a las dos regiones construir un modelo compartido de ciudadanía. América Latina tiene capacidad para aumentar sus niveles de cohesión social y la UE no debería aceptar el perder los que ya tiene. Por ello, corresponde a ambos seguir apoyando de manera convincente y convencida el diálogo eurolatinoamericano en el terreno político, económico y social. Es sabido que alcanzar niveles cada vez más altos de igualdad de oportunidades y de bienestar es un asunto que cada país debe de abordar y resolver pero estamos convencidos de que la cooperación multilateral puede motivar los esfuerzos internos, generar dinámicas positivas y beneficiar los procesos de integración, dotándolos de un componente político y social.
Es evidente que un acuerdo en las negociaciones de la UE con Mercosur -reiniciando de nuevo las negociaciones hasta ahora estancadas- y con Centroamérica, además de los que están previstos con Perú, Colombia o México, sería enormemente positivo en la dirección de sentar las bases de unas nuevas relaciones entre UE-ALC, desde una perspectiva subregional que haga más viable los esfuerzos de integración. Sería un error adoptar una visión del corto plazo, fundada en la mera búsqueda de resultados comerciales inmediatos, aunque estos no sean desdeñables.
Sabemos que no es esa la intención de los negociadores y que se contemplan cuestiones más amplias, pero también existe el riesgo de que aspectos técnicos o de menor calado puedan echar por tierra el esfuerzo realizado. Un fracaso sólo contribuiría a que mermásemos un poco más nuestra capacidad de incidir en los centros donde se toman las grandes decisiones y, a la larga, no contribuiríamos a desarrollar modelos sociales de bienestar ante la inercia competitiva de la globalización.
Es de esperar que los líderes de ambas regiones estén a la altura de las circunstancias y, dejando a un lado cuestiones menores, sean capaces de concretar su voluntad política y alcancen acuerdos que nos permitan seguir avanzando en la profundización de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía. Sería una contribución de ALC y la UE a una globalización diferente, más justa y sostenible.
Carlos (Chacho) Álvarez, presidente de CEPES y ex presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), y Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.