En este océano de incertidumbres en el que con tantas dificultades navega la economía mundial, ¿cómo se está comportando la economía española? Pues bastante mal, y para 2012 el escenario más optimista -el del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorro- contempla un crecimiento del 1%, una nueva caída de la producción industrial y una mejora de la inflación debida al bajo ritmo de la economía. Un escenario en el cual se seguirá destruyendo empleo.
Lo ha dicho Luis de Guindos ante el círculo de empresarios vascos: durante los próximos cinco años no se podrá construir un solo kilómetro de autopista ni de AVE; será preciso, además, reducir al mínimo las ayudas a las empresas y subir el tipo máximo del IVA del 18% al 21% (como acaba de hacer Italia). Y Luis de Guindos es uno de los ministrables de Rajoy.
Aunque ahora, en plena campaña electoral, nadie quiera hablar de ello, pase lo que pase en las elecciones del 20-N, el nuevo Gobierno no podrá eludir una profunda reforma fiscal, sobre todo si se tiene en cuenta que la recaudación actual vive de dos fuentes básicas: el IRPF y las cotizaciones sociales, que, por estar vinculadas al empleo, han visto caer en picado sus recaudaciones. No habrá, pues, otro remedio que reformar la actual fiscalidad deteriorada e injusta. Veamos algunas muestras de esto último.
El 90% de la recaudación del IRPF proviene de las rentas del trabajo. La presión fiscal sobre las rentas más altas -que se han beneficiado de las últimas reformas- ha caído 10 puntos desde 1995. Los tipos marginales en el IRPF pueden hacer pensar en una fiscalidad progresiva, pero si -como ocurre en España- van acompañados de bases muy bajas, conducen a una escasa capacidad recaudatoria y convierten la progresividad en humo.
Aunque el tipo nominal se ha mantenido en el 30%, el tipo efectivo del impuesto de sociedades fue el 18% en 2010, frente al 25% del año 2004. Estamos ante un impuesto moribundo. Lo demuestran las recaudaciones: 44.832 millones de euros en 2007, 27.301 en 2008, 20.188 en 2009 y 16.198 en 2010. Si se consiguiera alcanzar un tipo real del 27% se recaudarían -con datos de 2010- 8.000 millones de euros más.
Por otra parte, las inversiones que en 2010 fueron a parar a las SICAV (que cotizan a un tipo impositivo casi nulo) ascendieron a 27.000 millones de euros.
¿Qué se puede hacer?
En general, es necesario acercar los tipos impositivos reales a los legales y permitir desgravar solo con carácter excepcional.
En el impuesto sobre la renta de las personas físicas y puesto que los ricos de los países más desarrollados están deseando pagar más (y seguro que los nuestros también) se puede establecer un tipo del 50% para los rendimientos que superen la cantidad de 300.000 euros anuales.
¿No se les puede fijar a los directivos -auténticos virreyes de la actual economía- una retribución máxima compatible con la decencia (por ejemplo, 200.000 euros anuales, que ya está bien) y lo que pase de ahí considerarlo una liberalidad del pagador, por lo que no deduciría como gasto en el impuesto de sociedades? De uno solo de esos virreyes -que no hace mucho declaró públicamente unos ingresos anuales de ocho millones de euros- el fisco obtendría un dinero añadido nada despreciable: 2,8 millones.
Las ganancias patrimoniales obtenidas en menos de un año deberían tributar en el IRPF con un tipo mínimo del 24% y uno máximo del 50%. Asimismo, en las sociedades y fondos que disfrutan de tipos impositivos inferiores al normal debiera aplicarse un 30%.
En cuanto a la imposición indirecta, fundamentalmente el IVA, existen formas para hacerla progresiva. Por ejemplo: ¿tiene sentido que una vivienda que vale dos millones de euros tribute al mismo tipo (el 4%) que una que vale 200.000?
¿Por qué no establecer umbrales para el valor de los bienes de lujo (yates, coches...) y a partir de ahí tocar los bolsillos de sus poseedores? Y si esos bienes están a nombre de las empresas, pues que paguen ellas ese impuesto de lujo. En países como Noruega y Dinamarca se grava la compra de ciertos coches con el 100% y la venta de automóviles caros no se ha reducido. Tampoco vendría mal establecer nuevas exacciones que graven -como en Suiza- la circulación de vehículos, de manera que paguen más los turismos de mayor cilindrada. Una estimación aproximada de esa exacción arroja un ingreso suplementario de unos 2.500 millones.
¿Por qué no crear un impuesto sobre grandes fortunas? Bien regulado y no como el resucitado impuesto sobre el patrimonio, que no hay por dónde cogerlo.
Las bebidas alcohólicas consumidas fuera de casa soportan en España un impuesto especial, pero en el IVA solo lo hacen al 8%. En Alemania el tipo para estas bebidas es el 19% y en Francia el 19,5%. Un IVA alemán de estos productos significaría un ingreso para las arcas públicas no inferior a los 1.500 millones.
Si se propiciara una nueva regularización fiscal (por ejemplo: suscribiendo deuda a seis años al 1%) no sería difícil que afloraran más de 10.000 millones (en 1991 lo hicieron 4.800 millones), con lo cual el Estado se ahorraría 400 millones en intereses de la deuda. Por otro lado, habría que perseguir penalmente la tenencia no declarada de bienes en el exterior.
En otro orden de cosas, urge modificar el coste de la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas, pues su importe es, como mínimo, del 30% sobre el salario bruto, lo cual penaliza el empleo y reduce la competitividad de las empresas frente a países con porcentajes más bajos en la Seguridad Social pero con la fiscalidad más alta. Por eso sería bueno elevar la base máxima de cotización a 50.000 o 60.000 euros. Subir la base de cotización de la Seguridad Social de 36.000 a 50.000 euros supondría -siempre con datos de 2010- un mayor ingreso de unos 4.000 millones.
¿Sería injusto que la Seguridad Social aplicase un 10% cuando la retribución por cualquier concepto (en metálico, en especie, en planes de pensiones e incluso a través de empresas interpuestas) supere el millón de euros anuales?
Urge también reformar el régimen de autónomos y evitar que empresarios individuales o socios de sus propias empresas coticen en el mínimo a pesar de declarar beneficios o retribuciones consideradas fiscalmente rendimientos de trabajo superiores a la base máxima de cotización del régimen general. Para ello, debieran establecerse cuotas que se relacionaran con el beneficio o la retribución del año anterior y ajustar las cotizaciones a las del régimen general. Lo cual supondría un ingreso para la Seguridad Social de unos 2.300 millones anuales.
En el caso de la vivienda, en España es necesario sacarla del marasmo. En este sentido, el Estado podría avalar -por ejemplo, a través del ICO- un porcentaje del valor de la vivienda para que los bancos concedieran hipotecas. Conviene recordar que si se avalara un 20% (exigencia mínima de los bancos para conceder el crédito) y su importe total se elevara en un ejercicio a 1.000 millones de euros, el Estado recuperaría vía impuestos cerca de 300 millones.
De haberse puesto en marcha estas medidas antes de 2010, en ese año no solo se hubiera recaudado lo necesario para reducir el déficit al nivel exigido por la UE, sino que se hubieran obtenido ingresos para mantener los estándares en sanidad y educación, así como para avanzar en la aplicación de la Ley de Dependencia, que es una buena generadora de empleo.
Con un adecuado uso de esos recursos se puede apoyar -más allá de toda retórica- la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, al rebajar significativamente el coste de la Seguridad Social.
Por Roberto Velasco, Arsenio Tazón y Joaquín Leguina, economistas por la Universidad del País Vasco.