Nuestras instituciones

Por Fernando Savater (EL CORREO DIGITAL, 03/02/07):

Cuentan que, en su época de gloria presidencial, el general De Gaulle se tomaba muy a pecho las opiniones que la televisión francesa (entonces no había la proliferación de cadenas actual) ofrecía sobre su Gobierno. Y las comentaba con el paciente Pompidou. Cuando eran elogiosas, apostillaba satisfecho: «Ya ve usted lo que dice nuestra televisión». Si eran tibias o poco entusiastas, carraspeaba: «Vaya, dice la televisión ». Pero si por un acaso eran francamente críticas y adversas, tronaba: «¿Ha visto lo que dice su televisión?».

He recordado esta anécdota al ver la pancarta de la manifestación del lunes: ‘En defensa de nuestras instituciones’. Como ya se ha hecho notar, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es una institución tan ‘nuestra’, es decir tan propia e imprescindible del régimen autonómico de la CAV como la lehendakaritza o cualquier otra (y como las del resto del Estado español, claro está). No deja de ser preocupante -aunque ya llueve sobre sumamente mojado- que el Ejecutivo vasco parezca considerar propias solamente las instituciones que le son favorables y cuando lo son, mientras que si se comportan con una independencia que le resulta molesta las tenga por ‘indeseables’ o imposiciones venidas de algún mundo extraño. Aunque en un tono más burgués y sosegado, los manifiestos que fueron leídos al final de la marcha por los dos lehendakaris anteriores tenían un cierto toque de 2 de Mayo y de homenaje al alcalde de Móstoles: ‘¿Ciudadanos, la patria está en peligro!’. El mensaje público que nos da esta gente siempre viene a ser el mismo: cuanto favorece el libre juego del nacionalismo es sin duda ‘nuestro’ y en cambio nos es ajeno lo que suena a control de los apetitos nacionalistas por un Estado de Derecho que responde a criterios no territoriales ni etnicistas.

Últimamente se nos asestan todos los días notables sandeces sobre la justicia en los países democráticos y sobre el papel de la judicatura. Por ejemplo, una de ellas -con motivo del rechazo de la excarcelación de De Juana Chaos- es que la justicia ‘no debe ser vengativa’. Toda justicia penal está fundamentalmente basada en la reciprocidad de devolver mal por mal, es decir, en una forma de venganza institucional regulada y disuasoria que sustituya a la inevitable venganza personal, desmesurada e inacabable. ¿Acaso no es el castigo una forma de venganza? Es verdad que en la época moderna se ha introducido un elemento de regeneración y reinserción del reo (nunca automático, siempre voluntario y sometido a comprobación) pero ello no impide que el fondo vengativo de ‘saldar cuentas’ esté siempre presente. Negarlo es sólo un eufemismo bienpensante, como llamar ‘empleadas de hogar’ a las criadas o ‘tercera edad’ a quienes somos viejos. Pues bien, ahora se nos informa, como si de un gran descubrimiento se tratase, de que ‘los jueces no son vacas sagradas’ y también de que ‘las sentencias judiciales no deben condicionar la política’. Merecen comentario tan sesudos descubrimientos.

Porque, en efecto, los jueces no son vacas sagradas. Ni los árbitros de fútbol, cuyas decisiones deben ser acatadas en el campo de juego porque si no sería imposible el partido. Ni tampoco los políticos, ya sean presidentes, ministros o diputados. Ni siquiera los obispos son vacas sagradas, por mucho que hagan sonar sus esquilas. En todos estos campos hay muchos cabestros, desde luego, pero ninguna vaca sagrada. Precisamente la división de poderes, cuya teorización se atribuye con más o menos propiedad a Montesquieu, se basa en que la sociedad democrática debe considerar sospechosa toda pretensión de que un poder sea ‘sagrado’, es decir: intocable, incontrolable. Las instituciones se sirven de contrapeso unas a otras: el ejecutivo no legisla ni juzga sino que gobierna, el legislativo ni gobierna ni juzga sino que legisla, el judicial aplica las leyes que no crea sin pretender gobernar. Lo pueden hacer bien, mal o regular pero ninguna de estas instancias tiene derecho al ‘noli me tangere’. Ni desde luego ninguna puede proclamar con arrogancia absolutista: ‘el pueblo soy yo, quien me ofende a mi está ofendiendo al pueblo soberano’. ¿Venga ya!

Pero los indignados suelen añadir que los jueces ‘no pueden condicionar la política’. ¿Y si fuera precisamente al revés? Batasuna es un partido ilegal dentro de España y considerado terrorista en la UE. Si el lehendakari se entrevista con sus conocidísimos portavoces públicamente, no una sino varias veces, la última de ellas después del atentado de Barajas que no han condenado (sólo se muestran ‘confundidos’ por el comunicado de ETA), ¿no es acaso Ibarretxe quien está intentando condicionar la legalidad tratando como respetables ‘sensibilidades políticas’ a planteamientos fuera de la ley y de la simple decencia? ¿No da apariencia de legalidad y normalidad democrática a lo que explícita, reiterada y sangrantemente la conculca? La actitud del lehendakari interfiere con el ámbito de la legalidad que los jueces tienen que hacer cumplir por lo menos tanto como cualquier sentencia judicial puede incidir en las prácticas políticas. Y para muchos ciudadanos -vascos y del resto de España, que en estos asuntos todos tenemos voz y voto en el Estado del que formamos parte- tan ‘nuestra’ y respetable es la institución judicial como la presidencia autonómica que encarna Ibarretxe o cualquier otro cargo público. Por cierto, a estas alturas siempre hay alguno que salta: pero es que a los jueces no se les elige por votación, como a los políticos. Cierto, pero ello se debe a que para ser juez hacen falta ciertos conocimientos específicos mientras que no se requiere ninguno para ser político. Ni para ser votante.

Es muy posible que Ibarretxe no haya cometido ningún delito recibiendo a Otegi, sólo una imprudencia y una muestra más de que no es el lehendakari de todos, como presume, sino profundamente sectario (se reúne con Batasuna porque expresa una ‘sensibilidad’ social pero no responde al abogado del Foro Ermua porque este movimiento ‘sólo busca el odio y la crispación’: actitud repugnante donde las haya, por mucho que se la celebren los acólitos). Y si no ha delinquido, naturalmente no tiene nada que temer de los jueces, ni de derechas ni de izquierdas. Pero a muchos nos tranquiliza saber que si ahora (o mañana, nunca se sabe) cometiese un delito, sería juzgado como cualquier otro ciudadano. Porque las instituciones autonómicas vascas son parte del Estado de Derecho español y no desde luego un Estado aparte ni un territorio fuera del alcance de las leyes vigentes. Que los nacionalistas se manifiesten cuanto quieran para arropar a su líder, pero que no se les olvide esa sencilla verdad esencial.