No soy del PP ni de Vox, sólo pido lo que Sánchez pedía hace 3 meses

Concentración ante la puerta principal del Parlamento Europeo en Bruselas. EFE
Concentración ante la puerta principal del Parlamento Europeo en Bruselas. EFE

Últimamente tengo una sensación desagradable, como si la ley de la gravedad hubiese dejado de actuar. No en el mundo físico, sino en el de las ideas. Ya no hay suelo bajo los pies de la razón, ni los razonamientos caen por su propio peso. Las reglas de la lógica y la coherencia se han esfumado. Los conceptos flotan a nuestro alrededor, desdibujados, volátiles.

Uno se plantea darse por vencido ante la imposibilidad de un intercambio racional de argumentos. Pero ya sea para ordenar mis ideas, ya por mero desahogo, seguiré escribiendo.

Esta semana, Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno a cambio de cesiones a distintas fuerzas políticas. Entre ellas están los partidos independentistas catalanes, que llevan años persiguiendo la secesión del resto de España.

El independentismo sitúa el momento clave en 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales un puñado de artículos del Estatut de Cataluña del 2006. El PSOE de Pedro Sánchez ha comprado ese argumentario en los acuerdos firmados con ERC y Junts. De hecho, va más allá culpando de la situación al PP, partido que presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Es decir, ¿el problema lo genera quien presenta un recurso por algo que entiende inconstitucional (dándole de hecho la razón el Tribunal)? ¿No estará el problema en haber aprobado algo inconstitucional? ¿Lo criticable no será que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya fuera por negligencia, ya por frivolidad, renunciase a su deber de velar por la Constitución asegurando que aprobaría en las Cortes españolas lo que saliese del Parlament de Cataluña, fuese lo que fuese?

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Pero la excusa del Estatut no son más que oportunistas fuegos artificiales para desfigurar la realidad.

En aquella época, en todo el mundo, una crisis financiera histórica estaba poniendo contra las cuerdas a millones de personas. Cataluña no fue una excepción, siendo de hecho una de las comunidades autónomas que más recortes aplicó.

El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tenía que entrar al Parlament de Cataluña en helicóptero para esquivar las airadas protestas que le esperaban a la entrada. Aturdidos por la ira que el pueblo dirigía contra ellos, los responsables políticos catalanes exigieron al Estado un trato fiscal preferente, como si el resto de españoles no estuviesen sufriendo las consecuencias de aquella crisis y pudiesen permitirse conceder privilegios sólo para algunos.

Ante la imposibilidad de obtener lo que exigían, los nacionalistas maquinaron para culpar al resto de España de todos sus males, exigiendo la independencia a modo de chantaje. El proceso acabaría controlado por los más fanáticos de ellos.

Pero su delirio identitario se estrellaba contra un inconveniente. Una Constitución democrática en la que la secesión de una parte del territorio no tiene cabida.

Frente a esto había dos alternativas. La primera era trabajar para lograr una reforma de la Carta Magna, de manera que sus planteamientos tuviesen encaje constitucional. Más allá de que se esté o no de acuerdo con sus objetivos y las razones que esgrimen los independentistas para justificarlos, tienen derecho a defenderlos y perseguirlos.

Por otro lado, la Constitución prevé en su Título X procedimientos para su reforma. Esta habría sido la verdadera vía democrática. Pero es un camino arduo y de resultado incierto.

Optaron entonces por la segunda alternativa: intentar saltarse la Constitución. Quisieron hacer creer que ellos son los demócratas, repitiendo la misma mentira las veces que hiciera falta. Pero no hay nada más antidemocrático que no respetar el resultado del referéndum que abrumadoramente aprobó la Constitución de 1978 (con un 90% de votos a favor en Cataluña).

¿Qué tiene de democrático no respetar el resultado de aquella votación constituyente? ¿Qué tiene de democrático querer sustituir a aquel cuerpo electoral por otro que excluye a su mayor parte? ¿Qué tiene de democrático pretender modificar lo acordado en el 78 sin seguir los procedimientos previstos democráticamente para ello?

Pero no sólo incurrieron en todas estas conductas antidemocráticas, sino que para ello cometieron delitos. ¿Y todavía acusan a otros de judicializar la política? ¡No, oiga! ¡La política la ha judicializado usted al cometer delitos para tratar de imponer sus objetivos!

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Pedro Sánchez quiere amnistiar esos delitos. Una amnistía que ni siquiera se plantea como perdón y reconciliación, sino que pretende borrar lo ocurrido y abrir la puerta a considerar que lo incorrecto es aplicar leyes democráticamente aprobadas.

Hace apenas tres meses, días antes de las elecciones generales, Sánchez renegaba de esa posibilidad. Era "inconstitucional" y "por convicción personal y política" no sucedería.

Se vuelve a contradecir ahora, no por convivencia, sino por conveniencia. De hecho, el desgarro que produjo el procés en la sociedad catalana lo va a extender a toda la sociedad española con la amnistía y resto de cesiones a los nacionalistas. Menuda convivencia está tejiendo cuando ya es mejor ni hablar de este tema con familiares y amigos por la tensión y las discusiones que genera.

Pero es que no sólo se pretenden amnistiar esos delitos, sino también otros no relacionados con el procés, dando pábulo a un supuesto lawfare propio de otros regímenes. ¡Y la decisión sobre ello en manos de comisiones parlamentarias!

Es decir, entre lo uno y lo otro, el poder político reescribirá procedimientos y decisiones del Poder Judicial.

Sánchez decía querer evitar que otros "nos metiesen en una máquina del tiempo hacia el pasado" y de un plumazo nos sitúa él en el siglo XVIII. Antes de las revoluciones liberales, del imperio de la ley, de la separación de poderes y de la igualdad de todos los ciudadanos.

Y como guinda del esperpento, un hatajo de ultraderechistas revienta violentamente manifestaciones e hiere a policías.

Pero me niego a no ejercer mi derecho a manifestarme pacíficamente ante todo este sinsentido. Ni siquiera soy simpatizante del PP (no digamos de Vox), ni falta que hace. Simplemente, voy a reclamar, por convicción personal y política, lo que el propio Pedro Sánchez defendía tajante hace apenas tres meses.

Benjamín Vicente Conde es interventor del Estado.

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