“Nuestra nación no tolera palizas ni tormentos”

Pongamos nombre y avergoncemos a esos peligrosos, endebles, complacientes e hipócritas liberales que ponen en peligro la seguridad nacional del Reino Unido, sus intereses vitales y la seguridad personal de sus ciudadanos. ¿Quiénes son? Lord Igor Judge, juez-presidente del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales; Lord Neuberger, Master of the Rolls, que preside la Sala Civil; Sir Anthony May, presidente de Queen’s Bench, la Sala Penal; y los magistrados Lord Thomas y Lloyd Jones.

¿No se dan cuenta de que estamos en guerra? ¿No comprenden que sus sentencias simplistas obstaculizan los esfuerzos de los servicios de seguridad para salvar al Reino Unido de una amenaza constante, ponen en peligro su importantísimo intercambio de informaciones con Estados Unidos y reconfortan a sus enemigos? ¿Quién demonios se creen que son?

Ahora pensemos en sus valientes críticos: Kim Howells, parlamentario, presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes, que no tolera una palabra en contra de los servicios que teóricamente debe supervisar y se pregunta en voz alta “a qué juega el Master of the Rolls”; el ministro de Exteriores y el de Interior, que empuñan las espadas para vengar la más mínima mirada que amenace con insultar a los servicios secretos; el director general del servicio de seguridad interior -el MI5-, Jonathan Evans, que toma la medida casi sin precedentes de escribir un artículo de prensa para defender a su intachable servicio de tales “alegaciones”; Charles Moore, de The Daily Telegraph, que critica a “esos jueces nuestros, cómodos y pagados de sí mismos”, por cómo “desautorizan” a un agente del MI5 (“Testigo B”) acusado de haber presionado verbalmente a Binyam Mohamed en Pakistán pese a saber que había sido torturado y podía serlo otra vez, “y a su servicio , que asume unos riesgos tan grandes para defendernos”; Nick Cohen, de The Observer (“los jueces no son los únicos que desean una vida fácil”); y Bruce Anderson, cuya extraordinaria defensa de la tortura en The Independent lleva este encabezamiento: “No sólo tenemos derecho a utilizar la tortura. Tenemos el deber”.

Tenemos, pues, a miembros del Parlamento, espías y periodistas: tres grupos cuya reputación de integridad, transparencia, imparcialidad y veracidad, por supuesto, está más asentada que nunca en la opinión pública británica. ¿Quién en su sano juicio va a hacer más caso, en vez de los veredictos reflexivos, escrupulosos y matizados de estas figuras de autoridad moral en nuestra nación, a las decisiones de unos simples jueces?

Quiero dejar clara una cosa. Nunca debemos menospreciar las amenazas terroristas que sufren el Reino Unido y muchos otros países libres, ni la dificultad de descubrirlas por adelantado. Todavía existen demasiados intentos descabellados de apaciguar a los islamistas radicales, algunos de ellos perpetrados y financiados por otros sectores del Gobierno británico. Y los jueces, como los políticos, los espías y los periodistas, no tienen por qué estar por encima de cualquier crítica. Pero en este caso, las críticas a los jueces no tienen fundamento. No sólo no están “desautorizando” nada sino que están defendiendo el elemento fundamental para elfuturo del Reino Unido: la combinación de seguridad y libertad bajo la ley. Proteger ese principio, en unas circunstancias diferentes, exige un ejercicio de equilibrio muy delicado.

Veamos, por ejemplo, la sentencia emitida tras un recurso, a principios de este mes, que permitió la publicación del breve resumen que había hecho un tribunal inferior de las informaciones proporcionadas por los servicios estadounidenses indicando que Mohamed había sufrido torturas. Comienza con una declaración clarísima del presidente del Tribunal Supremo en la que reconoce que “el terrorismo es una amenaza constante tanto aquí como en el extranjero” y “la inestimable contribución a la seguridad pública de la tradicional cooperación entre los servicios de inteligencia de este país y los de Estados Unidos”, que, añade convenientemente, “no circula en una sola dirección”.

