Enfilamos la recta final de una larga campaña que comenzó con las elecciones europeas de 2014, punto de inicio de un cambio de ciclo político. Las elecciones autonómicas de este año nos han enseñado que, gane quien gane las próximas elecciones generales, formará gobierno el partido que más apoyos logre en el debate de investidura. Siempre ha sido así, pero hasta hoy, quedar en primer lugar era sinónimo de gobernar, ya no.
Según todas las encuestas, no solo será necesario una coalición de dos partidos para formar gobierno sino que, además, esta coalición necesitará apoyos de otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría. Y salvo una muy improbable coalición entre los dos partidos mayoritarios, sin Podemos o Ciudadanos no se podrá formar gobierno, e incluso así, los grupos nacionalistas serán determinantes en la votación, en medio del mayor desafío independista que afronta nuestra democracia.
Nuestro sistema electoral nació en pleno haraquiri franquista, para ser constitucionalizado por la UCD y ya en democracia, consagrado como ley orgánica por el PSOE. El sistema electoral ha servido para: 1) Favorecer la formación de Gobiernos mayoritarios, gracias a una veintena de escaños que se asignan a los dos principales partidos de forma adicional a los votos recibidos; 2. Primar Gobiernos de centro-derecha (sobrerrepresentando el voto rural); 3. Garantizar una representación proporcional a los principales partidos nacionalistas, convirtiéndolos durante años en bisagra de la política nacional; 4. Reforzar a las direcciones de los partidos políticos, gracias al monopolio en la selección de candidatos electorales a quienes se les garantiza su posterior elección mediante listas cerradas y bloqueadas.
El sistema electoral ha permitido la formación de mayorías estables, la alternancia en el Gobierno y una reducción considerable de la sopa de letras que caracterizó el primer sistema de partidos políticos, pero también ha primado a los partidos mayoritarios en la misma medida que ha castigado a las terceras y cuartas fuerzas nacionales, distorsionando año tras año la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
En las últimas elecciones generales, UPyD necesitó 228.048 votos por diputado, frente a los 63.399 del PSOE o los 58.230 del PP. IU con el 7,02% de los votos apenas obtuvo el 3,14% de los escaños, algo que le viene ocurriendo desde las elecciones del 79. Hasta ahora esta subrepresentación de las terceras y cuartas fuerzas nacionales nunca fue un problema político, pues la distancia con los primeros partidos era muy grande.
Las últimas encuestas estiman que PP y PSOE apenas conservarán el 50% de los votos, y que Podemos y Ciudadanos obtendrán en torno al 34%. Si trasladamos estos números a escaños con las debidas cautelas, PP y PSOE lograrían cerca del 60% de los escaños, y Podemos y Ciudadanos, menos del 29%. ¿Cuál cree que será la primera reforma que estos dos últimos partidos pongan sobre la mesa cuando PP o PSOE les llamen a formar gobierno?
El PP lo sabe, por eso propone una reforma para que en los Ayuntamientos gobierne la lista más votada. Los conservadores siempre han apostado por la gobernabilidad que garantizan los sistemas mayoritarios, pero fue el PSOE quien consolidó el sistema electoral de la transición cuando en 1982 con el 40,82% de votos, logró el 50,57 % de los escaños. La izquierda, tradicionalmente partidaria de la proporcionalidad, olvidó la defensa de la igualdad de voto entre españoles y abrazó el modelo que Alfonso Osorio y Óscar Alzagra habían diseñado para garantizar una sólida mayoría al centro-derecha español.
Con la crisis y el nacimiento de nuevos partidos, el actual modelo se agota y no habrá Gobierno sin un acuerdo sobre la reforma electoral. Y no solo porque es poco probable que los partidos políticos perjudicados en el reparto de escaños acepten seguir siéndolo y, además, respaldar a los partidos beneficiados. La reforma electoral se hace necesaria porque los ciudadanos ya han cambiado sus preferencias electorales. Los ciudadanos ya han decidido que quieren un Parlamento más diverso y con más partidos con capacidad de influencia, es decir, un Parlamento obligado al diálogo y al pacto, algo que no será posible sobre la base de un voto desigual y una asignación de escaños caprichosa.
El sistema electoral que viene será más proporcional pues forma parte de nuestra cultura política. Sin reformar la Constitución, caben pequeñas mejoras ya apuntadas por el Consejo de Estado en 2008, pero mientras se mantenga la provincia, un distrito electoral muy heterogéneo, será imposible lograr una mínima igualdad de voto entre españoles y una justa asignación de diputados entre partidos.
Además, cualquier reforma del sistema electoral deberá mejorar la conexión entre diputados y electores, preferiblemente inspirándose en el modelo alemán que permite que una parte de los diputados sean elegidos por distritos unipersonales, es decir, habrá dos papeletas a disposición de cada votante, una personal y otra de listas, algo que ya contemplan Ciudadanos y Podemos en sus programas electorales, y que líderes socialistas han defendido abiertamente.
Y lo más importante: las garantías electorales no deben empezar a actuar cuando se presentan los candidatos a las juntas electorales sino cuando estos son seleccionados en el interior de los partidos. Seleccionar los candidatos por afiliados y simpatizantes es la mejor medida de apertura y democratización de unos partidos con un funcionamiento muy opaco para la sociedad. Pero sin reglas comunes, las primarias quedan en manos de la dirección de los partidos que las diseñan en función de sus intereses, provocando los tristes espectáculos de meses pasados. La próxima legislatura oiremos hablar de primarias obligatorias y reguladas por ley.
Los profesores Lago y Montero en un extraordinario informe, Todavía no sé quiénes, pero ganaremos: manipulación política del sistema electoral español, citan la famosa frase de Pío Cabanillas, ministro con Franco y Suárez, quien recién aprobado decreto ley electoral de marzo de 1977 buscaba nombre para la que luego sería la UCD. Unos 38 años después, con unos partidos y una sociedad plenamente democrática, el sistema electoral se nos ha quedado viejo.
Joan Navarro es sociólogo, fundador de +Democracia, entidad promotora de la reforma del sistema electoral.