En las últimas semanas, a raíz del intenso debate generado sobre la reforma de la ley del aborto, miembros del Gobierno y algunos destacados dirigentes del Partido Popular están haciendo afirmaciones que, sencillamente, no son verdad.
1. No es verdad que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas haya pedido a España, como Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que suprima de la legislación vigente el supuesto de malformación fetal. Lo que el Comité de la ONU nos recomienda es suprimir la distinción hecha en la Ley de 2010 en cuanto al plazo para interrumpir el embarazo entre el general de 14 semanas, y el plazo de hasta las 22 semanas de gestación, cuando exista un “riesgo de graves anomalías en el feto”, lo que podría lograrse, por ejemplo, igualando ambos plazos. La ley actual, de 2010, permite también abortar sin límite temporal cuando se trata de una “enfermedad extremadamente grave e incurable o una anomalía incompatible con la vida”. En estos dos últimos supuestos, se garantiza que sean mediante dictámenes médicos y, en el último supuesto, con la autorización de un comité clínico pluridisciplinar que estudie el caso concreto. En ningún caso regula ningún supuesto que guarde relación con la discapacidad.
2. No es verdad que la Ley de 2010 no se ajuste a la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referente a la protección del concebido y no nacido. La vida humana en gestación, el nasciturus, es un valor indiscutible y digno de protección jurídica, pero únicamente la persona es sujeto de derecho, y lo que determina la personalidad, en el caso de la persona física, es el nacimiento. La sentencia 53/1985 del TC enuncia un principio, que ha sido respaldado por la jurisprudencia posterior, al negar el carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo. Este nuevo criterio descansa en la necesidad de ponderar el valor no absoluto de la vida humana dependiente con otros valores, tampoco absolutos, pero vinculados con derechos constitucionales de la mujer a los que se reconoce primacía, como son los derechos a la vida y a la salud, a la integridad física y moral, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
3. No es verdad que a las menores embarazadas se les privara del acompañamiento de los padres. Con carácter general, la ley vigente establece que las interrupciones realizadas a las jóvenes entre 16 y 18 años deberán ser comunicadas, al menos, a uno de los padres o tutores legales, como de hecho así ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Es verdad que prevé una excepción, pero solo para aquellas personas víctimas de violencia intrafamiliar o con temor fundado de sufrir algún tipo de presión ante la comunicación del embarazo. Esta situación podría afectar a unas 500 jóvenes que, con la reforma de la ley, quedarían desamparadas.
4. No es verdad que con la legislación de 2010 la mujer esté más desprotegida porque no se le garantice una información suficiente para ver otras alternativas a la interrupción del embarazo. Durante las primeras 14 semanas en las que la mujer puede decidir libremente se establecen dos requisitos previos. Por una parte, se le debe entregar información clara, objetiva y comprensible sobre las prestaciones, derechos y todo tipo de ayudas públicas vinculadas a la maternidad y el cuidado y atención de los hijos. Y, por otra, se fija un plazo de, al menos, tres días desde la entrega de la información, para que la mujer pueda decidir.
5. No es verdad que la nueva ley del Gobierno Rajoy refuerce la libertad de elección de la mujer. Más bien todo lo contrario: la realidad es que obliga a superar toda una carrera de obstáculos: la mujer tiene que alegar “grave peligro” para su salud (que tiene que ser certificado por dos médicos especialistas distintos), debe recibir asesoramiento sobre las consecuencias del aborto y debe tomarse siete días para “analizar y reflexionar” sobre su decisión. No parece que la decisión sea muy “libre”, como dice la reforma. Ahora se puede interrumpir un embarazo, sin dar explicaciones, hasta las 14 semanas de gestación.
6. No es verdad que protejan la maternidad. En primer lugar, no se puede obligar a una mujer a ser madre cuando no quiere serlo. Ese no es el camino para fomentar la maternidad. Tampoco lo es recortar derechos y recursos a la educación, la sanidad y la política social. Y, desde luego, no se protege a la maternidad cuando se eliminan todo tipo de estímulos vinculados a los derechos de las mujeres y el fomento de la igualdad.
7. No es verdad que el aborto se use como un método anticonceptivo y no hayan descendido el número de interrupciones. Al contrario, los últimos datos disponibles señalan que el número de abortos en 2012 ha bajado un 5% respecto a 2011, de 118.000 a 112.000, con la actual ley de plazos aprobada por el Gobierno de Zapatero. Tasa similar a la de los países de la Unión Europea.
8. No es verdad que el PSOE en 2010 rompiera el consenso con la nueva ley de plazos. El Gobierno de Rajoy y el PP olvidan que la norma anterior, aprobada por un Gobierno socialista en 1985, tuvo el voto en contra del PP (entonces llamada Alianza Popular) y olvida que en 2010 siete grupos apoyaron la ley de plazos: PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai y algunos diputados de CiU (tienen libertad de voto).
9. No es verdad que el PSOE haya creado “polémica” con nuestra oposición a esta reforma. Ha sido el Gobierno de Rajoy el que ha provocado una gigantesca alarma con su anteproyecto de ley, incluso más allá de nuestras fronteras. Toda la prensa internacional, desde The New York Times a Le Monde, han criticado el proyecto de reforma sobre el aborto del Gobierno del PP.
10. No es verdad que queramos evitar el debate sobre el aborto. Al revés, ha sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que ha pedido evitar el debate público, mientras el Grupo Parlamentario Popular rechaza todas las solicitudes de comparecencia de varios ministros.
En el Partido Socialista queremos una ley acorde con las recomendaciones que se hacen en las distintas instituciones y organismos internacionales, en consonancia con los cambios sociales y el papel de la mujer en la actualidad y similar a las legislaciones vigentes en los países de nuestro entorno. Ni más, ni menos.
No nos sirven los argumentos trampas de que “lo progresista es defender la vida”. ¿Acaso nosotros no lo hacemos? Lo progresista es defender toda vida, así como la libertad ejercida sin tutelas ni coacciones derivadas de posiciones morales o religiosas. Lo progresista es legislar para todos y ofrecer soluciones, y no trabas, ante la compleja realidad ante la que los ciudadanos se han de enfrentar.
Dice el Partido Popular que presentando este anteproyecto de ley “cumple con su programa electoral”, pero obvia dos cosas fundamentales; una, que nunca adelantó cuál sería el sentido de su reforma y, por tanto, no puede exigir acuerdo ante algo no previsto, y otra, que después de dos años de incumplimientos de su programa, qué mala suerte tenemos las mujeres que solo pongan empeño en reformar una ley en la que nos sentimos respetadas y amparadas como ciudadanas.
Trinidad Jiménez es secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Sanidad.