¡No es la rana, es la cazuela!

«La rana no murió a causa de la temperatura que alcanzó finalmente el agua, sino porque esperó demasiado, antes de decidirse a saltar fuera del agua». Esa es la autopsia anticipada que Rosa Díez hace de la España constitucional en un sugerente artículo publicado en Expansión, el diario económico con el que pronto competirá Invertia.

Aunque la fundadora de UPyD no lo explica, la metáfora procede de un libro del filósofo suizo Olivier Clerc, titulado La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de vida, publicado en 2005. La tesis es que así como una rana a la que arrojemos a una cazuela de agua muy caliente saltará de forma inmediata, para escapar de la agresión térmica, el mismo animal permanecerá inmóvil en el recipiente, si la temperatura, inicialmente fría, se va elevando de forma gradual y constante, hasta acabar con su vida.

La analogía es pertinente porque en los 41 años de vigencia de nuestra Carta Magna, los nacionalistas han ido avanzando gradualmente en la ocupación de espacios y en el adoctrinamiento de la población, mediante el control de la enseñanza y los medios de comunicación. Eso les permitía elevar progresivamente la presión sobre el Estado, mientras ellos mismos iban mutando primero en soberanistas y después en separatistas sin ambages. Esa es, desde luego, la subida de temperatura que va de Pujol a Mas y de Mas a Puigdemont y Torra.

No es la rana, es la cazuelaEn paralelo, podría admitirse también que la opinión pública española ha ido aletargándose en un proceso de transformación, igualmente paulatina, desde la conformidad inicial con un modelo atractivo como el Estado de las Autonomías, pasando por el conformismo con sus excesos y desembocando en el desistimiento de hacer nada por impedir su desborde.

Eso podría explicar que conductas percibidas como intolerables al comienzo de la Transición sean hoy aceptadas en muchos casos con abulia, en otros con resignación y en algunos incluso con alelado masoquismo. Me refiero a esa vanguardia de opinadores de izquierdas, siempre dispuestos a proporcionar coartadas a los dinamiteros del «régimen del 78», por muy reaccionarias que sean sus pretensiones identitarias, basadas siempre en la insolidaridad.

Para constatar esa deriva basta comparar la firmeza con la que el entonces presidente del Congreso, el socialista mallorquín Félix Pons, negó hace exactamente 30 años la condición de diputados a los tres electos de Herri Batasuna, cuando pretendieron jurar la Constitución «por imperativo legal», con las tragaderas de su correligionaria Meritxell Batet, ante invocaciones, como la de la «República Catalana» o la de los «presos políticos» que, de manera patente, denotaban una reserva mental por parte de los representantes de Esquerra, Junts y la CUP.

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Todos estábamos viendo que esos diputados hacían la tijera o la peineta, con la mano que llevaban a la espalda, mientras decían acatar la Carta Magna que están empeñados en destruir. Pero la mayoría reaccionaba entre la indiferencia y la impotencia, e incluso diríamos que Batet parecía estar disfrutando con esa oportunidad de hacer oídos sordos a las reclamaciones de los portavoces de lo que, en su imaginario maniqueo, podía amortizar como el «trifachito».

Puede alegarse, con razón, que, en el tiempo transcurrido, la doctrina del Constitucional y demás altos tribunales también ha evolucionado, a este respecto, de forma mucho más permisiva. Claro que la contrarréplica sería subrayar su impregnación de la sensibilidad dominante, mediante la politización de su sistema de elección.

Hemos llegado a un punto en el que la condescendencia con expresiones y conductas inaceptables, desde el prisma de la lealtad institucional mínima exigible a quienes no tienen otra legitimidad que la que emana del orden constitucional vigente, está sirviéndoles de acicate para poner el listón cada vez más alto.

Ese es el caso de las resoluciones del Parlamento catalán que, día sí y día también, se atribuye competencias que no le son propias e, invocando la libertad de expresión de un individuo sin otra representatividad que la de su conciencia, se permite reprobar a la Monarquía y censurar al Tribunal Supremo con descalificaciones insultantes. Hasta ahora el Gobierno había impugnado esas resoluciones ante el TC, pero la negociación de Sánchez con Esquerra augura que incluso esa vía de corrección formal puede quedar bloqueada.

