Hoy, Amnistía Internacional publica su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en las Américas durante 2019, con una radiografía preocupante de los graves retrocesos que millones de personas enfrentan en la región. La persistencia de la violencia, de los altos índices de homicidios y feminicidios, de la discriminación y la profunda desigualdad, de la degradación y explotación del medio ambiente, aunado al debilitamiento institucional, la corrupción y la impunidad, dejan al descubierto que nuestros gobernantes no están a la altura de las necesidades y demandas de sus ciudadanías.
De acuerdo con datos divulgados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su más reciente informe de desarrollo humano 2019, la región es la de mayores desigualdades en el mundo, con índices ofensivos como que 10% de los más ricos concentran 37% del total de ingresos, mientras el 40% más pobre recibe menos de 13% de los ingresos.
Sumado a esto, la creciente inestabilidad política produjo en 2019 un estallido de manifestaciones sociales multitudinarias, encabezadas en su mayoría por gente joven, que demostraron un hartazgo de las formas ya tradicionales de los gobiernos a ignorar las demandas populares. Desde Haití hasta Chile, pasando por muchos otros países, la indignación y las exigencias de derechos humanos han sido un motor para diversos movimientos de protesta.
Frente a la incapacidad de los gobernantes —de cualquier espectro político— de generar mecanismos de diálogo con la sociedad, y de garantizar los derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica, la respuesta común ha sido la represión violenta, que en muchos casos se ha traducido en el uso excesivo de la fuerza, inclusive letal, con la intención de silenciar las voces de protesta. En la mayoría de los casos las protestas, muchas espontáneas, han buscado atraer la atención de los gobiernos a demandas inmediatas. Pero estos, con su accionar, han desencadenando protestas masivas en contra precisamente de la respuesta militarizada, como las declaraciones de estado de emergencia y las violaciones de derechos humanos generadas en ese contexto.
Tan solo en 2019, Amnistía Internacional documentó por lo menos 210 muertes violentas de personas en contexto de manifestaciones, en su gran mayoría en manos de las fuerzas de seguridad. Estas muertes se registraron en Haití (83), Venezuela (47), Bolivia (35), Chile (31), Ecuador (8) y Honduras (6). Además, miles de personas resultaron heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza y otras enfrentaron detenciones arbitrarias, en algunos casos de forma masiva, durante las protestas.
Junto con los equipos de investigación de Amnistía Internacional, durante el 2019 estuve documentado en el terreno las graves crisis que han generado las respuestas represivas de las autoridades estatales en Venezuela, Honduras y Chile, siendo testigo de primera mano de las devastadoras consecuencias que sus actos de violencia estatal han dejado en las víctimas, sus familias y comunidades.
En estos tres países, las razones que movilizaron a miles de personas a tomar las calles fueron diversas, desde intentos por privatizar la salud y la educación en Honduras; la crítica situación que enfrentan las personas en Venezuela por la crisis de derechos humanos; hasta las medidas de aumento al transporte público que pusieron en descubierto las grandes desigualdades que existen en Chile. Pero el patrón común en estos tres casos, como en otros países, fue la respuesta represiva y violenta de los gobiernos, en un intento desesperado por acallar las voces de la población.
Los presidentes Sebastián Piñera, Juan Orlando Hernández y Nicolás Maduro emprendieron una política de represión violenta hacia quienes se atrevieron a protestar en contra de sus gobiernos. La presencia militar y de fuerzas policiales para controlar las manifestaciones dejaron un saldo alarmante. En todos los casos se usó la fuerza letal, con fuerzas de seguridad que utilizaron armas de fuego e hacieron uso indiscriminado de armas menos letales como gases lacrimógenos o balas de goma, lo cual atentó contra la vida de quienes se manifestaban pacíficamente, e inclusive de transeúntes. Se documentaron cientos de detenciones arbitrarias, malos tratos a personas detenidas, y hasta tortura y tortura sexual.
En la crisis prolongada en Venezuela ha quedado claro que el gobierno bajo el mando de Nicolás Maduro ha perfeccionado sus tácticas represivas, al grado de cometer crímenes de derecho internacional que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Y a estos tres gobiernos tristemente se une una lista larga, algunos firmemente decididos a castigar a su población, como en Nicaragua. Con pocos cambios de políticas para afrontar la violencia, desigualdad, inestabilidad y destrucción del medio ambiente que se vislumbran en la región en 2020, la lucha por los derechos humanos es tan urgente como siempre. Y no se equivoquen, estos gobernantes se encontrarán del lado equivocado de la historia.
Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.