No hubo un verdadero examen de la crisis

Ya pasaron tres años desde la caída de Lehman Brothers, que fue el punto de partida de la fase más aguda de la crisis financiera de 2007 y 2008. ¿Podemos decir que el mundo financiero es un sitio más seguro en la actualidad?

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los EE. UU. demoraron apenas unos días en implementar impresionantes medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país. En el plazo de un mes, el ejército estadounidense estaba desplegado en Afganistán. Tres años después, los EE. UU. ya tenían un informe oficial sobre las causas de los sucesos del 11-S; el comité de expertos que lo redactó, bien provisto de recursos, identificó las debilidades de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y ofreció recomendaciones para resolverlas.

Pero tres años después del comienzo de la crisis financiera, ¿tenemos algo similar? No niego que Estados Unidos puede mostrar como prueba de sus esfuerzos por hacer algo las 2000 páginas de la ley Dodd‑Frank [de reforma de Wall Street y protección de los consumidores]. Por desgracia, de esas páginas, muy pocas se ocupan de los problemas que pueden haber estado detrás de la crisis.

Por ejemplo, no se corrigió la confianza excesiva de los bonistas en las agencias calificadoras de riesgo, que tienden a ser más blandas con los emisores de bonos cuando son poderosos. No se dijo nada sobre cómo el sector bancario en la sombra depende de la liquidez y las garantías del sector bancario formal, lo que en última instancia implica que depende del Estado. Y hasta la próxima década no habrá cambios en lo relacionado con los límites al apalancamiento de las instituciones financieras.

La lista de defectos de la ley podría continuar al infinito. Prácticamente no se modificaron los incentivos perversos que alientan a los fondos del mercado monetario a asumir demasiado riesgo; tampoco se prestó atención a los problemas que acarrea el pago de premios. El cambio más aplaudido, llamado “regla Volcker” en referencia al ex presidente de la Reserva Federal de los EE. UU., Paul Volcker, y que consiste en separar las inversiones que los bancos realizan con fondos propios para su provecho de sus actividades de banca comercial, no guarda ninguna relación con las causas de la crisis, y lo más probable es que se lo haya aprobado precisamente por no tener ningún efecto.

Es cierto que la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, presidida por Phil Angelides, llegó a emitir, no solo uno, sino tres informes sobre lo sucedido. A modo de comparación, la Comisión Rogers, encargada de investigar las causas del desastre del transbordador Challenger, emitió uno solo. En esta última investigación participaron los cerebros más brillantes del momento, entre ellos el premio Nobel de Física Richard Feynman, y en la búsqueda de las causas no se dejó piedra sin remover. Finalmente, se identificó con precisión al culpable de la tragedia: una junta tórica que al enfriarse se volvió demasiado rígida y ocasionó una pérdida. Para demostrar a la opinión pública la validez de esta conclusión, Feynman realizó un experimento ante las cámaras de la televisión.

La economía no es una ciencia tan exacta como la física, pero eso no justifica el fracaso de la Comisión Angelides. Siempre que tengamos datos suficientes, los economistas podemos aplicar métodos que nos permiten identificar las causas probables de los fenómenos económicos (y si se trata de refutar explicaciones alternativas, somos incluso mejores). Nuestra limitación principal no son las metodologías, sino la disponibilidad de datos. Pero en este caso, no hubo datos a disposición de los economistas, porque las partes interesadas temían (y aún temen) compartirlos: es que saben muy bien lo que podría salir a la luz del día.

Por desgracia, la comisión investigadora (compuesta en su mayor parte por funcionarios electos, no por expertos) perdió el tiempo en discusiones políticas. Sus miembros ni siquiera llegaron a un acuerdo respecto de cómo definir el concepto de hipoteca subprime y calcular la cantidad de esas hipotecas que había en los Estados Unidos al momento de la crisis.

Después de esta primera investigación, el trabajo de la comisión fue objeto de otra investigación, incluso más completa. Tras un examen de correos electrónicos, un informe preparado por miembros del Congreso presentó pruebas de que el trabajo de la comisión se había guiado más por motivaciones políticas que por la búsqueda de la verdad. Al fin y al cabo, ya antes de que se descubriera algún hecho, las medidas correctivas estaban decididas y aprobadas, y los miembros de la comisión estaban más interesados en apoyar o desacreditar la ley Dodd‑Frank (según el partido político al que pertenecieran) que en determinar la verdad de lo sucedido.

Se perdió así una gran oportunidad. La Comisión Angelides estaba dotada de poder legal para citar testigos y requerir pruebas, con lo que hubiera podido reunir y poner a disposición de los investigadores los datos necesarios para responder muchas preguntas fundamentales sobre la crisis. Por ejemplo: ¿asumieron riesgos más grandes las compañías que ofrecían paquetes de compensación no solo a sus directores ejecutivos sino también a sus operadores? ¿La toma de riesgo excesivo por parte de las instituciones financieras fue producto de la incompetencia o de la estupidez? ¿O más bien, fue una respuesta racional a las garantías implícitas ofrecidas por el Estado? Al extenderse la aplicación de normas demasiado permisivas para el otorgamiento de crédito, ¿el mercado se percató de lo que sucedía y supo asignar a los diferentes paquetes de préstamos el precio que les correspondía? ¿O, por el contrario, se dejó engañar? ¿Quiénes fueron en última instancia los compradores de esos productos tóxicos y por qué los compraron? Y en todo esto, ¿cuánto hubo de fraude?

Estas son las preguntas para las que se necesitan respuestas. Por desgracia, a menos que se imponga la obligación de revelar una cantidad suficiente de datos, es probable que esas respuestas nunca se obtengan. Y en ese caso, corremos el riesgo de no enterarnos de lo que causó esta crisis hasta después de que se produzca la siguiente.

Por Luigi Zingales, profesor de Iniciativa Empresarial y Finanzas en la Escuela de Posgrado en Administración de la Universidad de Chicago y coautor, con Raghuram G. Rajan, de Saving Capitalism from the Capitalists. Traducción: Esteban Flamini.

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