El pasado 3 de junio entró en vigor en Polonia una medida que amplía la cantidad de información que el sistema sanitario polaco mantendrá en su base de datos sobre sus pacientes, incluyendo un registro de embarazos, además de otros datos médicos que pueden dar información sobre el estilo de vida de las mujeres embarazadas. Esto quiere decir que el Estado podrá utilizar estos datos para rastrear a las mujeres que no hayan finalizado su embarazo.
Las mujeres polacas embarazadas dejan así de ser ciudadanas libres y autónomas, y, como las criadas de la famosa novela de Margaret Atwood, se convierten en medios para otros fines. Ya no son seres humanos poseedores de derechos fundamentales, sino úteros que reproducen a otros seres humanos que tendrán o no garantizados esos derechos dependiendo del sexo con el que nazcan y su orientación sexual.
Este registro es un paso más hacia la criminalización del aborto en Polonia. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco declaró inconstitucional la disposición de la ley de 1993 que permitía el aborto en caso de anomalía fetal grave e irreversible o enfermedad incurable del feto. Esto supuso una prohibición del aborto de facto, puesto que la gran mayoría de los abortos legales en Polonia tenía esas causas. Una reforma legal de enero de 2021 completó el proceso, incluyendo penas de prisión para las mujeres y los médicos que las asistieran en los abortos. Desde entonces, varias mujeres han fallecido en hospitales polacos por el retraso de los facultativos al extraer fetos ya muertos o que amenazaban gravemente la vida de la madre.
Con desarrollos como el registro polaco de embarazos y en un contexto de capitalismo de la supervisión y mercantilización de datos, los efectos del avance de la digitalización de nuestras sociedades están más cerca de la distopía y el terror de Estado que de mayor bienestar y ampliación de derechos. Desde que en EE UU se filtró el borrador de la decisión del Tribunal Supremo que previsiblemente anulará la sentencia de 1973 (conocida como Roe contra Wade) y, consecuentemente, el derecho al aborto, se alerta de la vulnerabilidad de las mujeres norteamericanas frente a la gestión de los datos que comparten en sus búsquedas en internet o en las aplicaciones que utilizan y que pueden acabar incriminándolas si deciden interrumpir su embarazo o están pensando en hacerlo.
En el mercado de datos se demanda y vende información sobre quienes usan las famosas aplicaciones de móvil de seguimiento de la regla o buscan información, productos o servicios relacionados con la salud reproductiva. En un país que avanza hacia la criminalización del aborto y carece de la protección que ofrece el Reglamento de Protección de Datos en la UE (RGPD), la economía del dato puede transformarse en una herramienta de control social que no sólo privaría a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos, sino que cambiaría su relación con el mundo digital, al someterlas a la vigilancia en línea y al riesgo de ser condenadas.
Comprar esos datos podría permitir a los superpoderosos lobbies antiaborto identificar a las usuarias de esas apps o a quienes se informen sobre personas o agencias que proporcionan servicios a las mujeres que desean abortar. Si en EE UU se avanza en la penalización del aborto, se podrían utilizar esos datos para procesar a las mujeres que intentan abortar. En Europa, el RGPD lo hace imposible, pero se consiente lo que está pasando en Polonia.
En las últimas décadas, las mujeres hemos gritado muchas veces: “Nuestro cuerpo, nuestros derechos”. La digitalización nos urge ahora a incluir nuestros datos en ese lema si no queremos que nuestros cuerpos sirvan a fines que atacan nuestra dignidad y derechos fundamentales o como vehículos del terror de Estado. Para ello, debemos garantizar no sólo que los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos, se respeten en todo el mundo, y sin ambages en los países considerados democracias y pertenecientes a la UE, sino que toda la legislación vinculada a la digitalización impida desarrollos que vulneren los derechos de las mujeres y los derechos humanos de forma explícita. Es fundamental, por ejemplo, incluir una prohibición expresa de la utilización de nuestros datos para limitar derechos sexuales y reproductivos en el nuevo reglamento que debe crear el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, uno de los expedientes de la Estrategia Europea de Datos, o que en la futura potencial revisión del RGPD se impida la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En un mundo cada vez más digitalizado, en el que se mezclan el auge de los nacionalismos identitarios con una transición demográfica que implica el envejecimiento de muchas sociedades, el control de los cuerpos y la capacidad reproductiva de las mujeres se perfila como objetivo codiciado que debemos contrarrestar con una férrea defensa de los derechos fundamentales, sin mirar nunca hacia otro lado cuando éstos se vulneren.
Lina Gálvez es eurodiputada del Grupo Socialista y catedrática de la Universidad Pablo de Olavide.