La opinión sobre la calidad del reino de España como emisor de deuda ha empeorado a los ojos de una de las tres agencias de calificación de emisiones, Standard & Poor’s (S&P). Ha pasado de sobresaliente (AA+) a notable alto (AA). Las otras dos, Fitch y Moody’s, la mantienen, al menos de momento, en su máximo escalón, matrícula de honor o triple A.
La deuda emitida por España es cierto que ya no merece, a los ojos de S&P, la misma credibilidad que la de Alemania, Francia o el Reino Unido, todavía AAA, pero está a años luz de la emitida por otro miembro de la Eurozona, Grecia (BB+) y bastante mejor que la belga o la italiana (A+ y A respectivamente). Es decir, ha dejado de estar entre las mejores de la clase, pero tampoco se encuentra, ni mucho menos, sumida en el pelotón de los torpes.
Es cierto que las cuentas públicas españolas se han deteriorado mucho en los últimos meses por la caída de ingresos y el crecimiento de gastos para estimular la economía. Pero no lo es menos que están mejor que las del Reino Unido, EEUU, Francia o Japón. El problema de la deuda soberana no es, ni mucho menos, un problema español o mediterráneo, pero el peso geopolítico parece que pesa tanto o más en los evaluadores del rating, que el déficit o la proporción entre deuda y PIB.
No cabe duda de que la larga crisis global en la que nos encontramos ha puesto en el centro del debate tecnicismos que antes se circunscribían a círculos profesionales y ahora son de uso generalizado y, en muchas ocasiones, superficial. Hablamos de CDS, rating y spread sobre el bono alemán con la misma alegría que del fútbol o el tiempo. Las agencias de rating son entidades que emiten opiniones sobre distintos vehículos de inversión, opiniones que sirven de referencia para que inversores profesionales tomen sus decisiones. Así, está aceptado que por debajo de un nivel BBB- o Baa3, según la agencia, la calidad de la emisión es cuestionable e implica cierto riesgo de impago. Y algunos inversores profesionales (por ejemplo, muchos gestores de fondos de pensiones o de fondos institucionales) no pueden invertir en esos productos. Por eso, entrar en BB+, como la deuda griega, supone un elevadísimo coste, ya que, quien invierte en ella, asume que, a ojos de las agencias de calificación, lo hace con riesgo.
Pero, tan relevante como poner en contexto las calificaciones, es reflexionar sobre quiénes son los evaluadores, las agencias de rating. Se trata de un oligopolio sin control regulatorio y que ha fallado estrepitosamente en los orígenes de esta crisis, valorando como triple A vehículos que han quebrado. Sin su colaboración, se supone que pasiva, el fiasco de las finanzas internacionales al menos no hubiese sido tan masivo. Porque, sin la máxima calificación otorgada a vehículos opacos muy sofisticados, estos no se hubiesen colocado tan bien por medio mundo. Sorprende que así como los fallos en la valoración de las cuentas de Enron se llevaron por delante a la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, no le ocurriera nada a quien valoraba a Lehman Brothers con triple A la víspera de su quiebra.
Quede claro que no estamos ante ninguna conspiración contra España o contra Europa. Simplemente, estamos sometidos a juicios de valor que nos pueden hacer mucho daño. La rebaja de rating no es que nos meta en el saco de los bonos griegos –seguimos, insisto, a años luz de su situación–, pero marca un poco más a España como objetivo de la especulación internacional. La quinta economía europea es un blanco apetitoso para quien mueve el dinero sin ninguna otra intención que ganar más dinero. Este ajuste de la calificación atraerá a nuevos tiburones a especular con caídas de nuestra bolsa o incrementos del diferencial de la deuda o del seguro frente a su impago (CDS). Y, lo que es peor, apostarán con ventaja, usando instrumentos como las posiciones bajistas a crédito de acciones, esa maravilla de la especulación, legal y permitida, que permite vender las acciones antes de comprarlas, o comprando seguros (CDS) para emisiones que no se poseen.
España necesita crédito del mundo. Y no solo para cubrir las emisiones de deuda pública, que también, sino porque somos un país que hemos crecido, y mucho, gracias al ahorro extranjero que ha confiado, y confía, en nosotros. El abultado déficit por cuenta corriente simplemente significa que nuestras empresas y bancos se financian en el exterior porque el ahorro nacional es insuficiente para cubrir la demanda de crédito. Por eso, esta calificación es una dificultad añadida, aunque ni mucho menos insalvable, para lograr mantener dicha financiación a un coste razonable. Una dificultad que complicará un poco más la ansiada e incipiente recuperación.
En la anterior recalificación, a principios de año, los responsables de Economía hicieron un recorrido por las principales plazas financieras explicando la situación real de nuestra economía y los planes de futuro. Seguro que ahora se hace algo similar, e irá bien. Pero hay que reconocer que esta calificación no es una buena noticia porque, a simple vista, confunde.
José Antonio Bueno, socio de Europraxis.