Crece en Estados Unidos el escándalo ante la desclasificación de informes secretos de la Administración de Bush sobre la tortura utilizada contra presuntos terroristas y combatientes enemigos. Métodos inadmisibles ordenados por altos cargos de dicha Administración. El escándalo radica en que todavía mucha gente creía en la versión del ex viceministro de Defensa, Wolfowitz, quien mantenía que los "abusos" habían sido obra de "unas cuantas manzanas podridas". Sin embargo, el podrido era el propio manzano. Ya en enero de 2006, The Washington Post calificaba sin ambages a Cheney de "vicepresidente para la tortura". En 2005, Cheney cínicamente afirmaba que en Guantánamo "los prisioneros están bien alimentados, tienen absolutamente todo lo que necesitan y viven en el trópico".
Dirigentes que no sólo consintieron sino que ordenaron la tortura. Dirigentes que recortaron libertades civiles bajo pretexto de combatir el terrorismo (Ley Patriótica) y que, desgraciadamente, no toparon con una cámara legislativa que lo impidiera. En 2001, el Senado aprobó dicha ley por 98 votos frente a uno. Loor a Robert Byrd, demócrata por Virginia Occidental, que declaró entonces: "Tengo que poner muy seriamente en duda el buen juicio de un presidente que es capaz de proclamar que un ataque militar a gran escala, sin que medie provocación, se inserta en las más elevadas tradiciones morales de nuestro país".
La Ley Patriótica contenía una sarta de tropelías jurídicas. En lo doméstico definía el terrorismo tan ampliamente que podía incluir un mero acto de desobediencia civil, como el corte de una carretera. En lo internacional, este grupo de dirigentes ultraconservadores de tendencias totalitarias "subcontrató" en ocasiones la tortura a otros países "amigos", a los que enviaba presuntos terroristas. Mientras fuera creaba cárceles clandestinas, desarrollaba dentro de su propio país un vasto sistema de escuchas ilegales de ciudadanos norteamericanos.
A esa camarilla pertenecían el ministro de Defensa, Rumsfeld, y el de Justicia, Gonzales, quienes argüían que las convenciones de Ginebra eran obsoletas y no tenían por qué ser aplicadas en Irak o Afganistán. El gang incluía figuras educadas y elegantes como Condoleezza Rice, quien tajantemente afirmó: "No se tortura". Con tan mala suerte que a los pocos días (28 de abril de 2006) los medios de comunicación de todo el mundo publicaron las espeluznantes fotos de Abu Ghraib. Por si fuera poco, los documentos desclasificados hace unas semanas atribuyen a Rice un papel director, delicado y comprometido, en el asunto de las torturas.
A pesar de todas estas evidencias, la Embajada de Washington en Madrid sostuvo: "El presidente Bush y la secretaria de Estado Rice han dejado muy claro cuál es la política de Estados Unidos respecto al trato a los detenidos. El Gobierno de Estados Unidos ni aprueba, ni permite, ni practica la tortura ni cualquier otro trato inhumano" (carta a EL PAÍS, del 5 de abril de 2006). Ya en 2004, el director de la CIA, Porter Gross, sostenía que sus agentes "no se sirven de la tortura, sólo de técnicas imaginativas".
Ha quedado suficientemente demostrado que la Administración de Bush violó las leyes, nacionales e internacionales, de forma persistente. Tanto como para forzar la reacción -aun en tiempos de Bush- de ciudadanos y líderes, incluidos conservadores, que entienden que la ley es sagrada. Fue el caso del republicano Alberto Mora, que se convirtió en el principal denunciante dentro del sistema del tinglado torturador. Mora, cuya madre es húngara, dijo en 2006: "No existe húngaro que, tras el comunismo, no sea consciente de que los derechos humanos son incompatibles con la crueldad. El debate aquí y ahora no es sólo cómo proteger al país. Es cómo proteger nuestros valores".
Mora libró una trascendental batalla contra aquellos que sostenían que el presidente -en función de una supuesta "doctrina de la necesidad"- puede legalizar lo ilegal. Idea que tenía su origen en funcionarios del Ministerio de Justicia que argumentaban que la autoridad de Bush como comandante en jefe para fijar métodos de interrogatorio primaba sobre los tratados internacionales y las leyes federales norteamericanas.
En 2006, Alberto Mora pregunta a John Yoo, consejero del Ministerio de Justicia: "¿Está usted afirmando que el presidente dispone de autoridad para ordenar la tortura?". Sin disimulo alguno, lisa y llanamente, John Yoo contesta: "Sí".
Meses antes de la agresión a Irak -mientras los fanáticos en el Gobierno de EE UU preparaban la guerra y propalaban mentiras-, Thomas Friedman escribió: "A Sadam se le puede disuadir porque ama la vida más de lo que odia a Estados Unidos. Pero a los Osama Bin Laden es imposible disuadirlos porque odian más a Estados Unidos de lo que aman sus vidas". La política de Bush, la invasión de Irak, las torturas y humillaciones han creado numerosos Osamas. Hagamos votos para que -sensible al lamento de Gandhi ("Siempre ha sido un misterio para mí el que los hombres puedan sentirse gratificados al infligir humillación a sus semejantes")- Barack Obama fije un nuevo y definitivo rumbo. Mientras tanto, ya digo, nunca olviden a John Yoo.
Emilio Menéndez del Valle, embajador de España y eurodiputado socialista.