Si pensamos en que, dentro de nada, vamos a tener el debate sobre la concesión del régimen de semilibertad que supone el tercer grado a quienes hace poco más de 50 días han sido condenados a penas de dos dígitos por delitos gravísimos; o si pensamos en que corremos el grave riesgo de que la Justicia europea permita a Puigdemont pasearse por Cataluña y el resto de España, bajo la inmunidad de eurodiputado, mientras el jefe de Gobierno que le permitió escapar presenta ufano un libro tan insulso como su conducta, es lógico que una parte de la ciudadanía opte por el escepticismo, mientras otra se siente embargada por la angustia.

Son dos manifestaciones de una misma impotencia. La que va del persignarse y encogerse de hombros con un «a dónde vamos a llegar…» a la petición de que haya quien nos saque las castañas del fuego con un «por favor, que alguien haga algo». El síndrome de la rana hervida, en todo caso.

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El único problema, la única salvedad científica, con el síndrome de la rana hervida es que, simple y llanamente, es mentira. Entre las muchas refutaciones empíricas, me centraré en dos. La primera, la que impulsó la consultora Fast Company, con una profesora del MIT y un vicepresidente de Boston Consulting como testigos:

«Colocamos a la Rana A en una cazuela de agua fría y la calentamos de forma moderada. Al cabo de 4,20 segundos salió sana y salva de la cazuela, mediante un salto de 24 centímetros. Entonces colocamos a la Rana B en una cazuela de agua templada y también la calentamos de forma moderada. Al cabo de sólo 1,57 segundos salió sana y salva de la cazuela, mediante un salto de 57 centímetros».

Esto supondría no sólo que las ranas son sensibles al cambio de temperatura y reaccionan ante su mera elevación gradual, sino que cuanto más alto es el punto de partida, menos aguantan en el agua y mayor es el empeño con que tratan de escapar. Acháquesenos el conformismo de los borregos, pero no el de las ranas.

El otro testimonio es el del profesor de la Universidad de Oklahoma, Victor Hutchinson: «Distintas investigaciones han determinado el ‘nivel térmico crítico máximo’ de diversas especies de ranas. El procedimiento consiste en elevar gradualmente la temperatura del agua en la que está sumergida la rana, en unos dos grados Fahrenheit por minuto. A medida que aumenta la temperatura del agua, la rana se muestra cada vez más activa en sus intentos de escapar. Y, si el tamaño y la apertura del recipiente se lo permiten, siempre termina consiguiéndolo».

Aquí tenemos la clave: el recipiente, la olla, la vasija, la cazuela. O sea, el recinto en el que se desarrolla nuestra vida pública, moldeado por la interacción entre sus protagonistas y las reglas del juego. Eso forma una cultura política que, en la práctica, no sólo determina la temperatura del agua, sino el margen de maniobra de la rana.

Frente a los tópicos idiosincráticos que tanto impregnan la percepción de los españoles hacia el exterior y hacia nosotros mismos, en conjunto no somos ni más ingobernables ni más pastueños -algo hace agua en el estereotipo, cuando se afirma una cosa y la contraria- que los franceses, los alemanes o los ingleses. Somos fruto de nuestra Historia y estamos sujetos a nuestras leyes. Eso hace de España una «morada vital» (Américo Castro), en la que ora reposan, ora saltan, incluso aquellas ranas que «se creen no ser» españolas (Madariaga).

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Lo peor de la Constitución del 78 es la dificultad de su reforma. Junto a sus múltiples virtudes, el Título Octavo -unido a la distinción entre nacionalidades y regiones- ha terminado siendo, por su concepción abierta del Estado, una fuente recurrente de conflictos. No por casualidad, el dictamen del Consejo de Estado, encargado por Zapatero, recomendaba ya en 2006 blindar las competencias del Estado y el perímetro de las comunidades autónomas.

Pero entonces, como ahora, no era posible afrontar ni esa ni ninguna reforma de la Constitución de fuste, sin un consenso entre el PSOE y el PP. Más allá del fugaz atisbo que supuso en 2011 aceptar la imposición de la UE de asumir la estabilidad presupuestaria y dar prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro gasto del Estado, ese consenso ha brillado por su ausencia.

