No, señores de Amnistía: Israel no aplica ningún apartheid

Como dijo un sabio, el antisemitismo no es un conjunto de creencias, sino un conjunto de contradicciones. Antes del Holocausto, los judíos eran odiados porque eran pobres y porque eran ricos. Porque eran comunistas y porque eran capitalistas. Porque se mantenían en guetos y porque se infiltraban en todos los círculos. Porque se aferraban a creencias religiosas arcaicas y porque eran cosmopolitas sin piedad que no creían en nada.

El antisemitismo es un virus que sobrevive gracias a sus constantes mutaciones. Hoy, se odia a los judíos gracias a su floreciente Estado nación: Israel. La nueva cepa ha hecho que el antisionismo sea el nuevo antisemitismo.

Hace una semana, una ONG venida a peor, Amnistía Internacional, publicó bajo la forma de un “informe” una versión desmejorada de los Protocolos de los sabios de Sion con el título El apartheid de Israel contra los palestinos: un cruel sistema de dominación y un crimen contra la humanidad.

Es la misma ONG que en otro “informe” de 2011 pidió que no se calificara a ETA de terroristas para no herir sus sentimientos. O que afirmó que el Gobierno de España había intervenido de forma violenta durante los eventos del 1 de octubre de 2017 contra manifestantes pacíficos y que debía liberar a los políticos injustamente encarcelados.

El apartheid (separación en afrikáans) se basa en una segregación racial completa que va desde las escuelas hasta el trabajo pasando por los lugares de recreo y esparcimiento o las universidades. E incluso por la prohibición de matrimonios mixtos y el despojamiento del derecho al sufragio de una parte de los ciudadanos.

El uso por Amnistía Internacional de la palabra apartheid, sin conocimiento de cómo o para qué se usa este término, supone una cruel banalización de esa palabra y un insulto a la memoria de personajes como Nelson Mandela, que luchó toda su vida por vencer a la segregación en su país.

Pero así es el antisemitismo. No intenta ser coherente o lógico, sino criminalizar a todo un pueblo.

¿Es culpable de apartheid un país en el que el 26% de los licenciados universitarios, un juez del Tribunal Supremo, el 9% de los jueces de tribunales inferiores, más de 1.500 soldados y catorce diputados (e incluso algunos ministros) pertenecen al grupo supuestamente oprimido?

¿Es culpable de apartheid un país donde el grupo supuestamente oprimido tiene los mismos derechos electivos, activos y pasivos, que la población supuestamente opresora?

¿Es culpable de apartheid un país donde un miembro del grupo supuestamente oprimido, Majalli Wahabi, llega a ser temporalmente presidente?

No, no y no, señores de Amnistía Internacional. No lo es.

Apartheid es el que se produjo en algunos países del mundo musulmán y que provocó el éxodo de más de 900.000 judíos.

En esos países, las persecuciones y el apartheid dejaron poblaciones judías de cincuenta personas en Argelia (de una población original de 140.000 en 1948); cien en Egipto (de 75.000); diez en Irak (de 135.000); noventa en el Líbano (de 5.000); cero en Libia (de 38.000); cien en Siria (de 30.000) y cuarenta en Yemen (de 63.000).

Es decir, 3.330 de un total de 900.000 para el conjunto de los países árabes. Sin contar los 8.300 (de 100.000) que quedan en Irán o los seis (de 55.000) que quedan en Yemen.

El “informe” de Amnistía Internacional obvia que la población árabe de Israel es hoy de casi dos millones de personas. Es decir, el 21% de la población total. Obvia también que el 98% de la población palestina de Jerusalén del este es, bien residente, bien ciudadana israelí. O que hay regiones en las que la comunidad árabe representa el 75% del total de la población.

Si el “informe” de Amnistía Internacional es correcto, Israel sería el único país de la historia cuyo régimen de apartheid lleva a la población supuestamente oprimida a pasar de 156.000 almas en 1948 a 2.000.000 en 2021.

Si el “informe” de Amnistía Internacional es correcto, resulta difícil entender cómo un sondeo realizado por el diario en árabe Kul Al-Arab entre las grandes poblaciones limítrofes con Cisjordania arrojaba que el 83% de los habitantes de localidades como Um Al-Fahm preferirían permanecer bajo jurisdicción israelí y que el 54% prefería permanecer en un régimen democrático como el actual. Otro 18% se declaraba satisfecho con la situación actual.

Violencia y opresión hacia poblaciones minoritarias es la que sufren los homosexuales en Gaza o Cisjordania.

Violencia y opresión es la que sufren las mujeres que, en Gaza o Cisjordania, quieren vivir con plena libertad y no depender de sus padres, sus hermanos mayores o sus maridos

Violencia y opresión es la que sufren los habitantes de Gaza o Cisjordania que desean vender sus tierras a ciudadanos israelíes y que, por eso, se enfrentan a la pena de muerte.

Violencia y opresión es la que sufren los habitantes árabes cristianos de Gaza, el 50% de los cuales ha huido tras la llegada de Hamás al poder.

Eso es violencia y opresión, señores de Amnistía Internacional.

Esta nueva versión de los Protocolos publicada por Amnistía Internacional favorece e incita a la violencia por parte de un sector de la población hacia el otro. Además, encaja a la perfección en la definición de antisemitismo propuesta por la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) y aceptada por más de 30 naciones y organizaciones. Entre ellas España, la Unión Europea o el Consejo de Europa.

Dicha definición condena, por ejemplo, “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. O “denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista”.

Señores de Amnistía Internacional, esto es violencia. En cuanto empiecen ustedes a hacer campaña contra el racismo palestino, contra la intimidación y el asesinato de cristianos en Oriente Medio, o contra los ataques a los derechos humanos esa región, se habrán ganado el derecho a ser tomados en serio.

Hasta entonces, sólo podemos considerarlos peones políticos en un juego muy peligroso.

Maxo Benalal es secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España.

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