Nosotros y ellos

Por Gurutz Jáuregui, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 28/09/06):

Atribuir la polémica producida hace unos meses por la publicación de las caricaturas de Mahoma, o la abierta estos días tras el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, a la acción desestabilizadora de grupos extremistas constituye una postura tan cómoda como poco inteligente.

La cadencia cada vez mas frecuente e intensa de conflictos derivados de la colisión entre los valores de tradición liberal-occidental y otros valores constituye, probablemente, el reflejo de uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la Humanidad en el momento actual. Me refiero al antagonismo entre dos modelos de sociedad aparentemente irreconciliables que, convencionalmente, se han definido como el modelo liberal y el comunitarista. Si bien se trata de una división excesivamente simplista y en no pocas ocasiones errónea, sobre todo cuando se identifica el liberalismo con las culturas occidentales y el comunitarismo con las otras culturas (el movimiento ‘neocon’ estadounidense, por ejemplo, es tanto o más mesiánico que otros movimientos comunitaristas), puede valernos para el propósito de este artículo.

El modelo liberal clásico concibe la sociedad civil como un territorio de individuos libres que se asocian de forma voluntaria a través de un contrato social. Los comunitaristas consideran, por su parte, que lo que une a los miembros de la comunidad no es un lazo jurídico contractual, sino un lazo vivido, existencial, producto de una serie de elementos que les permiten existir como tales: religión, género, lengua, familia, tradición cultural, etcétera. El liberalismo ha rechazado, históricamente, el modelo comunitarista por considerarlo particularista y emotivo, alejado, por tanto, de los principios racionales sobre los que, supuestamente, se asienta el Estado de Derecho.

No les falta razón a los liberales en su crítica. Al considerar a las personas exclusivamente en términos de su identidad étnica, religiosa, tribal, etcétera, los comunitaristas subordinan el Estado, el espacio público, a una comunidad superior a la que deben servir fielmente, ya sea esa comunidad la sangre, la patria, la religión o cualquier otro concepto de identidad absoluta y permanente. La sociedad civil concebida como una comunidad de este tipo puede llegar a ser profundamente totalitaria.

Pero no por ello el liberalismo se halla libre de pecado. El discurso liberal nos habla de seres humanos que, para ser reconocidos como sujetos, como titulares de derechos, deben despojarse de las condiciones reales que les permiten existir como tales: el género, la lengua, la clase, la familia, la tradición cultural. En definitiva, que para obtener reconocimiento como seres humanos, iguales en dignidad y derechos, deben dejar de ser humanos y limitarse a actuar como consumidores. La perspectiva que plantea el liberalismo resulta totalmente insensible a las peticiones de solidaridad y comunidad que demandan de forma apremiante los diversos grupos y culturas, particularmente aquéllos no incluidos en el engranaje del mercado, del mismo modo que resultó insensible, en su momento, a las peticiones de solidaridad derivadas de la desigualdad económica y social y de la existencia de clases sociales.

En muchos casos, la crítica liberal parte de un error muy grave cual es el identificar el liberalismo con la democracia. Muchas de las objeciones planteadas por parte del pensamiento occidental en nombre de la democracia son en realidad críticas formuladas desde una perspectiva liberal que no, necesariamente, democrática. El liberalismo define al individuo en términos minimalistas e individualistas. Otras culturas defienden los valores de libertad, igualdad, propiedad, justicia, lealtad, poder o autoridad de forma diferente a la nuestra. Estas sociedades no liberales, pero no por ello no democráticas, tratan de preservar sus estilos de vida. Muchas de ellas reconocen la libertad de expresión pero no la libertad de mofarse y ridiculizar sus textos sagrados, prácticas, creencias y rituales. Limitan el derecho de propiedad, de empresa y comercio para evitar que socaven el ‘ethos’ de la solidaridad social y la ética de las obligaciones comunes en los que se sustenta su sistema de vida.

Los liberales consideran inaceptables estas restricciones pero olvidan que también las sociedades liberales mantienen una serie de tabúes, profundamente enraizados en nuestra cultura. La admisión de determinados tabúes o restricciones es perfectamente válida siempre que sean asumidos por la propia cultura y siempre que esa cultura respete el principio básico de libertad de elección para pertenecer o abandonar el propio grupo, y que practiquen una libertad de crítica de todos sus miembros respecto al grupo cultural propio y una tolerancia para con los demás grupos.

Salvo que asumamos que el liberalismo representa la última y definitiva verdad sobre los seres humanos, no podemos condenar indiscriminadamente a las sociedades que no siguen el modelo liberal. Es evidente que muchas de estas sociedades tradicionales mantienen costumbres y prácticas ultrajantes para la dignidad humana, las cuales deben ser cambiadas, a través de medidas de presión interna y externa. Pero también se dan, con no poca frecuencia, prácticas de ese estilo en las sociedades liberales. Las costumbres y prácticas ultrajantes para la dignidad humana se encuentran en todas partes, tanto en el multiculturalismo radical como en el liberalismo occidental, en el integrismo religioso islámico como en el cristiano, el judío o el hinduista.

Lo que debe ser objeto de condena, en estos casos, no es la práctica de actitudes no liberales, sino la práctica de actitudes no democráticas. En este sentido, la teoría y las instituciones democráticas deben ser deconstruidas. Dado que fueron pensadas para sociedades más homogéneas que las actuales, estuvieron basadas en todo tipo de supuestos no previstos para la situación presente. La democracia ha alcanzado hasta ahora su máxima expresión en declaraciones de derechos tales como la Declaración Universal formulada por la ONU en 1948. Se trata de un documento válido en su conjunto pero insuficiente ya que fue pensado por y para un mundo occidental que poco tiene que ver con la realidad internacional del siglo XXI.

Por ello resulta imprescindible establecer unas nuevas bases de convivencia a escala mundial. El miembro del grupo comunitario posee las virtudes derivadas de la hermandad reinante en el grupo pero, a la vez, padece las limitaciones impuestas por el clan. El individuo consumidor posee las cualidades del ser humano libre autónomo pero, al mismo tiempo, padece las limitaciones del solitario desarraigado. Entonces el gran reto al que deben responder las futuras declaraciones de derechos es el de imaginar un espacio cívico que no sea radicalmente individualista ni sofocantemente comunitario.