La competencia por el poder de los dos grandes partidos y su funcionamiento endogámico, fruto de las listas cerradas y bloqueadas, que dan carta blanca al líder y su aparato siempre que garanticen victorias, o lo que es lo mismo poltronas, ha estimulado, por el contrario, una exacerbación artificial de las diferencias y un achique sistemático de los márgenes de acuerdo.

Los enconos acumulados por esta dinámica han hecho cada vez más imposible, no ya la reforma constitucional, sino la propia culminación de pactos de Estado como los que jalonaron los primeros tramos de la Transición, desde el de la Moncloa para estabilizar la economía, hasta el Antiterrorista para acabar con ETA. Podrá criticarse que el PP recogiera firmas contra la reforma del Estatuto catalán, pero es inconcebible que Zapatero asumiera el texto “que venga de Cataluña”, de espaldas al primer partido de la oposición.

Esa es la jugada que parece querer repetir ahora Pedro Sánchez con un proyecto de investidura, consistente en ensartar tortuosamente la falleba de su ambición en las anillas de nueve partidos diferentes. De esa manera podrá asumir con plenitud formal las funciones de la presidencia; pero sólo logrará gobernar, y durante un tiempo limitado, si acepta la huida hacia delante que le impondrán Podemos y Esquerra Republicana como imprescindibles socios principales.

Será la culminación de un proceso frentista en el que, como ha observado acertadamente Felipe González, son los elementos más extremos de cada bloque los que marcan el paso del conjunto. Y lo peor de todo es que, al final de esa agregación de vagones que parcelan los espacios tradicionales del bipartidismo, las injustas ventajas que la ley electoral proporciona a los nacionalistas nos devuelven a la casilla de salida y son ellos los que, legislatura tras legislatura, van calentando impunemente la temperatura del agua, a cambio de permitir gobernar a unos y otros.

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Ese sometimiento del todo a algunas de sus partes pudo romperse venturosamente con los 180 escaños que sumaron el 28 de abril el PSOE y Ciudadanos. El acre y desolador paisaje que ahora afrontamos hace imperdonable, en términos políticos, la pérdida de esa oportunidad. La elegancia con que Rivera abandonó el ruedo y el valiente estoicismo con que Ciudadanos ha asumido el demoledor castigo, pueden servir de atenuantes –y ojalá también de vacuna– pero nunca de eximentes de lo que fue un descomunal error histórico.

El hundimiento del centro no deja ahora otra combinación alternativa a la del camino hacia el abismo sino la de la gran coalición, sea en forma de pacto de gobierno o de legislatura. Pablo Casado debe alcanzar ese difícil equilibrio que implica preservar el futuro del PP como alternativa y demostrar –a diferencia de lo que hizo Rivera– su utilidad en el acuciante presente.

En los corrillos de la recepción del viernes, Casado ha dado un notable primer paso al verbalizar lo que, al final de mi última Carta, presenté como la “fórmula checks and balances”. O sea, la hipótesis de un voto favorable a la investidura de Sánchez, a cambio de poder controlar su acción de gobierno.

De momento, Casado la restringe a la situación-límite que supondría tener que aplicar otro 155 en Cataluña. Pero eso ya es algo, teniendo en cuenta los vientos de fronda que, inspirados por sus mayores, empiezan a soplar entre algunos barones del PSOE: investidura sí, pero no al precio que se supone exigirá Esquerra este martes en Barcelona.

La cuestión es si hay escapatoria o no. Durante estos últimos años, muchos españoles la han buscado vanamente a través de, al menos, cinco nuevos partidos diferentes: UPyD, Ciudadanos, Podemos, Vox y Más País. En 2017, cuando el ahora arrinconado Rey Felipe instó a defender el orden constitucional, el pueblo le secundó, echándose a la calle, bajo la «España de los balcones».

Hoy el panorama es mucho más sombrío, pues esos resortes se han desactivado. Y, hay que decirlo con toda crudeza, volviendo del revés las conclusiones del profesor Hutchinson: «Si el tamaño y la apertura del recipiente NO se lo permiten», por mucho que se desgañite y trate de escapar, indefectiblemente, la rana morirá.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

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