No podremos pagar la hipoteca por ti

Por Rafael Leonisio, investigador del departamento de Ciencia Política de la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 18/08/08):

En España, es una costumbre muy arraigada que los poderes públicos traten de corregir los que ellos consideran malos hábitos de los ciudadanos. Para ello han empleado diversos métodos, siendo el más destacado la proliferación de anuncios, en muchos casos impactantes, en la televisión y en la prensa escrita. Quién no recuerda aquel gusano colándose en la nariz de un cocainómano o el ‘No podemos conducir por ti’, cuyo mensaje sería amplificado por unas declaraciones poco afortunadas del ex presidente Aznar. Y es que nos han dado todo tipo de consejos concernientes a nuestra vida privada, la mayoría respecto a nuestra salud y seguridad. Así, nos han aconsejado pasear, no automedicarnos, comer una cantidad diaria de frutas y verduras, conducir con precaución, no fumar, beber con moderación o ingerir mucha agua en días calurosos. Sin embargo, la Administración no ha sido tan prolija en consejos ‘económicos’, y en vista de la escalada del euríbor la verdad es que no habría estado de más, ya que el famoso índice ha hipotecado, y nunca mejor dicho, a toda una generación de españoles.

El euríbor cerró el mes de junio al 5,36%, encareciendo en tan sólo tres años un 56% la cuota de la hipoteca media. Es decir, y traducido a dinero, si la cuota hipotecaria media era de 574 euros en 2005 ahora es de 899, lo que supone 325 euros más al mes. Pero aquí no ha acabado la cosa. Según los expertos la última subida de tipos del Banco Central Europeo y la propia dinámica de la crisis financiera harán que el euríbor continúe su escalada (en julio cerró rozando el 5,4%) y que la deuda de miles de hipotecados pueda cruzar la línea roja del impago. Recientemente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha aludido a esta circunstancia, alertando de que 60.000 familias no pueden pagar la hipoteca y de que serán el doble a finales de este año.

Esta situación, ya de por sí peligrosa, se agrava por el hecho de que esas cuotas que están dejando a numerosos ciudadanos con el agua al cuello son en muchos casos de por vida. Y es que en estos últimos años se han estado firmando hipotecas a 30, 40 e incluso 50 años (es decir, en muchos casos hipotecas ‘post mortem’). Por tanto, aunque ésta puede ser una mala racha que algunos consigan superar, en demasiados casos la espada de Damocles llamada desahucio estará ahí para siempre. Porque el euríbor puede bajar otra vez, pero seguro que en las próximas décadas volverá a subir. y en algún momento podría cruzar la frontera que separa tener una casa o que ésta sea subastada por el banco.

La verdad es que la cuestión de las hipotecas de por vida está dando y dará que hablar por constituir el gran problema de esa generación que ahora mismo se encuentra en torno a la treintena. Gente que para poder emanciparse ha tenido que endeudarse hasta el límite (voluntariamente, todo hay que decirlo), despojándose de una gran parte de lo que ganará en su vida para repartirlo, casi a partes iguales, entre la persona que ha hecho negocio vendiendo un inmueble (en muchos casos pequeños o grandes especuladores) y el banco o caja que ha conseguido atarle a su entidad para siempre. Personas cuya situación personal estará condicionada por esa gran deuda a largo plazo, ya que muchos aspectos personales de su vida cotidiana se verán limitados: ¿Serán libres para protestar en el trabajo? ¿Y para despedirse y buscar otra cosa mejor? ¿Y para cambiar de ciudad? ¿Se atreverán a divorciarse? ¿Tendrán todos los hijos que deseen?

¿Era ésta una situación que se podía prever? Evidentemente, sí. Si el euríbor ya había estado en torno al 5% sólo era cuestión de tiempo que volviera de nuevo a esa cifra. ¿Deberían haber tomado los poderes públicos cartas en el asunto? En mi opinión sí, sin ninguna duda. Y no hablamos, por ejemplo, de medidas drásticas de intervención en el mercado como la limitación del periodo de endeudamiento, o de la creación de un potente parque de vivienda pública de alquiler (medidas todas ellas muy deseables y que habrían paliado el problema), sino de simple información a unos ciudadanos que en muchos casos firmaban hipotecas sin tener muy en cuenta lo que les podía venir encima. Porque a estas alturas parece claro que los bancos y las cajas se callaban, o bien decían con la boca pequeña que una hipoteca de 600 euros podía crecer hasta rozar los 1.000 en apenas tres años. Es ahí donde tenía que haber entrado el Estado, tal y como reza el artículo 51.1 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». Se puede pensar que no hicieron nada debido a que la economía española crecía gracias a la construcción y por tanto interesaba que la gente se endeudara para comprar casas. Sin embargo, visto que el calibre de las deudas que se estaban firmando no era como antes, sino que en demasiados casos suponía la posibilidad de impago hasta la jubilación (o más allá), el deber del Estado era informar de lo que podría pasar en el futuro.

Por eso creo que habría sido pertinente algún anuncio televisivo que explicara lo que podía pasar con el euríbor, anunciando que en caso de impago el Estado no podría hacerse cargo de la hipoteca de nadie. Un anuncio que tuviera como lema algo parecido a la frase que da título a este artículo. Digo esto último porque ya se oyen voces pidiendo al Gobierno que se encargue de parte de la cuota del préstamo de quienes no pueden pagar la mensualidad de su hipoteca, algo que éste no puede hacer (o por lo menos no debe) sobre todo por dos razones. Por un lado sería nefasto para la economía, ya que se daría la impresión de que ‘Papá Estado’ siempre estará ahí para corregir actitudes individuales tomadas irresponsablemente, y por tanto la misma situación, u otra similar, se volvería a repetir tarde o temprano. Pero también sería profundamente injusto para aquéllos que no adquirieron una vivienda, bien porque no pudieron o bien porque vieron la posibilidad de no poder hacer frente a la deuda en un futuro cercano. Es decir, no sería lícito que aquéllos que hicieron el cálculo correcto, y que por tanto se vieron privados de algo tan ansiado en este país como un piso en propiedad, financiaran vía impuestos a los que tuvieron la irresponsabilidad de endeudarse por encima de sus posibilidades.

Con todo esto no quiero decir que los poderes públicos tengan la culpa de unas decisiones tomadas por los ciudadanos de manera individual y bajo su exclusiva responsabilidad. Pero ya que nos han dado, y nos seguirán dando, tantos consejos sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer, no habría estado mal que hubieran avisado de que la llegada de esta situación era cuestión de tiempo y, sobre todo, de que los poderes públicos, es decir, todos los contribuyentes, no pueden hacerse cargo de parte de las cuotas hipotecarias de unos pocos que han hecho mal sus cuentas.