Nos la jugamos todos

Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Catalunya. Lo que no es bueno para Catalunya no es bueno para Barcelona. Ni para ninguno de los cerca de 1.000 municipios catalanes, ni para ninguno de sus ya más de siete millones de habitantes. Tampoco para el conjunto de España. Y la financiación que la Generalitat recibe en estos momentos del Estado no es buena. Y no lo es por tres razones de peso.

1. Porque no se está cumpliendo lo que establece el Estatut, refrendado por el pueblo catalán como su norma principal y que tiene rango de ley orgánica estatal. Y cumplir las normas y las leyes básicas es no solo lo que corresponde, sino la mejor manera de fortalecer nuestras instituciones y su vinculación con la ciudadanía, los cimientos políticos que democráticamente hemos acordado y la lealtad, la confianza y la solidaridad que nos deben regir.

Todos estos valores –democracia, lealtad, confianza y solidaridad– son mérito de todos y son fruto del arduo trabajo de los últimos 30 años. Un trabajo al que los ayuntamientos hemos hecho una aportación esencial, a menudo por encima de nuestras posibilidades y gestionando con rigor y responsabilidad unos recursos que necesitamos ver sensiblemente incrementados. Todos somos Estado, y el Estado, en el sentido más amplio del término, nos incumbe a todos.

2. Porque es insuficiente para prestar en toda su extensión los servicios que Catalunya necesita, garantizar las prestaciones que los ciudadanos y ciudadanas requieren y fijar las inversiones que el país debe afrontar para mejorar, ampliar y modernizar sus infraestructuras y sus equipamientos. Y si no se pueden construir más y mejores escuelas, institutos y universidades ni contratar más maestros y profesores; si no se pueden construir más y mejores hospitales y ambulatorios ni contratar médicos o investigadores; si no se pueden ofrecer servicios sociales, ni extender líneas de metro, ni apoyar a las empresas, ni fomentar la formación y el empleo, haremos un flaco favor a la cohesión social y a la convivencia, al dinamismo económico y a la calidad urbana.

Dicho de otro modo, tenemos la oportunidad de avanzar en la construcción del Estado del bienestar, que tanto nos ha costado levantar y que no puede retroceder, y aún con más razón en las circunstancias actuales. Cuando como alcalde de Barcelona tengo que defender los intereses de mis conciudadanos, lo hago las más de las veces con los consellers y conselleres de la Generalitat. Porque es del Gobierno de Catalunya de quien dependen gran parte de los servicios e inversiones que sustentan el Estado del bienestar. Es el Gobierno con el que comparto la gestión en diferentes consorcios, con el que suscribo convenios y con el que debo negociar gastos y prestaciones. Y demasiado a menudo me dice que no le alcanza.

3. Porque no permite dotarse de instrumentos ágiles y capacidades sólidas para luchar contra la crisis. Y es en las ciudades donde con más intensidad repercuten sus consecuencias, y donde más pueden y deben concretarse las soluciones.

Los ayuntamientos, y el de Barcelona lo está demostrando con creces, somos actores centrales en la respuesta a la crisis y en la construcción del futuro. No queremos ser solo escenario pasivo, queremos ser agentes activos. Con equipamientos y servicios, con inversiones transformadoras y generadoras de empleo, y con políticas económicas y urbanas que contribuyan al cambio de patrón de crecimiento. Pero solo lo conseguiremos si todos vamos a una, si todos contamos con las energías y los recursos necesarios. Y en estos momentos constato que a la Generalitat le faltan recursos.
Por todas estas razones, Barcelona, en su condición de capital de Catalunya y como ciudad que tiene en el progreso social y la convivencia sus bienes más preciados, apoya sin fisuras a la Generalitat para obtener una financiación más justa y desarrollar plenamente el Estatut.

Por eso, como alcalde de Barcelona, exijo al Gobierno de España que haga los esfuerzos necesarios para atender con justicia y suficiencias los requerimientos de Catalunya. Por eso reclamo a los presidentes Montilla y Zapatero que alcancen el acuerdo más sólido, responsable y ambicioso posible. Y estoy convencido de que lo harán, y pronto. El tiempo, y sobre todo las necesidades, apremian.

Nuestro apoyo y nuestra exigencia son tan firmes como lo son nuestra confianza y nuestra voluntad de diálogo y colaboración. Son estos los valores que nos han guiado y lo seguirán haciendo. Y nos guiarán a la hora de plantear, también de una vez por todas, un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos. Porque este debe ser, digámoslo sin complejos, el próximo capítulo. Un capítulo igualmente imprescindible para nuestros ciudadanos y para fortalecer las instituciones que nos hemos otorgado. Y lo abordaremos con mejores condiciones en el momento en que se resuelva la financiación autonómica.
En la financiación nos la jugamos todos y nos la jugamos juntos. Nos jugamos la capacidad de los poderes públicos, o lo que es lo mismo, la capacidad de poner en valor el bien común. Y en momentos como el actual, necesitado de una nueva ética colectiva y del empuje del sector público, el reto no es precisamente menor. Pero lo podemos ganar, y ganar todos con ello.

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona.