Nueva etapa en el Constitucional

Por Joan Tapia, periodista (EL PERIÓDICO, 20/05/08):

Un diario de Madrid editorializaba así sobre la muerte del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo: “El destino ha querido poner un estrambote entre lo trágico y lo rocambolesco al recorrido en el Tribunal Constitucional (TC) del Estatut, un texto fruto de frivolidad, falta de sentido común e improvisación”. Y concluía: “La muerte de García-Calvo sirve para sacar a la luz la politización de este tribunal, en el que el desenlace de un pleito depende de la composición de la sala y no del fondo del asunto”.

EL TEXTO anterior ilustra la batalla del TC, que no es tanto víctima de la politización como de la radicalización que el PP introdujo en la vida política. La mayoría de tribunales constitucionales tienen conflictos de raíz política, y en Estados Unidos –donde el Supremo hace de Constitucional y los nueve jueces son vitalicios– el programa de reformas de Roosevelt no se aprobó hasta que el relevo biológico lo permitió. Pero una cosa es cierta politización –casi inevitable– y otra la sistemática radicalización. Y todavía peor es que los aparatos de los dos grandes partidos –que en España tienen mucha fuerza– quieran condicionar al Constitucional. Y es la crispación la que ha llevado a un retraso relevante en la renovación de este tribunal, ya que los cuatro magistrados elegidos por el Senado debían haber sido relevados en diciembre. Y no lo fueron porque, al exigirse la mayoría de tres quintos, el PP ha paralizado la renovación. El equilibrio actual le favorecía más que el futuro, ya que tres de los cuatro magistrados eran de tendencia conservadora.
La muerte de García- Calvo, el más activista de los magistrados derechistas, ha puesto fin a esta ventaja. Hasta ayer, había un empate a seis entre las dos tendencias que solo podía romper el voto de calidad de la presidenta (progresista). Ahora este equilibrio se rompe y los seis jueces progresistas tienen mayoría. Por ello el PP, que demoraba la renovación, tiene ya menos interés en el retraso. Y la muerte de García-Calvo tiene aún más efectos en la posible resolución del Estatut, el conflicto emblemático del PP en el Tribunal Constitucional. Los jueces conservadores lograron recusar al progresista Pérez Tremps, con lo que el equilibrio del TC era de seis conservadores a cinco progresistas. Y el clima no permitía descartar no ya una sentencia limitativa del Estatut sino incluso una vejatoria. Ahora, en el caso del Estatut, el Constitucional queda integrado por cinco magistrados de cada bloque con el voto de calidad de la presidenta, por lo que el riesgo de una resolución contraria disminuye bastante. Motivo suplementario para que el PP pierda interés en mantener el bloqueo de este tribunal.

AHORA EL relevo en el Tribunal Constitucional es no ya solo urgente, sino también posible. En vez de 12 hay 11 magistrados, y cuatro más han sobrepasado el periodo fijado por la ley. Solo siete magistrados en periodo normal parece excesivo. Y además la edad –y algo más– no permite descartar algún otro incidente. Pero lo más grave es que la radicalización ha colocado a este tribunal en una encrucijada endemoniada. El Estatut es fruto de un pacto entre el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas, ratificado después en referendo por el pueblo catalán. Algunos juristas cualificados, como Javier Pérez Royo, han expuesto serias reservas a que el Constitucional altere lo esencial de dicho pacto político. Y Miquel Roca, padre de la Constitución, pidió el pasado sábado la dimisión de todo el tribunal, antes de dictaminar sobre el Estatut, por la radicalización y falta de equilibrio con la que se había abordado el conflicto.
Acabar con el cáncer de la crispación que flota sobre el Tribunal Constitucional es básico. Y en la selección de magistrados se debe atender más a la calidad jurídica que al alineamiento ideológico. La justicia no es neutra, pero eso no justifica el peso excesivo de los aparatos partidistas que podrían arrastrar a este tribunal a convertirse en una especia de tercera cámara, lo que sería negativo para la seguridad jurídica y el funcionamiento del Estado de derecho.
Pero sería injusto exagerar, ya que ni en los peores momentos el Constitucional ha sucumbido totalmente a la radicalización. Cuatro jueces conservadores se opusieron a la recusación del PP a tres magistrados progresistas. Y buena parte de los conservadores decidieron recusar a García-Calvo y Rodríguez Zapata, los dos más derechistas del tribunal. Y hace poco ha habido posiciones, al margen de los bloques, sobre la ley de violencia de género.

EL TC NO ha llegado a perder nunca su independencia, y ahora, en una legislatura que se inicia en un clima más distendido, es imprescindible que el Senado y el Congreso procedan a renovar los cinco puestos a cubrir. Y debería ser el nuevo Constitucional el que resolviera los litigios pendientes. Y como José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, que deben negociar dichos relevos, son juristas reconocidos, tendría que ser posible atender más al currículo intelectual de los candidatos que a las recomendaciones de los secretarios de organización de los partidos. En una democracia, los secretarios de organización son necesarios y convenientes, pero no para designar a los magistrados del tribunal que debe amparar la aplicación correcta de la Constitución, la ley fundamental de la que los españoles hemos carecido durante demasiados años.