Nadie pone en duda que el sistema de pensiones debe evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Esta es una buena propiedad de todo sistema de pensiones. No obstante, en una situación tan excepcional como la que estamos atravesando, donde la economía, sin haberse recuperado aún de los efectos de la pandemia, está siendo golpeada por una subida de precios de la energía generada por la guerra de Ucrania, es necesario que el sistema cuente con válvulas de escape que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años. Esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo se está pidiendo también a los trabajadores, para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación y, en consecuencia, se debería exigir a los jubilados con pensiones más altas. La inflación media del año 2022 es excepcional, una tasa superior al 8,5% que no se había visto en España desde el año 1983.
Se debería sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por una subida en función de la cuantía de la pensión. En particular: las pensiones mínimas deberían subir más que la inflación, un 11%; las pensiones bajas (hasta 12.000 euros anuales), deberían subir con la inflación; el resto de las pensiones, deberían subir menos del 8,5%; y las pensiones más altas, en la misma proporción que el sueldo de los funcionarios, un 2,5%, aunque con un compromiso de recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo. Cabe señalar que la pensión máxima (39.500 euros al año) supera casi en 15.000 euros el salario medio en España (25.125 euros) y en más de 5.000 euros el salario medio de los empleados públicos (34.608).
Esta propuesta es más solidaria para los pensionistas más pobres y vulnerables, pues para ellos la subida es del 11%, y no del 8,5%. Más del 40% de los pensionistas van a ver revalorizada su pensión en una mayor cuantía que la subida generalizada. De este modo, se estaría centrando el uso de los recursos escasos en los pensionistas más necesitados.
Una subida generalizada de todas las pensiones en una situación económica tan complicada resulta muy regresiva. La pensión mínima asciende a 10.100 euros al año y la pensión máxima a 39.500 euros al año. Por lo tanto, una subida generalizada del 8,5%, supone un aumento de 860 euros para los que perciben una pensión mínima, pero un aumento de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. Es decir, con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tiene la pensión mínima.
Esta propuesta es también más justa con los jóvenes, pues permite un ahorro de entre 6.000 y 7.000 millones de euros con respecto a la subida generalizada. Y dado que es una subida que se consolida en el tiempo, en el transcurso de 10 años, supondría un ahorro de entre 65.000 y 75.000 millones de euros.
Esta propuesta permite un uso alternativo del ahorro en programas que benefician a los jóvenes, mejorando así la justicia intergeneracional. Por ejemplo, permitirá amortizar en 10 años entre 65.000 y 75.000 millones de euros en deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes. O, alternativamente, permitirá incrementar el presupuesto en educación pública entre 6.000 y 7.000 millones de euros cada año, situándonos en la media del gasto en educación de los países industrializados.
Por último, es importante tener en cuenta que el mecanismo de revalorización de las pensiones establecido en la reforma de 2021 es asimétrico en el sentido de que, si los precios caen y entramos en un periodo de deflación, las pensiones no se pueden reducir. Este es un motivo adicional para ser prudentes con la subida generalizada de las pensiones en situaciones de subidas de precios tan excepcionales como las actuales.
En definitiva, esta propuesta no solo es más eficiente, sino que además es más justa para los pensionistas más vulnerables y para los jóvenes.
José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense, y Manuel Díaz Mendoza son investigadores de Fedea.