No todos caben en casa

Por Carles Navales. Director de la revista La Factoría y corredactor del Informe sobre la inmigración del Parlament de Catalunya (EL PERIÓDICO, 07/06/06):

Hace ya bastantes años Michel Rocard dijo que había que ser solidarios con la miseria que hay en el mundo pero que Francia no podía hacerse cargo de toda ella, por lo que debía determinarse la cuota que le correspondía. Valga la reflexión del político francés para lo que está sucediendo hoy en los pueblos gerundenses de Cassà de la Selva y Salt.
El primero tiene unos 9.000 habitantes, pero en tres semanas han llegado entre 100 y 150 inmigrantes indocumentados; que, sumados a los sin papeles que ya habitaban allí, hacen unos 400. En Salt, el 33% de los 24.000 habitantes son inmigrantes, concentrándose la mayoría en un mismo barrio, y en pocos días han llegado unos 25 indocumentados, lo que ha hecho saltar la alarma ante la posibilidad de que tal cifra sufra un progreso incontrolado.
Con la inmigración sucede lo mismo en todas partes. Cuando a un bloque de pisos llega un inmigrante, los vecinos suelen ayudarle; si viene otra familia, comienza a notarse un cierto recelo; y con un tercer grupo, la desconfianza se generaliza. Igual pasa en las ciudades y en los barrios.
Pero, ¿por qué tantos inmigrantes indocumentados han escogido la provincia de Girona en las últimas semanas? La respuesta es fácil. Allí se concentra el 60% de los inmigrantes gambianos residentes en España y los que en estos últimos meses llegan a Canarias parten de Senegal, fronterizo con Gambia.
El proceso es el siguiente. Los inmigrantes embarcan en el norte del Senegal procedentes de ese país y los de alrededor. Una vez en la mar tiran su documentación al agua. Al llegar a Canarias, están en un centro de acogida hasta el máximo de 40 días que autoriza la ley. Si en ese plazo no se les ha podido repatriar a ningún país por negarse a decir cuál es su procedencia y carecer de documentación, solo caben dos opciones: o echarlos al mar o dejarlos entre nosotros hasta que encuentren trabajo o se sepa quiénes son para devolverlos a su país de origen.

LLEGADOS a este punto, la opción acordada por la Unión Europea es distribuirlos por el territorio. Y aquí comienza la confusión. El Gobierno español, de acuerdo con las comunidades autónomas, los reparte por el territorio, donde son acogidos por oenegés que se hacen cargo de ellos hasta un máximo de 15 días, transcurridos los cuales les dan 60 euros y un billete para viajar al pueblo en el que dicen tener algún conocido que puede acogerlos. A partir de aquí, todo es desigual.
En el caso de Cassà de la Selva, la cosa está clara. Los inmigrantes suelen dar teléfonos de esa población, pero una vez allí nadie les acoge según pensaban. Estos días hemos podido comprobar cómo algunos de los recién llegados dormían en cabinas de teléfono y hurgaban en las basuras para llevarse a la boca algo que comer. A la vez, ha aumentado el alquiler de colchones instalados en casas de inmigrantes y de autóctonos, que han encontrado la solución para pagar la hipoteca de su vivienda. También es cierto que algunos han podido contactar con personas de su país y han abandonado ese pueblo. Lo cierto es que el 18 de mayo la policía pidió la documentación a 112 inmigrantes del lugar durante una hora y, mientras 82 tenían los papeles en regla, otros 30 estaban indocumentados y manifestaron proceder de Canarias, aunque no dijeron el itinerario seguido para llegar hasta allí.
Es evidente que algo está fallando ante esta nueva realidad. ¿Tiene algún sentido que una oenegé les dé el billete para el destino al que quieran ir a sabiendas de que en esa población puede estallar el conflicto? Obviamente, no. Debe establecerse, de acuerdo con los ayuntamientos, la cuota de inmigración indocumentada que puede acoger cada uno de ellos. Es más. Entre la salida desde la oenegé y la llegada al lugar que solicitan cabe crear instancias intermedias. Ideas hay. Una sería crear centros de formación laboral en los que pudieran estar hasta tener un oficio y después ser enviados a lugares donde estén dispuestos a contratarlos, siempre teniendo en cuenta que puedan integrarse sin traumas en el sitio de acogida. Otra es crear centros donde puedan desarrollar su oficio, si lo tienen, hasta que su situación pueda legalizarse. Lo cierto es que nadie rechaza ser solidario siempre que la cuota de solidaridad no exceda las posibilidades de quienes han de ejercerla. De no ser así, quien pierde es el inmigrante.

HOY, LAS autonomías disponen de más fondos para lograr que la llegada de inmigrantes no degrade los lugares de acogida y facilite su integración. En la España del PP, el fondo para acoger a los inmigrantes en todas las comunidades era de ocho millones de euros y ahora asciende a 182 millones. En Catalunya, de 426.000 euros se ha pasado a 40 millones; 100 veces más en nuestro caso. En saber usarlos debidamente, y de manera planificada, está el reto.