No olvidemos los campos de exterminio de Sri Lanka

Una de las peores atrocidades en décadas recientes ha recibido muy poca atención mundial. Recordamos y reconocemos que los casos de Camboya, Rwanda, Bosnia y Darfur fueron vergonzosos. Nos torturamos por el fracaso de no poder frenar las atrocidades que se cometen casi diariamente en Siria. Sin embargo, al menos hasta ahora, el mundo ha puesto muy poca atención a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que son comparables en términos de brutalidad a cualquiera de los anteriores: los campos de exterminio de Sri Lanka en 2009.

Hace tres años durante el final sangriento de la guerra del gobierno de Sri Lanka contra el movimiento separatista de los Tigres de Liberación del Ealam Tamil (LTTE), aproximadamente alrededor de 300,000 civiles quedaron atrapados entre el avance del ejército y los últimos combatientes del LTTE en lo que se ha llamado “la jaula” –una pequeña franja de tierra, no mucho más grande que el parque central de Nueva York, entre el mar y la laguna al noreste del país.

Debido a la falta de compasión y moderación de las dos partes, al menos 10,000 civiles –tal vez hasta 40,000– murieron en la masacre que tuvo lugar como resultado de bombardeos indiscriminados del ejército, tiroteos de los rebeldes y privación del suministro de alimentos y medicamentos.

La falta de enojo refleja principalmente el éxito del gobierno de Sri Lanka en inculcar en los responsables del diseño de políticas y el público una narrativa alternativa que tuvo una extraordinaria resonancia mundial después de los ataques terroristas de septiembre de 2001. Lo que pasó en “la jaula”, de acuerdo con esta narrativa, fue la derrota tanto tiempo esperada por medios completamente necesarios y justificables, de una insurrección terrorista asesina que había amenazado la existencia misma del país.

La otra razón clave que explica el silencio mundial es que el gobierno de Sri Lanka impidió de manera inflexible que los observadores independientes –medios, ONGs o diplomáticos– fueran testigos de sus acciones o informaran sobre ellas. La timidez de los funcionarios de Naciones Unidas que estaban en el país para comunicar la información que tenían agravó este problema.

El gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa afirmó durante todo ese tiempo, y todavía lo hace, que mantuvo una política de “cero bajas civiles”. Los funcionarios sostuvieron que nunca se dirigió fuego de artillería pesada contra civiles u hospitales, que todo daño colateral contra civiles fue mínimo y que respetaron plenamente el derecho internacional, incluida la prohibición de ejecutar prisioneros.

Sin embargo, varias publicaciones recientes están haciendo pedazos esa narrativa, principalmente, el informe presentado el año pasado por Un grupo de expertos de Naciones Unidas, así como dos libros: el implacable análisis de un funcionario de Naciones Unidas, Gordon Weiss, The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers (La Jaula: la lucha por Sri Lanka y los últimos días de los tigres tamiles) y la desgarradora narración del periodista de la BBC, Frances Harrison, Still Counting the Dead: Survivors of Sri Lanka’s Hidden War (El recuento de los muertos continúa: sobrevivientes de la guerra oculta de Sri Lanka).

Nadie subestima la contribución de los LTTE a la matanza de 2009, pero ahora que todos los líderes de los Tigres están muertos, la atención internacional debería centrarse principalmente en hacer que el gobierno rinda cuentas por no haber aceptado su responsabilidad de proteger a su propio pueblo. Durante mucho tiempo el gobierno de Rajapaska ha estado evadiendo la responsabilidad con un sin número de maniobras de distracción (que a menudo consisten en comités de investigación creados con el objetivo de no obtener resultados y que cumplen esa meta debidamente), denegación de acceso físico, mentiras abiertas e intimidación verbal incesante contra cualquiera que se atreva cuestionarlo.

Por fin se está ejerciendo una verdadera presión internacional sobre el gobierno para que explique sus acciones, principalmente mediante el tan criticado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, que estudiará la respuesta de Sri Lanka en marzo de 2013. Cuando lo haga es muy probable que cuente con un expediente completo de evidencias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que ahora se está compilando a partir de testimonios reunidos por el International Crimes Evidence Project (Proyecto Internacional para la Investigación de Crímenes) con sede en Australia.

Uno de los aspectos más trágicos de la situación, que apenas ahora se está dando a conocer, es que los funcionarios de Naciones Unidas que estaban en el país no publicaron en ese momento, cuando realmente importaba, información creíble que habría desmentido la versión del gobierno.

Desde principios de 2009, un equipo de Naciones Unidas en Colombo recopilaba estimaciones específicas de los muertos en la zona de combate sobre la base de contactos radiofónicos regulares con algunas fuentes confiables –ONGs, médicos y funcionarios tamiles locales de Naciones Unidas- que seguían en el terreno. La información era incompleta pero sólida y alarmante. No obstante, se tomó la decisión institucional de no utilizarla con el argumento de que no podía “verificarse”.

Ahora están apareciendo las verdaderas razones. En parte el equipo de Naciones Unidas quería mantener los canales de asistencia humanitaria abiertos. El equipo también fue objeto de acoso verbal descarado por parte de funcionarios de Sri Lanka (una experiencia profundamente desagradable que yo también he vivido). Los miembros del equipo también sabían que el gobierno de Sri Lanka tenía un amplio apoyo de los Estados miembros de Naciones Unidas y que los LTTE no tenían el menor respaldo.

Sin embargo, como concluyó hace diez años el Panel Lakhdar Brahimi, después de examinar algunas de los fracasos catastróficos de los procesos de paz de los años noventa, la Secretaría de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de informar al Consejo de Seguridad lo que debe saber, no lo que quiere saber.

Está previsto que el próximo mes rinda su informe un panel interno designado por el secretario general, Ban Ki-moon y encabezado por el distinguido diplomático, Charles Petrie, para examinar las fallas de la respuesta del sistema de Naciones Unidas en Sri Lanka. Todo parece indicar que las conclusiones no serán agradables. Es muy importante que esas conclusiones se publiquen y que se tomen medidas al respecto.

La memoria selectiva es un mecanismo de defensa que todos conocemos. Es más fácil para los gobiernos y para las organizaciones internacionales, igual que para los individuos, vivir con el fracaso moral si se pretende que nunca existió. No obstante, en Sri Lanka hubo en efecto atrocidades masivas, hubo faltas morales generalizadas y si no aprendemos de este pasado, estaremos condenados a repetirlo.

Gareth Evans, Australia’s foreign minister for eight years and President Emeritus of the International Crisis Group, is currently Chancellor of the Australian National University and co-chair of the Global Center for the Responsibility to Protect. Traducción de Kena Nequiz.

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