Desde la derrota en las elecciones de 2004, y, especialmente, en la actual legislatura, se está produciendo una incesante, dura y cruel campaña contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular, tanto en su vertiente más radical de Esperanza Aguirre, como en la más moderada que encabeza el propio presidente Rajoy.
En el enfrentamiento con el Gobierno y con el PSOE, es difícil encontrar diferenciación entre los dos grupos que compiten en demostrar, cada uno, la mayor beligerancia posible. No es una respuesta proporcionada, porque nunca el PSOE ni sus dirigentes han tenido un comportamiento similar cuando estaban en la oposición. En temas de terrorismo o de relaciones internacionales siempre se apoyó al Gobierno del Partido Popular, sin reticencias ni fisuras. En los demás temas, la oposición y la crítica, aunque duras a veces, fueron siempre mesuradas y nunca alcanzaron perfiles de la dialéctica amigo-enemigo. Incluso en algunos temas se apoyaron proyectos gubernamentales.
No me refiero a la oposición durante los gobiernos de Felipe González, porque Fraga siempre imprimió a su oposición un rasgo de racionalidad y de juego limpio. El tema adquiere su actual perfil desde el inicio del actual Gobierno, sorprendidos por una derrota que no esperaban.
Yo puedo dar testimonio directo de esas posturas extremas, emotivas e irracionales durante mi periodo como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, como si ese cargo, con sus dimensiones siniestras y destructivas de los terroristas, y nobles e inocentes de las víctimas, estuviera vedado a cualquiera que no fueran ellos.
Aunque fue una época fructífera y se arreglaron muchos problemas, me crucificaron por entrometido en lo que consideraban exclusivo. Insultos, mentiras y calumnias, descalificaciones, campañas de acoso y denuncias malintencionadas, jalonaron mis dos años de trabajo, sin darme tregua, donde participaron desde Mariano Rajoy en adelante, sólo con la benemérita excepción de Manuel Fraga y de Gabriel Cisneros (q.e.p.d). Otros amigos antiguos, con una profunda relación personal mantuvieron un silencio que me estremece y me duele cada vez que me acuerdo.
Es evidente que la oposición debe criticar, y a veces con dureza, pero también puede, e incluso debe, propiciar acuerdos en temas de Estado y que afecten al interés general. Esa humanitaria práctica ha sido casi inexistente en las maneras y en las actuaciones del Partido Popular, en relación con el Gobierno y con el partido que le apoya.
Reconozco, y lo podrá comprobar quien siga mis artículos y mis intervenciones públicas, que, en ocasiones, he sido crítico y duro con el presidente, su Gobierno y las políticas que están desarrollando. Pero mi juicio global es positivo, y tiendo a mitigar los rechazos, ante esta avalancha de críticas que me
parecen exageradas cuando no infundadas. Llega a ser molesta y producir desasosiego la desmesura, a veces un poco infantil por reiterada, que se genera. Todos los contenidos valen y todas las formas, también. Si hubiera que premiar la mayor degeneración, sin duda doña Esperanza Aguirre obtendría el primer premio por abuso de hipérboles poco afortunadas, por acusaciones falsas y calumnias y por llevarlo todo a su extremo. El juego, que en muchos dirigentes del Partido Popular es continuo, carece de límites y de cualquier respeto al principio moral de veracidad.
No se trata de considerar intocable al presidente Zapatero, ni a sus equipos, ni a sus programas, sólo se pide un poco de buena fe y de sentido del respeto. Ya nos decía Fernando de los Ríos que en nuestro país, que aquí, desde siempre, faltó respeto, y, añado yo, sobró aplicación de la dialéctica del odio.
He repetido en varias ocasiones que un error importante y con consecuencias imprevisibles de Rodríguez Zapatero es su permisividad para abrir el proceso de reforma de los Estatutos, antes de reformar la Constitución y la ley electoral. Pero también he alabado los aciertos en la política social y en la protección de los más pobres. Las reiteradas acusaciones sobre su indefinición, sobre sus cambios imprevistos y sus improvisaciones, sobre sus ocurrencias y sobre decisiones poco fundadas, se repiten como una verdad indiscutible por tertulias y entre los comentaristas políticos. No me parece ni riguroso ni justo, aunque es ya una corriente poco fundada pero muy activa.
Creo que es un deber denunciar esa campaña por mezquina, por injusta y desmesurada. Los linchamientos y las lapidaciones siempre son prueba de un trato cruel, inhumano y degradante, y no es en ningún caso de recibo su generalizado encarnizamiento contra el presidente Zapatero. Por cierto, que en momentos de crisis, el Partido Popular debería colaborar en temas de Estado y favorecer los arreglos en materias controvertidas, como es el caso del Recurso contra la reforma del Estatuto de Cataluña, similar en aspectos sustanciales a las de los Estatutos Andaluz y Valenciano.
También el Tribunal Constitucional, al resolver casos como ése, pendientes hace demasiado tiempo, debería recoger la actitud más conciliadora posible y tratar de acercar posiciones. Sin ceder en los principios ni en la indiscutible superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma, no debe olvidar los caminos de la concordia y a esa mayoría de catalanes, y no sólo los socialistas del PSC, que son catalanistas y españoles al mismo tiempo. En lo posible, salvo en los casos insalvables, debe hacer una sentencia interpretativa y favorecedora de la integración para que sean conscientes de que España y su cultura política y jurídica mantienen los brazos abiertos y el cariño intacto.
Por supuesto que el PP debe hacer oposición, y que su objetivo debe ser recuperar el gobierno que perdió en 2004, pero debe hacerlo con mesura, con sentido común y, sobre todo, desde el respeto y desde el juego limpio. No todo vale, sobre todo, no vale lo que distancia a los pueblos de España, nación soberana, de naciones culturales y de regiones.
Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.