¡Qué tiempos aquellos donde el presente y el futuro estaban más o menos cantados! Salimos de una dictadura, y la democracia de corte occidental, con sus pros y sus contras, hacía acto de presencia en la vida de los españoles con la intención de quedarse para muchos años. Una Constitución apoyada masivamente por los ciudadanos nació un 6 de diciembre de 1978 con la idea de permanecer por muchos años. Esa Constitución garantizaba la existencia del pluralismo ideológico y levantaba el freno de mano que el franquismo había puesto en el reconocimiento de la diversidad y de los hechos diferenciales de nuestro país. El centralismo político y administrativo dio paso a un Estado descentralizado que repartía el poder donde la suma no era nunca cero. Todo ello bajo la capa de una Monarquía parlamentaria, donde la soberanía residía en el conjunto de los ciudadanos y encarnado el Estado por el Rey. Los Pactos de la Moncloa aseguraban un futuro de crecimiento económico y un desarrollo equilibrado de España que se vio reforzado por la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Los españoles confiábamos el Gobierno central a una de las dos grandes opciones políticas —centroizquierda y centroderecha— sabiendo que cuando fallara una, ahí estaba la otra para conducir el destino de los españoles. Más o menos, el presente estaba garantizado y el futuro asegurado.
Treinta y cinco años después, da la sensación de que no sabemos nada de lo que somos y de lo que nos espera. Hemos perdido la fe y la esperanza y se tiene la impresión de que todo está patas arriba sin que se sepa por dónde vamos a navegar y qué rumbo lleva la nave. Unos son partidarios de dejar la Constitución como está y otros desean una modificación o anulación de la misma. Quienes desean esto último no son capaces de exteriorizar las razones de esa derogación ni por qué tipo de Constitución sería sustituida la actual. Quienes pretenden su modificación tampoco aclaran el sentido y el alcance de la misma.
A lo más que se llega, por parte de los primeros, es a anunciar un cambio de régimen, sustituyendo la Monarquía por la República, pero sin aclarar a qué tipo de República pretenden llegar. ¿A la portuguesa o italiana? ¿A la francesa o a la norteamericana? De la certeza de la Monarquía parlamentaria hemos llegado a la indefinición de la República y ahí seguimos, sin que se aclare cómo y hasta dónde.
Los segundos, los partidarios de la reforma, nos incitan a la misma bajo el señuelo del Estado federal, sin que se especifique qué cambios serían necesarios para dejar el actual Estado descentralizado y pasar al federal. ¿Qué tipo de Estado tenemos ahora? O es un Estado centralista o es un Estado descentralizado. Como no es lo primero, no existen dudas de que es lo segundo. ¿Qué es un Estado descentralizado, sino un Estado federal? “El Estado de las autonomías ha tocado fondo”, dicen algunos; ¿por qué modelo lo sustituirían ellos?
Los partidarios de la Monarquía parlamentaria se dividen entre los que desean ver un gesto que ratifique el empeño del Rey, don Juan Carlos, en mantenerse al frente de sus responsabilidades institucionales y los que aspiran a una abdicación que haga del príncipe de Asturias el soporte de esa Monarquía. Nadie está seguro de si ocurrirá lo uno o lo otro.
Las encuestas que se publican con cierta frecuencia sobre la intención de voto de los españoles difieren de las que se hacían públicas a lo largo de los últimos 30 años. En esos sondeos, se testaba el estado de salud de PSOE y PP; el debilitamiento de uno significaba el fortalecimiento del otro, de tal manera que los españoles sabíamos que, o seríamos gobernados por una opción de centroizquierda, o por otra de centroderecha. Hoy ni el centroizquierda ni el centroderecha se presentan ante la opinión pública como garantes de la gobernabilidad de España. Ni uno ni otro se aproximan a una mayoría suficiente que proporcione estabilidad en la gobernación futura de nuestro país. No sabemos por quiénes seremos gobernados dentro de dos años. Crecen los partidos marginales sin que sepamos sus intenciones políticas. No se sabe muy bien qué es el partido Unión, Progreso y Democracia ni qué es la actual Izquierda Unida.
Nadie dudaba de que el reparto competencial entre el poder central y las comunidades autónomas sería fuente de conflictos. Todos sabíamos que la financiación autonómica traería rencillas y peleas entre los territorios entre sí y entre estos y el Gobierno central. Pero estaba asegurada la unidad de España, que nadie ponía en duda tras el resultado de la votación de la actual Constitución. La unidad no era asunto a debatir. Hoy, también eso ha entrado en la escena política para que no falte de nada en este batiburrillo en que se ha convertido España. Pasaremos un largo año sin que nadie sepa a ciencia cierta si habrá o no referéndum en Cataluña para decidir si quieren o no seguir dentro de este proyecto colectivo.
Para más inri, durante años sabíamos que la lucha contra el terrorismo etarra iba a ser larga y dolorosa, pero que, al final, los demócratas ganaríamos. Hoy ETA parece ser que se ha rendido y que los demócratas hemos ganado, pero solo parece ser, porque las opiniones están repartidas y ya no sabemos si hemos ganado los demócratas o han ganado los terroristas.
El Gobierno saca pecho en las últimas semanas y sus discursos dan a entender que la crisis ha concluido y que España es un ejemplo para el mundo. Para algunos, esa es una verdad indiscutible; para otros, eso no es más que una vulgar propaganda que no se sostiene si se ponen al lado del triunfalismo gubernamental las cifras de parados y las pobres expectativas de recuperación de la economía familiar y empresarial. No sabemos si estamos, o no, saliendo de la crisis y no sabemos qué futuro espera a millones de jóvenes que, cada vez más, encuentran oportunidades en mercados laborales ajenos al nuestro.
A la vista de esta panoplia de incertidumbres, cabe preguntarse por la manera en que los españoles fuimos capaces de crear certidumbres donde solo había dudas tras la muerte del dictador. Nuestra experiencia es corta. Se remonta a 1977. Tuvimos que hacer frente a una crisis similar, fortaleciendo nuestras instituciones al mismo tiempo. El objetivo fue lograr la democracia. El método empleado fueron los Pactos de la Moncloa. El consenso, el instrumento del que nos servimos. No debemos olvidar esa experiencia. El consenso fue la fórmula empleada para resolver los problemas mediante el acuerdo. El consenso es el fundamento que da respuesta al disenso que caracteriza el debate democrático. Gracias a eso se hicieron dos cosas: 1. Culminar un proceso constituyente. 2. Hacer las reformas económicas con las que remontar la crisis, con la voluntad de incorporarnos a Europa.
Remando a contracorriente, estimo que el debate político, la política, son ahora tan necesarios como entonces. Sería un fracaso de la democracia que unas minorías, politizadas, se impusieran a una mayoría pasiva, escéptica, desmoralizada, desconfiada de la política y alejada de sus instituciones representativas. Esa es la tarea que deberían emprender inmediatamente PP, PSOE y todos aquellos que quisieran unirse a ese consenso para ser capaces de alejar las incertidumbres y forjar un presente que nos despeje el futuro. ¿O se pretende que sigamos en la inopia y sin futuro?
Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.