Es ya un clamor mundial. La ayuda humanitaria tiene que dejar de ser un objetivo en zonas de conflicto. En los últimos diez años el número de vidas perdidas en ataques a personal humanitario ha aumentado de forma imparable, alcanzando 313 víctimas en 2017. Es simplemente inaceptable. Día a día, nuestros profesionales sobre el terreno se encuentran con un espacio humanitario cada vez más reducido, ante un fenómeno de criminalización de la ayuda sin fundamento alguno, con la impotencia de saber qué personas, dónde y cuándo están muriendo de hambre y no poder acceder hasta ellas.
Hoy, más que nunca, urge recuperar el Derecho Internacional Humanitario. Los principios acordados en Ginebra tras las dos peores guerras del siglo pasado, el que establece que el acceso a la ayuda humanitaria es un derecho inalienable que cada ser humano tiene por el simple hecho de haber nacido hombre o mujer, es el único texto internacional ratificado por todos los pases del mundo. Significa que el alivio del sufrimiento humano, fin inequívoco de la ayuda humanitaria, es un principio universal. Pero urge ponerlo en práctica. Y para ello las violaciones de este principio tienen que poder documentarse, contrastarse y sancionarse.
Sobre el terreno están muriendo profesionales humanitarios, mujeres y hombres que deciden dedicar su saber hacer, experiencia y conocimiento, en condiciones a menudo muy difíciles, sencillamente a curar, proteger o aliviar el sufrimiento y el hambre que provocan las guerras. Nadie con uso de razón puede ver esto como una interferencia extranjera o como una ventaja otorgada al enemigo.
Distribuir la ayuda con escolta armada nunca será la solución. Es más, esta confusión deliberada entre militares con fines humanitarios y la acción humanitaria pura, aquella que está basada estrictamente en los principios humanitarios, nos está saliendo cara. Lo estamos pagando con vidas. Quienes trabajamos desde hace décadas en zonas de conflicto sabemos por experiencia que la neutralidad, tal y como la definen los Convenios de Ginebra, nos defiende mejor que cualquier guardaespaldas. Es precisamente nuestra capacidad de basar la ayuda en criterios irrefutables, como la relación peso-talla o el índice de masa corporal, con independencia de raza, etnia, sexo, religión... nuestro mejor aval de seguridad. Es esto lo que nos otorga la aceptación incondicional de la población, la única garantía con la que realmente podemos sentirnos seguros trabajando.
Hace unos días perdimos en Gambella (Etiopía) a dos compañeros humanitarios. El color de su pasaporte es el más irrelevante de los detalles. El ataque no fue solo a ellos, que intentaban evitar el sufrimiento innecesario de los civiles en un contexto de violencia. Disparándoles golpearon a todos los niños y niñas a los que intentaban curar de desnutrición.
Es hora de que la sociedad deje de aceptar como normal que un vehículo humanitario pueda ser un blanco militar. Nunca. La ayuda humanitaria, simplemente, no es un objetivo a batir.
Olivier Longué es director general de Acción contra el Hambre.