A continuación relata cómo hubo que arrancar las pruebas de que el MI5 sabía que Mohamed había sido torturado de las garras de los secretistas Gobiernos de Londres y Washington y cómo hubo que sopesar el peligro de hacer público algo que ya muchos habían reconocido en el Reino Unido y Estados Unidos. En el momento de escribir estas líneas, todavía aguardamos la decisión del Tribunal sobre la publicación de un párrafo de esta reciente sentencia que, al parecer, sugiere que el MI5 engañó deliberadamente al comité correspondiente de la Cámara de los Comunes a propósito de lo que sabía de este horrible asunto; un párrafo que el Master of the Rolls retiró por presiones del Gobierno, algo que resulta bastante sospechoso.

Los detractores acusan a estos jueces, las ONG y los medios de comunicación que han exigido transparencia en este caso -entre ellos, The Guardian, The Times, The Independent y la BBC, porque las voces periodísticas que antes he mencionado no representan a la profesión en general- de ser unos “liberales” que tienen un compromiso dogmático con los derechos humanos über alles.

En realidad, los argumentos de estos jueces son, muchas veces, profundamente conservadores. Para ellos, la base la constituyen los precedentes en el derecho consuetudinario inglés y, por extensión, en la historia del Reino Unido. Así, por ejemplo, la sentencia más reciente cita al secretario de Estado de la reina Isabel I, Sir Thomas Smith: “La naturaleza de nuestra nación es libre, sólida, orgullosa, pródiga con la vida y la sangre, pero no tolera injurias, palizas, servidumbre ni castigos ni tormentos serviles”. El corazón de un genuino conservador británico como Dominic Grieve, responsable de Justicia en el Gobierno en la sombra, debería emocionarse ante esta prosa antigua y enérgica. Sólo un neoconservador, es decir, un antiliberal radical, puede arrojar bilis al saborear una muestra así de viejo espíritu inglés.

Incluso después de que el tribunal dicte su sentencia definitiva con esta rebuscada frase, seguirá habiendo preguntas fundamentales sin responder sobre el comportamiento de los servicios secretos del Reino Unido durante los más de siete años de “guerra contra el terror” de George W. Bush. En cuanto se celebren las elecciones, el nuevo Gobierno británico debe cambiar las cosas. En vez de que el jefe del MI5 reprenda a los jueces, habrá que encargar a un juez que investigue la conducta pasada del MI5 (y del MI6). Una investigación judicial, que ya han pedido los demócratas liberales, el ex fiscal general Lord Goldsmith y el ex ministro de Interior de los conservadores David Davis, tendría todas las ventajas que proporciona un buen juez: sería independiente, rigurosa, imparcial, responsable y discreta.

Dicho juez, equipado con las herramientas necesarias para la investigación y el permiso para utilizarlas, debería examinar los aspectos detallados suscitados por el caso de Mohamed, pero también otros más generales.

¿Cuáles eran, en cada fase, las normas de los servicios secretos sobre la tortura, sobre la transmisión a Estados Unidos de preguntas para hacer a presos de los que se pensaba que estaban siendo torturados y sobre el uso de la información obtenida de esa manera? ¿Quién, aparte del “Testigo B”, sabía qué, y cuándo? ¿Qué hay de sus superiores, entre ellos el propio Evans, entonces responsable de antiterrorismo internacional? ¿Qué solicitudes de directrices políticas, si es que las hubo, se hicieron al Ministerio del Interior, el Ministerio de Exteriores y el 10 de Downing Street, y qué luces verdes, ámbar o rojas, formales o informales, recibieron como respuesta? El Tribunal dice que el valor del intercambio de información con Estados Unidos es “inestimable”, pero ¿quizás es calculable? ¿Sería posible dar al juez investigador, en la más estricta confidencia, algunos ejemplos específicos de cómo contribuyó todo eso en concreto a la seguridad del pueblo británico? ¿Por qué el comité de los Comunes no recibió toda la información que debería en su momento? ¿Qué lecciones podemos aprender para el futuro?

El objetivo de todo esto no es que los jueces gobiernen el Reino Unido. Todo lo contrario. Es crear los mecanismos debidos para tener un Gobierno eficiente, responsable y respetuoso con las leyes, incluso en los servicios secretos y en épocas difíciles, y un Parlamento británico que lleve a cabo su labor de supervisión democrática y vuelva a ser digno de su nombre, para que nadie necesite apelar a los tribunales. Mientras tanto, gracias a Dios -o, para ser más exactos, gracias a la Historia- que el Reino Unido tiene todavía jueces así.

Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos. Ocupa la cátedra Isaiah Berlin en St. Antony’s College, Oxford, y es profesor titular de la Hoover Institution, Stanford. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia