Nubes de incertidumbre en Chile

Cuando visité Chile este mes, me causó impresión el contraste entre el palpable éxito de sus políticas de libre mercado, aplicadas de manera constante a lo largo de muchos años, y la agenda actual de su presidenta de izquierdas, Michelle Bachelet. El modo como se resuelva este contraste será importante no solamente para los más de 17 millones de habitantes del país, sino para todo aquel que lo considere un modelo de lo que es posible lograr mediante políticas económicas sólidas.

El desempeño económico de Chile ha sido el más sólido de América del Sur. Su PGB per cápita supera los $22.000 en términos de paridad de poder de compra, superior al de Argentina, Brasil y México. No es de sorprender que se lo considere un país desarrollado; de hecho, es el único miembro sudamericano de la OCDE.

El cobre es el principal producto de Chile y representa la mitad de sus exportaciones. Aunque el estado es propietario de Codelco, el mayor productor mundial de este metal, se trata de la única empresa de propiedad pública del país. Sus ingresos varían según el precio global del cobre, produciendo utilidades mayores en algunos años y menores cuando éste disminuye (por ejemplo, este año). El gobierno sigue una sensata estrategia fiscal que apunta a superávits presupuestarios en los años de altos ingresos por el cobre, y los fondos adicionales se canalizan a un fondo de estabilización nacional.

Incluso cuando el precio del cobre está bajo, el déficit presupuestario de Chile es sólo un 2% del PIB. Como resultado de la cautelosa estrategia fiscal del país, tiene una deuda pública de apenas un 16% del PGB, y la más alta calificación de la deuda soberana de América del Sur.

Los impuestos y otros ingresos estatales representan menos de un 20% del PGB. La mitad de los ingresos fiscales se obtienen a través de un impuesto al valor añadido, que es en esencia un gravamen al consumo. Si bien existe un impuesto a los ingresos corporativos, se integran con los impuestos a las personas de un modo tal que reduce sus efectos adversos sobre la inversión y la producción.

Chile es bien conocido por tener un sistema de pensiones basado en las inversiones. Los trabajadores deben aportar un 10% de sus salarios a la empresa privada que escojan para la administración de esos fondos, y seleccionar una de las estrategias de inversión que ésta les ofrezca. El gobierno estipula la gama de las estrategias de inversión, que varían en cuanto a la proporción de valores y la renta fija que las compañías ofrezcan. Para quienes hayan trabajado y hecho sus contribuciones durante toda su vida adulta, esto produce beneficios más de un 50% superiores a su renta previa a la jubilación.

Mientras tanto, una sólida política monetaria, guiada por una serie de talentosos directores del banco central (cuya independencia está consagrada en la constitución), ha evitado la inflación y mantenido las tasas de interés de largo plazo en niveles relativamente bajos. El objetivo inflacionario de Chile es de un 3%, con una banda aceptable de un 1% por sobre o debajo de esa cifra. Se espera que este año la inflación sea de un 3,9% y la tasa de los bonos a diez años es de sólo un 4,4%. Y, al proteger el régimen de tipo de cambio flotante, el banco central se asegura de que Chile no sufra el tipo de crisis de la deuda externa que ha afectado a otros países latinoamericanos.

Chile es asimismo un fuerte partidario del libre comercio: ha firmado acuerdos de este tipo con más de 20 países y es miembro del recién creado Acuerdo de Asociación Transpacífico. La economía también se ha beneficiado de su apertura a la inversión extranjera, que asciende a un 80% del PGB.

La tasa de alfabetización es casi universal: casi un 98% de la población adulta sabe leer y escribir. En promedio, los jóvenes pasan unos 15 años en la escuela, desde la educación primaria a la terciaria.

Los excelentes resultados económicos de Chile se originaron en las políticas de libre mercado iniciadas durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, pero que fueron confirmadas y afianzadas por gobiernos democráticamente electos a lo largo de los 25 años posteriores a su salida del poder. Así pues, dados el éxito y la popularidad de estas políticas, es de sorprender el que los chilenos hayan elegido una presidenta y un parlamento que muchos temen las puedan poner en riesgo.

Bachelet desea impulsar reformas en las áreas educacional, fiscal y laboral. Un elemento clave sería el acceso universal y gratuito a la educación universitaria, siguiendo como modelo los sistemas europeos, cuyos costes sería necesario cubrir mediante el alza de los impuestos. Por último, se revisarían las leyes laborales para fortalecer el papel de los sindicatos.

Los críticos de Bachelet plantean que esta agenda ya está ahuyentando la inversión extranjera y es la causa de un crecimiento económico relativamente lento. Además, les preocupa que las nuevas leyes laborales desestimulen la inversión extranjera e interna.

Afortunadamente, el pueblo chileno no ha mostrado interés en imitar los errores de varios otros países de la región, en especial Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina.

Hasta los críticos de Bachelet concuerdan con que las políticas macroeconómicas básicas de Chile no van a cambiar: un banco central independiente y comprometido con la estabilidad de los precios, un régimen de libre comercio con tipo de cambio flotante y una política fiscal que apunte a mantener bajos los déficits y la deuda pública.

Bachelet terminará su mandato en 2017. La constitución chilena no permite ser presidente en dos periodos consecutivos, por lo que será importante prestar atención a las elecciones de ese año.

Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan’s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush’s Foreign Intelligence Advisory Board, and, in 2009, was appointed to President Obama’s Economic Recovery Advisory Board. Currently, he is on the board of directors of the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, and the Group of 30, a non-profit, international body that seeks greater understanding of global economic issues. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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