Cuando se habla de igualdad y de violencia de género, tendemos mecánicamente a ofrecer visiones catastrofistas de la realidad, como si fuera nuestra obligación ser negativos para dotar de credibilidad a nuestro mensaje. Cierto es que, mientras siga habiendo mujeres que mueran a manos de sus parejas o exparejas, tenemos un problema social que hay que combatir, pero soy de la opinión de que solo analizando bien las causas podremos poner el foco en áreas de mejora. Los análisis con brocha gorda no suelen dar buenos resultados.
Hace un año, la presidenta del grupo de expertos sobre lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (Grevio) del Consejo de Europa, Marceline Naudi, realizó unas declaraciones en las que manifestaba que España “es pionera en desarrollar un marco legal contra la violencia de género”. Y es cierto. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue la primera que abordó de forma global este tipo de violencia. Tan pioneros fuimos que la ley fue publicada siete años antes de que se firmara el Convenio de Estambul y otros países han seguido nuestro modelo.
España es un país razonablemente igualitario. Si bien hemos pasado de ser en 2018 el quinto mejor país del mundo para nacer mujer a ser el decimocuarto, según el informe 2020-2021 Women, Peace and Security Index (WPS) de las universidades de Georgetown y Oslo, el descenso de puestos se debe al aumento del paro femenino y a la disminución de los años de educación, no a la violencia ejercida contra las mujeres. En Europa, somos los sextos mejor valorados, según el Índice Europeo de Igualdad de Género de 2021.
En el año 2021, 159.352 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia, según la memoria anual del Observatorio de Violencia de Género. Los delitos que más se cometen son de lesiones y maltrato. Cuando el procedimiento penal sigue su curso por existir denuncia, el porcentaje de condena supera el 90%. Además, se adoptaron 26.254 órdenes de protección, un 70,4% de las solicitadas.
La violencia de género es un problema complejo en el que influyen múltiples factores, la mayoría de ellos culturales. Pese a sus detractores y al intento interesado por parte de algunos partidos y grupos de presión de igualar todas las violencias, es evidente que las circunstancias concurrentes en el ámbito de la violencia de género son específicas y son el resultado de siglos de dependencia femenina del varón, especialmente económica. Combatir la más lacerante de las desigualdades requiere sobre todo un abordaje cultural y educativo, porque cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado y la justicia intervienen, el hecho delictivo ya se ha producido. La prevención es la asignatura pendiente y la que más recursos requiere. El derecho penal, por tanto, no puede ser la principal herramienta del Estado para combatir la violencia, sino la ultima ratio cuando el resto de medidas fallan. Aun así, hay que trabajar para que disminuya el porcentaje de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar (un 10%) y para que aquellas que no se atreven a denunciar, lo hagan.
Por todo esto, resulta cuando menos sorprendente que desde determinadas instituciones públicas, además de lanzar mensajes confusos acerca de esta realidad, se desincentive la lucha contra la violencia de género. Hace unos días, las asociaciones judiciales —y el CGPJ, al rebufo— protestaron por la exhibición de un cartel en una estación de transporte de Baleares. El cartel, patrocinado por el Institut de la Dona de Baleares, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de Baleares, formaba parte de una exhibición de la artista Diana Raznovich sobre micromachismos, y exhibía el dibujo caricaturizado de una mujer víctima de violencia de género con un ojo morado y el brazo en cabestrillo ante un juez estereotipado que le decía: “¿Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva?”.
No se hicieron esperar las críticas contra la piel fina de la judicatura, a la que se acusó de cercenar la libertad de expresión de la artista. En mi opinión, no se quiso entender que el cartel en cuestión era una rotunda metedura de pata. Si el dibujo hubiera formado parte de una exposición artística, de la portada de una revista satírica o, incluso, de un sketch de televisión, no hay nada que objetar. Un Estado democrático debe tolerar la crítica a las instituciones y la libertad artística. El problema radica en que el dibujo en cuestión estaba financiado por poderes públicos cuya finalidad primordial es luchar contra la violencia de género.
Me pongo en la piel de una mujer que está siendo víctima callada de su pareja a quien el miedo y la angustia le impiden dar el paso y denunciar. Encontrarse con ese cartel llevaría a decidir no acudir a la Policía. El mensaje es claro: la autoridad te dice que no denuncies, porque no te van a creer y se van a reír de ti. Por un lado, se realizan campañas de concienciación hacia la denuncia; por otro, se financian campañas en las que se fomenta la desconfianza en el sistema.
No comprendo el empeño que, desde determinados sectores de las administraciones públicas copadas por miembros de una concreta opción política, se tiene en desacreditar a las instituciones democráticas, aún en contra de los intereses de las personas más vulnerables, como en este caso. Por querer atacar al poder judicial, se tiran piedras contra el tejado de la lucha contra la violencia sobre la mujer. ¿Qué alternativa se les está ofreciendo entonces? Si no confían en policía y jueces, ¿en quién lo harán? Únicamente los jueces tienen la potestad de acordar medidas de alejamiento, instalación de pulseras de seguimiento o prisión provisional. Otra alternativa democrática no existe.
Como en toda actividad humana, el acto de impartir justicia es imperfecto y puede dar lugar a errores y malas praxis, pero el sistema de recursos y los contrapesos que ejercen acusación y defensa permiten administrar una justicia garantista con los derechos de víctima y victimario. Si el trato a las denunciantes no es mejor, no es por falta de interés o por despreciar el sufrimiento de estas, como parece hacer creer el cartelito de marras. La ausencia de dotación de medios a los juzgados obliga a los profesionales de la justicia a echarse todo a las espaldas con voluntad y responsabilidad, pero sin ayuda. Poca gente sabe que, pese a que en los partidos judiciales más grandes existen juzgados especializados, en la mayoría de ellos el juzgado de Violencia de Género es también un juzgado de Instrucción y de Primera Instancia, donde el titular, además de tener que decidir sobre la orden de protección interesada, tiene que resolver cláusulas abusivas de un contrato bancario y tomar declaración a un detenido por robar una bicicleta.
Más dotación económica y menos deslealtad institucional. Y menos estereotipos de género, por cierto. Nunca es mal momento para recordar que el 54,8% de los miembros de la carrera judicial somos mujeres, algo que no se contempla en el ideario colectivo cuando nos imaginan.
Natalia Velilla Antolín es magistrada y autora de Así funciona la justicia: verdades y mentiras en la justicia española (Arpa).