La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de la moratoria a la imposición de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas por parte de la Organización Mundial del Comercio. Y, sin embargo, este puede ser uno de los acuerdos comerciales más importantes de la historia reciente, si se tiene en cuenta el efecto exorbitante que tuvo en el crecimiento de la red de Internet.
La moratoria – misma que ha sido renovada por los Estados miembros de la OMC cada dos años desde el año 1998 – ha permitido que la economía digital prospere, ya que prohíbe que los gobiernos apliquen aranceles a los flujos de datos internacionales. Por lo tanto, ha protegido a la red de Internet de las distorsiones inducidas por los gravámenes en las fronteras nacionales. Como tal, la esfera en línea ha sido una utopía virtualmente alcanzada, una que, en el caso del comercio del mundo real, los economistas dedicados al comercio internacional sólo pueden visualizar en sus sueños.
Pero este paraíso pronto se perderá a menos que prevalezcan las cabezas frías. Un puñado de países – destacándose entre ellos India, Sudáfrica y Sri Lanka – han dejado entrever que su intención es permitir que la moratoria caduque a fines de este año. Eso dejaría a los gobiernos en libertad para que comiencen a experimentar con aranceles unilaterales en todos los campos: desde software, libros electrónicos y servicios en la nube hasta los datos subyacentes a los populares servicios de streaming.
Los países que proponen poner fin a la moratoria argumentan que la digitalización de bienes previamente físicos (se pasó de libros de papel a libros electrónicos, de los CD de música a Spotify, de los DVD a Netflix) condujo a una pérdida de ingresos arancelarios. Visto a través de esta lente estrecha, la noción de aplicar aranceles a las transacciones digitales puede parecer atractiva para los políticos que buscan proteger las bases de ingresos nacionales y que sienten más y más presión pública que les pide que impongan impuestos a los gigantes tecnológicos mundiales. Pero, la aplicación de aranceles a los flujos de datos sería una respuesta quimérica a un desafío muy real. Esa medida no sólo se sumaría a un patrón perjudicial de aranceles en aumento; también causaría estragos potenciales en la economía en línea. Kim Kardashian: hazte a un lado, ya tienes competencia: los aranceles realmente podrían “hacer que la red de Internet se arruine y deje de funcionar”.
Los aranceles impuestos a los datos causarían daños económicos a los mismos países que los vayan a imponer Como muestra un estudio del Centro Europeo para la Economía Política Internacional, los aranceles impuestos a los bienes y servicios digitales conducirían a precios más altos y a un consumo reducido, lo que ralentizaría el crecimiento del PIB y reduciría los ingresos fiscales. La OCDE también ha entrado recientemente en la refriega, determinando que el costo de oportunidad en términos de pérdida de ingresos debido a la moratoria es bajo, y que dicho costo se ve ampliamente superado por el incremento en el bienestar del consumidor provocado por la digitalización.
Además, ninguna autoridad aduanera ha podido demostrar cómo funcionaría, en la práctica, un sistema arancelario para el ámbito digital. Considere el streaming de vídeos: en el momento en que comienza a ver un contenido en su aplicación para teléfonos inteligentes, ya sea en Yakarta, París o Bombay, su dispositivo comienza a recibir paquetes de datos de servidores de países cercanos. Mientras usted mira una sola película, el dispositivo podría recibir hasta cinco millones de paquetes de datos de nueve jurisdicciones distintas. Sería prohibitivamente costoso para los funcionarios de aduanas rastrear estos millones de transmisiones electrónicas y determinar su origen, y sería casi imposible cuantificar su valor.
Por lo tanto, ¿cómo calcularían los países de manera precisa (e imparcial) el arancel a imponerse a una sola sesión de visualización: byte de datos o tamaño de archivo?; y, aún más complicado: ¿cómo calcularían esto con respecto al flujo interminable de datos y mensajes que permiten transacciones modernas entre empresas? Y, finalmente, ¿cómo lograrían los países lo antedicho a una velocidad que sea congruente con la de la economía digital? No existen respuestas claras a estas preguntas.
Para complicar aún más las cosas, se encuentra el hecho de que en la actualidad existen alrededor de 60 acuerdos comerciales bilaterales y regionales – abarcando a aproximadamente 80 países – que contienen disposiciones independientes que prohíben la aplicación de derechos de aduana a los datos transfronterizos. Si la moratoria caducara, estas disposiciones seguirían vigentes, lo que llevaría a un entorno de comercio digital extremadamente complejo y a la creación de incentivos distorsionadores para redirigir los datos a través de jurisdicciones libres de impuestos.
Pero, de manera concreta: el punto importante es que las barreras arancelarias digitales son simplemente innecesarias. Los gobiernos ya tienen otras formas de abordar las posibles pérdidas de ingresos fiscales derivados de la digitalización. Australia, por ejemplo, ha implementado con éxito un impuesto a los bienes y servicios digitales no residentes. Después de tan sólo un año, los ingresos del impuesto han superado las expectativas y el nivel de cumplimiento es alto. Además, la OCDE está haciendo progresos constantes en el desarrollo de una solución de consenso que aborde los desafíos fiscales derivados de la economía digital. Se debe llegar a una solución final que sea sólida y práctica a esta labor (de hecho, es imperante que se la logre lo más antes posible).
En un momento en que los nuevos aranceles ya están ejerciendo una fuerza significativa que ralentiza el crecimiento mundial, lo último que necesitamos es que la moratoria digital de la OMC caduque, abriendo un vasto y nuevo frente que sea explotado por proteccionistas y políticos ansiosos. La verdadera respuesta al enigma sobre cómo encontrar la mejor forma de imponer gravámenes a la economía digital se encuentra, en última instancia, fuera de la OMC, y mucho más allá de las competencias de las agencias aduaneras nacionales. Sólo podemos esperar que prevalezca el sentido común, y que el más importante acuerdo comercial, sobre el cual usted (probablemente) nunca oyó hablar, se renueve este mes de diciembre.
John W.H. Denton is Secretary General of the International Chamber of Commerce. Traducción del inglés al español: Rocío L. Barrientos.