No politizar las decisiones de la UE en temas de competencia

La decisión de la Comisión Europea el mes pasado de impedir la propuesta de fusión ferroviaria de Alstom con Siemens fue un claro golpe para las dos empresas. También fue un importante revés para los gobiernos francés y alemán, que habían dado un fuerte respaldo al acuerdo.

Molestas por la decisión, ahora Francia y Alemania quieren cambiar las normas de fusión de empresas de la UE y dar a los estados miembros más peso en la evaluación de propuestas. Pero por tentador que parezca, es mejor que Europa no deje la ejecución de la política de defensa de la competencia en manos de sus políticos.

Los defensores de la fusión Alstom‑Siemens dijeron que crearía un “campeón europeo” en trenes de alta velocidad, capaz de rivalizar con la empresa china CRRC, que opera en un mercado interno grande y mayoritariamente cerrado y que –según aquellos– pronto podría aumentar su presencia en Europa. Pero no era evidente que esta fusión fuera necesariamente a mejorar la competitividad internacional de la industria ferroviaria de la UE. Al fin y al cabo, Alstom y Siemens ya tienen una posición dominante en sus respectivos mercados nacionales de sistemas de señalización ferroviaria y material rodante para alta velocidad.

Los defensores del acuerdo lo apodaron “Railbus”, haciendo referencia a la creación en 1970 de la fabricante europea de aviones Airbus. Pero Airbus iba a generarle competencia a Boeing, que en aquel momento tenía un cuasimonopolio en el mercado de la aviación comercial; en cambio, la fusión Alstom-Siemens hubiera reducido la cantidad de jugadores en la industria ferroviaria europea.

Es verdad que Europa debe tomar conciencia del desafío que plantean China y Estados Unidos. Las 20 mayores empresas de alta tecnología del mundo son chinas o estadounidenses, y lo mismo podría ocurrir en una o dos décadas en el sector médico, dados los avances en inteligencia artificial, análisis de macrodatos y genética. Pero el dominio sinoestadounidense obedece a muchos factores, que Europa no podrá contrarrestar por el mero hecho de habilitar megafusiones. Y aunque es comprensible la frustración de Alstom y Siemens por no tener acceso al enorme mercado de trenes de alta velocidad de China, la respuesta debería ser recurrir al procedimiento de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio o fortalecer la política comercial y de contratación de la UE, no debilitar la política de competencia.

Sin embargo, el 19 de febrero, los ministros de economía de Francia y Alemania anunciaron un plan conjunto para revisar las normas de fusión de la UE, con el objetivo de permitir la creación de “campeones industriales” europeos. Pero obligar a la Comisión Europea a incluir en sus decisiones otros criterios, por ejemplo la presencia internacional de las empresas, puede chocar con su mandato actual de proteger a la ciudadanía de la UE. Al fin y al cabo, la razón principal de la Comisión para bloquear el acuerdo Alstom‑Siemens fue el temor cierto a que provocara un encarecimiento de los sistemas de señalización y trenes de alta velocidad en Europa.

La nueva propuesta francoalemana daría a los estados miembros precedencia sobre las decisiones de defensa de la competencia tomadas por la Comisión, en “casos bien definidos”. Pero con tal de conseguir una fusión podría ocurrir que los políticos nacionales definan esos casos vagamente. Es verdad que determinar el mandato general de las autoridades europeas para la competencia es tarea para funcionarios electos, pero lo referido a la ejecución de ese mandato debería quedar en el ámbito de la comisaria europea de competencia y de la Dirección General de Competencia.

Hay buenos motivos para que sea así. En primer lugar, los políticos están sujetos a un intenso cabildeo por parte de grandes empresas y organizaciones industriales, que pueden estar más interesadas en limitar la competencia que en promoverla. Asimismo, las presiones políticas alentaron períodos de excesiva expansión crediticia a través de una supervisión bancaria insuficiente y condiciones monetarias generosas, lo que llevó finalmente a la independencia de los bancos centrales. Y en industrias de redes como las telecomunicaciones y la energía, los políticos tienden a promover un abaratamiento artificial del precio que pagan los usuarios, lo cual puede desalentar la inversión (por eso a inicios del siglo XX, Estados Unidos dejó la supervisión de la rentabilidad de las empresas de servicios públicos en manos de tribunales independientes).

En segundo lugar, incluso si los funcionarios electos resistieran esas presiones, no tomarían decisiones necesariamente mejores que las autoridades de la UE en la actualidad. La Dirección General de Competencia cuenta con personal dedicado, incluidos unos 30 doctores en economía especializados en temas de competencia. Es dudoso que los ministerios de los gobiernos nacionales en Berlín, París u otras capitales europeas quieran, o puedan, reunir semejante concentración de personal cualificado.

Finalmente, decir que la autoridad de la UE para la competencia tiene demasiada injerencia es infundado. Todo lo contrario; la Comisión Europea autoriza la mayoría de las fusiones sin imponer a las empresas medidas correctivas relacionadas con la competencia. En 2018, por ejemplo, la Comisión aprobó incondicionalmente 370 fusiones, y otras 23 con algunas condiciones (o “compromisos”); en la mayoría de los casos, tras sólo un mes de investigación. Sólo impidió dos fusiones en 2017, ninguna en 2018 y menos de 30 desde la aprobación del Reglamento de Fusiones de la UE en 1990.

El malestar político por el rechazo de una sola fusión –por importante que fuera– no justifica cortar el largo historial de independencia de las autoridades de la UE para la competencia. Felizmente, todavía es posible una política industrial para Europa, siempre que no implique la costumbre francesa de que los ministros elijan a los ganadores. Sería mejor idea una política paneuropea inspirada en los ejemplos exitosos de países como Corea del Sur y Estados Unidos; en el segundo, por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), la Fundación Nacional para la Ciencia y los Institutos Nacionales de Salud han sido generadores de tecnologías del siglo XXI.

Esta modalidad, lejos de contradecir la política de competencia de la UE, ayudaría a aumentar la productividad y competitividad internacional de la industria europea. Pero para eso es necesario que los políticos nacionales europeos estén alejados de las decisiones cotidianas en materia de competencia.

Patrick Rey is Professor of Economics at the Toulouse School of EconomicsJean Tirole, the 2014 Nobel laureate in economics, is Honorary Chairman of the Toulouse School of Economics and Chairman of the Institute for Advanced Study in Toulouse. His most recent book is Economics for the Common Good. Traducción: Esteban Flamini.

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