Nueva etapa

Se inicia una nueva etapa política en España donde por vez primera uno de los dos grandes partidos permite que gobierne el otro. Mariano Rajoy es presidente gracias a la abstención del PSOE, cierto, pero sobre todo porque fue el partido ganador de las elecciones y la única fuerza política que el pasado 26 J mejoró sus resultados respecto a diciembre. Sin embargo, nunca antes un gobierno había iniciado su andadura sobre la base de un grupo parlamentario tan reducido. A pesar de ello, la legislatura que empieza puede ser una oportunidad inesperada para hacer algunas reformas que requieren grandes consensos políticos. En contra de la opinión ampliamente extendida de que será corta, con elecciones a la vuelta de un año, no necesariamente debe ser así. Es verdad que el primer gobierno de Rajoy se sostuvo sobre una mayoría amplia que, a pesar de la sistemática y cansina actitud en contra del principal partido de la oposición, le permitió empero llevar a cabo las reformas que a la postre sacaron a España del abismo, pasando de la recesión al crecimiento y de la destrucción de empleo a la generación de nuevos puestos de trabajo.

Pero el PP no siempre ha gobernado con mayoría absoluta; durante su primera legislatura (1996-2000) Aznar gobernó sin disponer de una mayoría parlamentaria propia, aunque su investidura contó con el apoyo de los nacionalistas canarios, vascos y catalanes. A pesar de ello, esa primera legislatura del PP no solo fue de claro corte y matiz reformista sino que, en términos políticos, también constituyó un éxito inequívoco que posibilitó la mayoría absoluta popular cuatro años más tarde. A día de hoy (bien es cierto que sin evidencia empírica suficiente como para extraer conclusiones), la experiencia nos dice que cuando el PP ha gobernado con mayoría absoluta, en las siguientes elecciones la ha perdido (2004 y 2015), desconocemos aún si es cierto lo contrario, aunque la experiencia de 1996-2000 nos informa de que no es descartable obtener una mayoría tras una legislatura de pactos.

La nueva andadura se inicia con ciertas restricciones hasta ahora desconocidas. El nuevo gobierno, en efecto, comienza con la mayor debilidad parlamentaria que nunca antes haya sustentado gobierno alguno, pero de manera inteligente el presidente ha logrado el apoyo a su investidura de los 32 diputados de Ciudadanos y del único escaño de CC. Rajoy ya ha anunciado que trabajará cada día para lograr los acuerdos necesarios que garanticen la gobernabilidad, lo que implica no solo acometer nuevas y necesarias reformas, sino consolidar las ya realizadas con buenos resultados. Sin tales apoyos parlamentarios la investidura no habría sido posible, han sido las condiciones necesarias aunque por sí solas insuficientes, se requerían gestos adicionales que han venido de una mayoría de diputados socialistas que, con tanta dificultad como sentido político práctico, han preferido quedar malheridos, posibilitando un gobierno del PP, antes que muertos en unas terceras elecciones a manos de Podemos.

Ahora bien, las dificultades aparentes y reales de esta nueva etapa no impiden a priori que pueda ser un periodo de grandes acuerdos para afrontar los retos que España tiene por delante. Es esencial consolidar el proceso de recuperación económica iniciado en la segunda mitad del año 2013, que no solo nos ha sacado de la recesión, sino que hoy nos permite ser el país que más crece de Europa. Pero hay otras cuestiones muy relevantes que demandan atención singular y amplios acuerdos políticos. La primera es el problema catalán respecto al cual, al menos los partidos constitucionalistas (255 diputados), deberán ponerse de acuerdo para sentar las bases que, como dijo Ortega, nos permitan, si no solucionarlo sí al menos sobrellevarlo, siquiera sea para otro largo período de tiempo. Urge asimismo un gran acuerdo sobre financiación autonómica donde los presidentes regionales, sin dejar de defender las legítimas aspiraciones en sus respectivos territorios, no se comporten como párrocos locales y piensen primero en la Nación española sin la cual las comunidades autónomas simplemente no tendrían sentido. Si los recursos son escasos y cada uno plantea la reforma del sistema sobre la base de recibir más dinero, será imposible consensuar nuevas reglas, salvo que la solución venga por incrementar los ingresos disponibles con nuevos tributos, aspecto que estoy seguro pocos defenderán.

Esta nueva etapa puede, por último aunque no menos importante, ser también una buena oportunidad para acordar, igualmente entre los partidos constitucionalistas, una posible reforma de la Carta Magna que en todo caso no debería ser vista como un objetivo en sí mismo sino como herramienta para mejorar las condiciones generales de convivencia en España a la luz de la experiencia de sus treinta y ocho años de vigencia. Una experiencia que, a pesar de las algarabías en contra de determinadas hordas parlamentarias, ha permitido que España sea una de las naciones del mundo con mayor avance económico, político y social de los últimas décadas. No ha sido obra de ningún partido ni gobierno, ha sido posible por el esfuerzo y empeño de todos los españoles. Lástima que la izquierda bronca y radical que hoy tiene presencia en las instituciones políticas españolas no sepa, no quiera o no tenga capacidad para verlo. Peor aún sería que esa izquierda extrema sustituyera a aquel PSOE moderado y socialdemócrata como fuerza política de referencia en la izquierda española, aunque eso ya no va a depender tanto del extremismo de Podemos, sino sobre todo de lo que quiera hacer el nuevo PSOE tras el hundimiento al que lo ha llevado su anterior secretario general. Hace un tiempo escuché decir al socialista Nicolás Redondo Terreros que si el PSOE jugaba a Podemos, al final ganaría Podemos. Recordarlo debería ser de obligado cumplimiento para algunos socialistas que, todavía hoy, persisten en emular lo peor del populismo, y podría ser, de paso, un buen comienzo para un renovado PSOE imprescindible en todo caso para alcanzar los grandes acuerdos políticos que España necesita en esta nueva etapa.

José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo.

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