Por Manuel Chust, vicerrector de la Universidad Jaume I de Castellón (EL PAÍS, 23/05/06):
Han transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades. La táctica que empleó el Ministerio de Pilar del Castillo no fue una novedad en el ámbito de la historia parlamentaria. Ahogó por la vía rápida las multitudinarias protestas que se sucedían en la calle, en los foros universitarios, en la tribuna parlamentaria, en las columnas de los diarios o en las tertulias radiofónicas. La LOU contó con la casi unánime oposición de los colectivos afectados de las universidades públicas: profesores, personal de administración y servicios y estudiantes.
La LOU fue justificada por Del Castillo y sus asesores y colaboradores como casi la "fórmula definitiva" a todos los problemas universitarios que desde 1983 la LRU había venido provocando a la "sociedad española". Potenciales defectos que se redujeron y difundieron a la "opinión pública" con sonoros epítetos como endogamia, inmovilismo del profesorado, desconexión con la sociedad, excesiva autonomía universitaria y otros que por decoro y respeto al lector no citamos, pero que todos recordamos. La universidad, los universitarios, éramos gente ociosa, demasiado acomodada y poco menos que privilegiados respecto al resto de la sociedad.
Tras la aprobación de la LOU, las universidades tuvimos que someternos a un proceso de cambio de estatutos, de elecciones, que provocó las consiguientes nuevas y múltiples normativas internas. Y todo ello paralelo a las políticas de convergencia europea, es decir, nos vimos inmersos, estamos aún en este proceso, en un incesante derroche de energías burocráticas que han afectado de distinta manera a la comunidad universitaria.
Como la mayor parte de reformas educativas en la historia de este país, los cambios jurídicos han venido sin cambios económicos, es decir, sin una adecuada financiación. Y este no es el principal problema. Podríamos abordar aquí la explicación de ingentes contradicciones y problemáticas que en muchos ámbitos está generando esta ley.
Por lo que respecta al profesorado, la LOU ha venido a confirmar la certidumbre que teníamos muchos de que el sistema de habilitaciones era oneroso para las universidades, causaba desgaste a los miembros de los tribunales, resultaba enervante para los candidatos/as, al tiempo que no mejoraría la supuesta endogamia de la LRU. Si bien, sí está cumpliendo uno de los objetivos para la cual fue diseñada: la dificultad extrema de los profesores contratados para poder ser funcionarios.
Un segundo punto es la inviabilidad de una carrera académica racional al poner obstáculos para poder promocionar desde la plaza de ayudante a la de ayudante doctor -hacen falta dos años de desvinculación- o a la plaza de Contratado Doctor -acreditación de tres años posterior al doctorado-. Aspectos del profesorado universitario que el decreto autonómico de la Generalitat Valenciana vino a entorpecer aun más con, por ejemplo, la imposibilidad de que los profesores asociados a tiempo parcial no puedan obtener plazas de contratado a tiempo completo sino están desvinculados dos años de la universidad contratante.
Así las cosas, el cambio de nuevo gobierno en 2004 abrió una justificada esperanza entre la mayor parte de los colectivos universitarios para que se llevara a cabo una pronta y adecuada reforma de la LOU. Se anunciaron medidas y reformas rápidas que aún no han llegado. Han pasado dos años y seguimos igual. Desgraciadamente se ha perdido una oportunidad magnífica para reconducir un tema que urge. Y no sólo se ha perdido lastimosamente el tiempo, sino que en este tránsito se ha introducido -quizá involuntariamente- más incertidumbre con un borrador de la reforma que plantea más interrogantes que respuestas. En especial, porque han pasado cinco meses desde su difusión y aún no se sabe nada sobre su plasmación en un decreto que reforme la LOU.
Los contratos de ayudantes LRU, ayudantes LOU y ayudantes doctores están expirando sin que los profesores sepan, a día de hoy, cuál es el futuro de sus carreras universitarias que plantea este borrador de reforma de la ley. De la misma manera, también se desconoce si el ministerio va a mantener o no la figura de contratado indefinido o si este año habrá una nueva convocatoria de habilitaciones.
Asimismo, los titulares de escuela universitaria no saben si sus plazas van a promocionar a titulares de universidad y bajo qué requisitos. Por otro lado, los aspirantes a habilitaciones también dudan en presentarse a estas convocatorias o esperar -¿hasta cuándo?- al nuevo sistema de acreditación, si es que llega. Angustias, presión gratuita, incertidumbres, que definitivamente no benefician en nada a la universidad española.
Lo cual ha hecho, lógicamente, que las universidades nos encontremos con una situación preocupante a la que tenemos que dar respuestas coyunturales, la más de las veces. Deseamos que el cambio ministerial suponga un definitivo, necesario e imprescindible impulso a esta cuestión. La reforma ya llega tarde, esperemos que no demasiado.