No son de los nuestros

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 01/02/07):

Puede ser que el procedimiento judicial abierto a Ibarretxe esté jurídicamente mal fundamentado.

Puede ser que el Tribunal Superior del Justicia del País Vasco haya actuado, consciente o inconscientemente, por razones políticas, incumpliendo con su deber de ser independientes. Puede ser también que la última sentencia al preso etarra De Juana Chaos por la publicación de dos artículos en Gara sea contraria a derecho. Todo es posible, incluso probable.

Ahora bien, aunque todo lo anterior fuera cierto, es democráticamente injustificable la manifestación auspiciada por el Gobierno vasco y convocada por el PNV, bajo el lema “En defensa de nuestras instituciones”, para deslegitimar a los jueces que cumplen sus funciones en Euskadi. Yes injustificable por dos razones de distinto orden: porque politiza la justicia y porque no respeta el orden constitucional democrático.

En efecto, desde los inicios del liberalismo político la división de poderes es un principio esencial de los estados democráticos, en especial la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Desde esta perspectiva, el poder judicial – todos y cada uno de los jueces y magistrados son poder judicial- es independiente de los demás poderes, pero, a su vez, es absolutamente dependiente de la ley, del derecho, del ordenamiento jurídico. En esta aparente paradoja – ser totalmente independiente de los otros poderes y totalmente dependiente de la ley- consiste la independencia judicial.

Todo ello significa que las resoluciones judiciales no expresan el parecer del juez, su concepción personal de la justicia, sino que son el resultado de interpretar las normas de acuerdo con los métodos de interpretación aceptados por la comunidad jurídica y de aplicarlas a un supuesto concreto. La argumentación jurídica es distinta de la argumentación política porque ambas se fundamentan en premisas diferentes y tienen finalidades diversas. En muchos casos el juez dicta una resolución – un auto o una sentencia- con la que está en desacuerdo desde su personal concepción de la justicia, pero no tiene más remedio que hacerlo así, dado que, debido a su vinculación con la ley, ésta no le permite otra salida. Las resoluciones judiciales no expresan, pues, la voluntad del juez, sino la voluntad de la ley.

En consecuencia, la justicia, las actuaciones de los jueces no se politizan en razón del sujeto afectado – es decir, por tratarse de alguien que ocupa un cargo público o se dedica a la política-, sino porque sus argumentaciones no derivan de la ley, sino que se apartan de ella debido a que sus argumentaciones son políticas en lugar de jurídicas. Pero también se puede politizar la justicia en un sentido inverso: intentando el afectado presionar a los jueces para obtener la decisión que más le convenga. Ello alcanza una mayor gravedad cuando este afectado tiene la condición de lehendakari y alega en su favor la alta representación que ostenta. Esto es lo que han intentado hacer el Gobierno vasco y el PNV convocando y asistiendo a la mencionada manifestación del pasado lunes. Pero además está el lema: “En defensa de nuestras instituciones”. Ahí es donde se demuestra que los convocantes quieren no sólo politizar a los jueces, sino también deslegitimarlos, poniendo en cuestión el modelo constitucional de Estado autonómico: se defiende al lehendakari porque es nuestro e, implícitamente, se rechaza a los jueces porque no lo son,porque deben ser considerados algo ajeno al País Vasco, simples funcionarios de ocupación.

He estado leyendo estos días un excelente libro (Tiempo de reformas. El Estado autonómico en cuestión,Biblioteca Nueva, Madrid, 2006), de Juan José Solozábal, prestigioso catedrático de Derecho Constitucional, uno de mejores especialistas en materia de Estado autonómico. Solozábal reflexiona sobre la actualidad de los últimos años, especialmente en las reformas estatutarias. Sobre toda la obra planea la idea de que nuestro Estado es un Estado federal, idea con la que no puedo estar más de acuerdo, sobre todo cuando añade que es federal con algunas peculiaridades específicas, como por otra parte sucede en todos los demás estados federales. Y entre sus muchas consideraciones en torno a esta cuestión quiero aquí destacar dos de ellas que me parecen relevantes para el caso que nos ocupa: primera, el federalismo no es simplemente una organización institucional, sino también una cultura política determinada; segunda, federalismo y nacionalismo son incompatibles porque responden a culturas políticas muy distintas. De estas dos consideraciones extrae Solozábal una conclusión: sin lealtad mutua, las instituciones federales son inservibles porque les falta el aliento necesario para que funcionen bien.

Probablemente aquí reside la principal dificultad de nuestro Estado constitucional: algunos partidos no son de fiar porque no son leales, es decir, carecen de buena fe y generan desconfianza. Exigen pero no dan. El Gobierno vasco y el PNV, el lehendakari en primer lugar, sólo pueden exigir a los jueces que sean independientes, es decir, que se atengan a la ley, no que sean suyos o algo peor, de los suyos. Esto no casa con una concepción democrática del Estado. El nacionalismo prefiere el centralismo al federalismo; no se pretende el poder, sino todo el poder, y, en el extremo, a fuerza de deslegitimar las instituciones, se acaba con los mínimos de la cultura democrática: adolescentes profanando la tumba de un joven político vasco asesinado porque no era de los suyos.