No sobran funcionarios

Por Francisco Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de Esade (EL PERIÓDICO, 06/12/07):

Dice Juan Rosell, presidente de Foment del Treball, que hay 150.000 funcionarios que no tienen trabajo, y considera necesaria una gran reforma de la función pública para mejorar la competitividad de las empresas. Las palabras del presidente de la patronal catalana han gozado de un amplio eco en los medios y tienen el mérito de impulsar un debate sobre temas importantes que rara vez calan en la opinión pública. También hay en ellas aspectos discutibles que aconsejan una reflexión matizada.
Para empezar, ¿sobran funcionarios?. Hay en España, aproximadamente, 2.550.000 empleados públicos, y de ellos unos 280.000, en Catalunya. No resulta fácil decir si son demasiados. Si atendemos al índice de funcionarios por habitante en los países de la UE, solo en aquellos situados por debajo de nosotros en cuanto a nivel de desarrollo encontramos cifras inferiores a las nuestras. Los países más avanzados, como el Reino Unido, Holanda o Dinamarca, por poner ejemplos, tienen más funcionarios que España y que Catalunya en relación con sus poblaciones respectivas. Claro que no es esta la única vara de medir, ya que la actividad del Estado contemporáneo se despliega en múltiples formas, que solo a veces implican la existencia de funcionarios.

EN REALIDAD, la mayor parte del gasto público se destina a finalidades que no suponen la gestión directa de servicios por parte de los gobiernos y sus organizaciones. Probablemente, resulta por ello más útil comparar el peso global del sector público que las cifras de empleados, y en ese aspecto, si atendemos al porcentaje de gasto público con relación al PIB, estamos a un nivel parecido al de los países centrales de la UE. Algo nos diferencia, eso sí, de esos países, y es que en ellos se han desarrollado en las últimas décadas vigorosas reformas de la gestión pública, lo que nos acerca, en realidad, al meollo del asunto. Pero antes conviene detenerse un momento en la cuestión de la productividad.
Según un estudio de los economistas Manuel Balmaseda y Ángel Melguizo, publicado este mismo año por el Círculo de Empresarios, si la productividad del sector público hubiera evolucionado en el 2003 como la del sector privado, el PIB de la economía española habría sido un 4,7% superior. Añade el propio estudio que si la productividad del sector público español hubiera sido igual a la media de los sectores públicos de la UE-15 (la anterior a la ampliación del 2004), el PIB español superaría al actual en un 5,7%, lo que equivale a 32.000 millones de euros. Para entendernos, más que la suma de todo el gasto estatal del 2007 en infraestructuras, desempleo y vivienda. En realidad, es aquí, más que en las cifras de funcionarios, donde vale la pena fijarse. Tenemos un empleo público mucho menos productivo que nuestro empleo privado, y también significativamente menos que el empleo público de los países que nos deben servir de referencia.
La explicación no es otra que una persistente falta de atención de los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno –central, autonómico y local– al funcionamiento de las administraciones. En concreto, en lo que al empleo público se refiere, existe un problema endémico de rigidez, agravado con el paso de los años. Los gestores públicos se encuentran cada vez más agobiados por el peso de las regulaciones y los procedimientos administrativos. La incapacidad de los gobiernos para desarrollar unas relaciones laborales equilibradas ha permitido a los sindicatos del sector público imponer acuerdos colectivos de los que derivan cada vez mayores restricciones a una gestión eficiente. Sucesivas reducciones de jornada sin contraprestación alguna han conducido a diferenciales en el tiempo de trabajo que agravan la brecha de productividad con el sector privado.
Para muchos directivos públicos, la obsesión es conseguir fórmulas organizativas (empresas públicas, consorcios, agencias) que les permitan mayor autonomía de gestión, aunque sea al coste de fragmentar la Administración e incrementar los costes de coordinación. La externalización y subcontratación de servicios tienden a generalizarse –a veces, más de lo que sería razonable– a la búsqueda de más flexibilidad y productividad del trabajo.

¿QUIÉN PUEDE afrontar el problema? En España, fundamentalmente, las comunidades autónomas, de las que dependen hoy, directa o indirectamente, tres de cada cuatro funcionarios, si incluimos a los más de 600.000 empleados locales. Aunque Rosell ha hablado de excedentes en la Administración central, el verdadero problema está, no solo por el peso cuantitativo, sino por la trascendencia de su funcionamiento en la vida de los ciudadanos y las empresas, en los niveles subestatales. En materia de empleo público, el reciente Estatuto Básico confiere a los gobiernos autonómicos capacidades importantes para definir modelos propios de gestión. En el caso de Catalunya, además, esta capacidad se verá reforzada, cabe esperar, por el nuevo Estatut. No hay en estos momentos justificación para no emprender las reformas necesarias para modernizar, en este y otros aspectos, la gestión pública catalana ¿Dará algún día el Departament de Governació señales de vida?