Los programas Next Generation EU nacieron para construir la Europa de la nueva generación. Hoy, cuando se trata de establecer la reconstrucción económica tras la pandemia, se han convertido en el instrumento excepcional del acuerdo de endeudamiento compartido, fructificado en el Fondo Europeo de Reconstrucción del que España recibirá 140.000 millones de euros en seis años, 72.700 en transferencias directas.
De su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) obtendremos 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Además, recibiremos 12.400 millones de euros del programa ReactUE para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por la Covid-19.
En suma, se trata de una oportunidad histórica para solventar problemas estructurales del modelo productivo español con criterios socio-ambientales, reforzar su tejido, minimizar sectores o actividades contaminantes, optimizar las sostenibles, y materializar las diversas transiciones que cada sector debe acometer para alcanzar un desarrollo sostenible, que la ONU persigue para 2030. Pero esos cambios potenciales pueden quedar truncados, si esta inédita inyección económica no se articula con una mirada ecosocial rigurosa y ambiciosa. ¿Qué focos se vislumbran como problemáticos para que la inversión de estos fondos sea realmente verde y justa?
1) La premura y la tenue claridad pueden causar problemas. Mientras se afinan los textos del MRR y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —que el Gobierno debe mostrar a la Comisión Europea (CE) antes del 30 de abril de 2021— las Comunidades Autónomas, algunas consultoras y grandes empresas, presentan sus proyectos a contrarreloj, muchos de ellos sin apuntar a una transformación socioambiental.
La CE tendrá dos meses para evaluar el plan nacional que presente España, y el Comité Económico Financiero un mes para opinar. A partir de ahí, surgen incógnitas sobre la eficacia de la estructura y organización diseñada por el Gobierno para la gestión, la adecuada elección de las inversiones, la ejecución de los fondos, o respecto a cómo garantizar el acceso simétrico de todos los agentes a los mismos, y a la información para obtenerlos.
2) Surgen dudas sobre la capacidad y condicionalidad verde. Si las Administraciones no tienen medios para gestionar bien los fondos, crece el riesgo de externalizarlos expeditivamente al sector privado en proyectos sin criterios sostenibles, por la escasa condicionalidad verde del MRR. Así, aunque la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo excluyó de las inversiones a las energías fósiles (principal causa del cambio climático), y aceptó elegirlas aplicando la taxonomía (metodología técnica que clasifica las actividades contaminantes), al final, las Comisiones de Presupuestos y Economía, que lideran los fondos, no excluyeron ninguna actividad contaminante, y sólo aceptaron la taxonomía para el 40% de “inversiones verdes”, relajando las exigencias. Para el resto, es suficiente con aplicar el principio de “no causar daño significativo”.
3) Se puede acabar favoreciendo principalmente a grandes actores privados en sectores como la energía, construcción, logística, transporte, telecomunicación, alimentación, etc. en detrimento de los pequeños. Actualmente, muchas empresas están movilizadas para atraer fondos, y numerosos proyectos son de iniciativa privada, —un tercio de los de Andalucía, por ejemplo—. Sin embargo, los artículos 9 y 51 del borrador del Real Decreto Ley para gestionar los contratos financiados con estos fondos europeos apuntan la posibilidad de privatizaciones y colaboraciones público-privadas poco garantes.
Hay que tomar en consideración que las Pymes están repercutiendo más la crisis, y crean el 66% del empleo nacional según el DIRCE. Así que una falta de diversidad y simetría en el reparto de fondos hacia los pequeños y medianos actores podría relegar inversiones más redistributivas, afectar al tejido productivo, comercial, a emprendimientos sostenibles, o a servicios públicos.
4) Hay que reconocer las verdaderas oportunidades. Es vital distinguir qué inversiones crean verdadera resiliencia entre todos los lavados verdes y sociales surgidos al calor de los fondos, de industrias, empresas o Comunidades que tratan de adaptar proyectos antiguos insostenibles con argumentos afines a la coyuntura.
5) Conviene evitar los compromisos que lastren la transición sostenible y que favorecen a sectores intensivos en emisiones, sin condicionalidad verde. Un ejemplo es el automovilístico que recibirá el 14% de los fondos (250 millones de ellos para el Plan Renove que incluye a los vehículos más contaminantes), o la aviación, que ha solicitado rescates gubernamentales en Europa por valor de 34.400 millones, sin condiciones climáticas vinculantes.
Siendo España el máximo productor agrario ecológico de la UE y el cuarto global (la mayor parte se exporta), resulta que lo destinado a agricultura de los fondos en los Presupuestos Generales es insuficiente y no se dirige a su transición. La dotación del programa de Competitividad y Calidad Alimentaria para la agricultura ecológica cae un 20% respecto a 2018. Y todo parece indicar que la nueva Política Agraria Común, de la que recibiremos 47.700 millones, favorece más a la agroindustria y a grandes explotaciones (más contaminantes) que a las pequeñas, medianas o ecológicas.
6) Cuidado con el paso del “quien contamina paga” al “quien contamina gana”. Uno de los objetivos declarados de los fondos es evitar la contaminación, pero puede darse la paradoja de que finalmente empresas, sectores o países —como Polonia, Rumanía o Hungría, más dependientes de energías fósiles— que contaminan más, se embolsen más fondos, frente a aquellos que son más limpios.
7) La digitalización plantea problemas por su huella ecológica y la plausible destrucción de empleo, pero también porque se dará luz verde en España a proyectos mineros a cielo abierto, con impacto socioambiental. Esto entra dentro de la estrategia de digitalización para tratar de reducir la dependencia de materiales críticos. Además, por otro lado, existe el riesgo de socializar pérdidas de empresas vinculadas a los procesos de digitalización, si acumulan exceso de financiación y deuda.
8) El problema de la falta de armonización. A nivel nacional y europeo urge armonizar normas, reglamentos, estrategias, leyes climáticas, acuerdos, pactos, planes, políticas o presupuestos. Además, éstos a su vez deberían estar en consonancia con las inversiones, fiscalidades verdes, reparto de emisiones, sectores difusos, el Acuerdo de París, las recomendaciones del IPCC, etc. Las piezas de este complejo puzle aún no encajan para que la ansiada recuperación sostenible sea efectiva, sin dejar a nadie atrás.
El contexto actual requiere hilar muy fino. Malgastar esta oportunidad supone vaciar de contenido económico, práctico y semántico los fondos Next Generation, e hipotecar el bienestar de generaciones.
Brenda Chávez es periodista especializada en sostenibilidad y autora de Al borde un ataque de compras (Debate).