Debo empezar confesando que ignoraba que los rectores y la rectora de mis queridas universidades catalanas hubieran sido elegidos para convertirse, de facto, en el comité directivo de un partido político, decidiendo en nombre propio lo que toda la comunidad universitaria piensa sobre la vida política catalana. Ni tampoco sabía que, por tanto, estaban facultados para decidir ideológica y políticamente la posición que todas las personas que componemos dicha comunidad debemos tener sobre la petición de amnistía para los políticos presos a consecuencia de una sentencia judicial por diversos incumplimientos de la ley. Hasta ahora estaba convencido de que los votos en las elecciones universitarias daban la representación al rector para defender todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el progreso de la academia, pero ignoraba que se les facultase también para que pusieran a la institución al servicio de una determinada idea partidista en la política catalana, transformándose con ello en los depositarios de la voluntad política de los miles de universitarios catalanes. En todo caso, de ser de este modo, me sorprende no haber visto jamás a un rector o rectora presentarse a las elecciones universitarias con un programa de política general para el país.
Les anuncio que tengo un cierto temor de que cunda el ejemplo y de que, a partir de ahora, nuestros rectores decidan pronunciarse sobre las más diversas cuestiones políticas y sustituyan a nuestro Parlament, esa institución donde tenía entendido que se adoptaban las decisiones políticas en Cataluña. Miedo me da que a partir de ahora se pronuncien sobre aquellas cuestiones políticas que cualquier entidad privada tenga a bien plantearles. Y no menos inquietud me produce que se conviertan en un paradigma a seguir y que, por ejemplo, todos los directores de los hospitales públicos catalanes hagan lo mismo y decidan pronunciarse colectivamente, pongamos por caso, sobre la política fiscal del gobierno catalán. De cundir la imitación ya podemos ir cerrando nuestra institución parlamentaria.
Por supuesto, no debo descartar estar equivocado, pero durante mis largos años de dirigente universitario siempre entendí que en el ejercicio de mi cargo estaba obligado a la neutralidad propia de una entidad pública, pues siendo la universidad de todos los ciudadanos que la sostienen con sus impuestos, no es propiedad de nadie y, por tanto, no puede dejar de tener su propio ethos en el hecho de ser y mantenerse como una institución neutral ante el proceloso devenir de la política partidista. Y siempre he pensado también que eso incluía a los funcionarios públicos, que debían sostener una exquisita neutralidad en el ejercicio de sus funciones, so pena de incurrir en un delito de lesa universidad al utilizar la institución como tal para expresar sus ideas políticas particulares y hacerlo, además, en nombre de todo el profesorado, el estudiantado y el personal de administración y servicios. Dicho en román paladino: las autoridades académicas no representan políticamente a nadie y no deben hacer uso de su ideología política particular cuando están representando a su colectivo universitario, si no quieren convertirse en dirigentes políticos en vez de dirigentes académicos.
Sin embargo, por otra parte, siempre he defendido que las comunidades universitarias son absolutamente libres de expresar sus ideas en libertad y en paz, mostrando de este modo lo atenta y partícipe que de manera permanente debe estar la familia académica ante los diversos avatares de la vida pública. Un respeto y fomento del pluralismo interno de la comunidad que nunca debe confundirse con un posicionamiento institucional. Incluso he defendido que para tales menesteres los responsables universitarios debían facilitar que pudiera expresarse la rica y plural opinión de la familia universitaria poniendo a su disposición todo aquello que fuera necesario para ejercerla, tratando de fomentar el pensamiento crítico y evitando así el pensamiento único.
Pienso sinceramente que los rectores y la rectora de las universidades públicas catalanas se han equivocado de atribuciones y de funciones. Creo que es evidente que no son dueños de ninguna representación política ni deben estar al servicio de ninguna idea partidaria y que, en consecuencia, han hecho un flaco favor a sus instituciones metiéndolas impropiamente en la porfía política a solicitud de una entidad privada, como es el caso de Ómnium Cultural, haciendo que tomen impropiamente partido, en nombre de sus universidades, por una de las opciones políticas que hoy conviven en la vida catalana.
Francamente, no ha sido un buen día para la universidad pública catalana como institución de todos, aunque algunos estén muy satisfechos pensando que, desde el punto de vista estratégico de sus legítimos intereses políticos, se han apuntado un soberano tanto en su tarea de ganar la hegemonía cultural, intelectual y política en Cataluña. Pero no todo vale en política, pues es propio de las democracias avanzadas no confundir los fines con los medios.
La universidad pública es una institución muy poderosa, con gran prestigio e incidencia social y no debemos permitir que ninguna ideología pretenda hegemonizarla. Si sucumbe a la utilización partidista, quedará seriamente dañada en su credibilidad y en su capacidad de cohesión social, de búsqueda de diálogo y de concordia en tiempos tan dados al frentismo. Para que una institución pública no política sea reconocida por toda la sociedad, es imprescindible que mantenga su independencia de las legítimas opciones que proponen diversas ideologías para organizarla. Conservando su neutralidad, la universidad pública sirve a todos los ciudadanos y no solo a una parte. Y el sostén de esa neutralidad está encomendado, en primer lugar, a las autoridades académicas, que deben sustentarla con ecuanimidad, coraje y determinación, aunque en determinadas coyunturas pueda comportarles problemas e incomprensiones en el seno de su propia comunidad universitaria o en una parte de la sociedad.
Queridos y admirados rectores, a mi modesto entender, mientras ostenten ustedes sus cargos procuren no incumplir el código deontológico de la función pública en cualquier sociedad plural y democrática dentro de un Estado de derecho. A saber, sostener el principio de respeto a la institucionalidad, lo cual pasa por mantenerse neutrales y no dejarse instrumentalizar ante la disputa política partidista respetando de este modo la pluralidad de opiniones ideológicas que conviven en las comunidades universitarias que honorablemente presiden. Y, por favor, no olvidemos nunca que la universidad pública es un instrumento del Estado para el progreso social mediante la creación y divulgación del conocimiento, pero que no es ni un partido político, ni el Gobierno ni el Parlamento. O sea: al César lo que es del César.
Roberto Fernández Díaz fue rector de la Universitat de Lleida (2011-2019) y presidente de la Conferencia de Rectores (2017-2019).