No solo es un fondo

Está a punto de constituirse el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, el FROB, unas nuevas siglas que deberemos aprender en esta crisis salpimentada de acrónimos. Si el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, el FAAF, se creó en octubre del año pasado para solventar las necesidades de refinanciación de cajas y bancos durante los años 2009 y 2010, este nuevo fondo tratará de solucionar los problemas de solvencia de algunas entidades, fundamentalmente cajas de ahorros, mediante inyecciones de capital.
Las entidades financieras captan dinero de unos clientes para prestarlo a otros. Por ello nunca sería viable reembolsar simultáneamente todos los ahorros al estar invertidos. Este equilibrio se basa en la confianza y los reguladores la refuerzan estableciendo una relación mínima entre el capital de una entidad y los activos que puede invertir.

La coyuntura actual hace que algunos clientes de cajas y bancos tengan dificultades para devolver sus préstamos, lo que se traduce en un incremento de morosidad. Un crédito en mora es dinero prestado que probablemente no se pueda recuperar. Y como los créditos se dan, fundamentalmente, con el dinero captado de los clientes, la entidad financiera debe hacerse cargo de ese quebranto para no perder la confianza del resto de sus clientes. Esta reposición puede realizarse a cargo de los resultados o, cuando estos no son suficientes, directamente del capital. Si este se reduce en exceso debe reponerse o la entidad no podrá operar.

El impacto de la morosidad en el balance, sin embargo, no es inmediato al estar amortiguado por las provisiones. El Banco de España fue el único regulador que obligó a reservar dinero por si acaso cada vez que se concedía un crédito, la provisión genérica. Su objetivo era crear en los momentos de abundancia una reserva para amortiguar el impacto de la morosidad en momentos de crisis como el actual. Adicionalmente, cuando un crédito se declara moroso debe hacerse una provisión específica que viene regulada por un estricto calendario. Uno y otro efecto hacen que sea relativamente sencillo proyectar el impacto de la morosidad en los resultados venideros, siempre y cuando la coyuntura no cambie radicalmente. Dichas proyecciones no son nada halagüeñas para unas cuantas entidades.

Los bancos pueden ampliar su capital cuantas veces quieran siempre y cuando encuentren inversores. Las cajas de ahorros lo tienen más complicado al no poder emitir acciones, por lo que el capital lo reponen con resultados o con la venta de activos que generen plusvalías. Adicionalmente se les ha permitido emitir cuotas participativas, algo parecido a acciones sin derecho a voto, y últimamente está de moda la emisión de participaciones preferentes, vehículo financiero considerado como capital. Pero todos estos mecanismos resultan insuficientes o simplemente no son viables para algunas entidades y para ellas nace este nuevo fondo.

El sistema financiero español ya disponía de un mecanismo más que correcto para hacer frente a las crisis de entidades individuales, el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero en la circunstancia actual presenta dos debilidades: los fondos del mismo (poco más de 6.000 millones de euros) no son suficientes para las necesidades del sistema, y la normativa garantiza solo hasta 100.000 euros por cliente. El nuevo fondo se plantea con un volumen mucho más elevado (inicialmente, 90.000 millones de euros) y nuestra sociedad no está dispuesta a escuchar que la garantía de sus ahorros es limitada.

Reconociendo la necesidad de evitar la quiebra del sistema, también debe garantizarse la equidad; no se puede premiar a quien no ha gestionado eficientemente su entidad generando una asimetría que perjudique al gestor diligente. Por eso quien se beneficie del nuevo fondo verá cómo se remueve a sus gestores y deberá desarrollar un plan de reestructuración o tendrá que integrarse en una entidad más sólida. Y es por eso que ahora los rumores de fusiones deben convertirse en realidad.

Vamos a ver oleadas de rumores y de ellos emanará alguna fusión real de cajas de ahorros. Resuelto el tema del necesario aporte de fondos, hay otra barrera, más compleja, que derribar. La legislación actual de las cajas hace que los gobiernos autónomos tengan potestad de veto ante las fusiones en las que participen las cajas de su comunidad, y esto complica sobremanera las fusiones intercomunitarias. Estas serían, en general, mejor solución que las fusiones entre cajas de una misma comunidad, pues permitirían crear entidades más grandes y sólidas y, además, con menor destrucción de empleo. Limitarse a fusiones entre cajas de una misma comunidad autónoma puede que consolide el poder político autonómico, pero tiene menos sentido económico al generar elevados solapamientos de redes, lo que antes o después generará cierres de oficinas y, por tanto, destrucción de empleo.

Tan importante como la configuración de los nuevos grupos de cajas es la velocidad en la toma de decisiones y la pulcritud en la ejecución. En nada beneficia al sistema financiero español mantener un clima de permanente rumor y alargar artificialmente unos procesos complejos para evitar herir susceptibilidades.

Venga cuanto antes esta ola de fusiones. Ojalá se realicen con más sentido económico que político y, además, se ejecuten bien.

José Antonio Bueno, socio de Europraxis.