Nueva oleada de represión sutil en Cuba

Hace un año, la Iglesia Católica cubana anunciaba un acuerdo con el gobierno de Raúl Castro que permitió la liberación de decenas de presos políticos detenidos en las lúgubres cárceles de la isla desde la masiva embestida contra la prensa independiente y la disidencia de marzo de 2003, conocida como la Primavera Negra. Pero desde entonces, ni la liberación masiva de disidentes ni las reformas económicas implementadas por Castro han promovido cambio alguno en materia de libertades. De hecho, el Gobierno aún mantiene vigente el represivo entramado legal que le facilitó encarcelar a los disidentes y continúa hostigando a todo aquel que exprese cualquier forma de disenso.

La muerte en cautiverio del disidente Orlando Zapata Tamayo en 2010 puso de relieve el tratamiento inhumano a los presos políticos en Cuba, generó condenas a nivel internacional y una inusual confesión de arrepentimiento por parte de Castro. Y precipitó el acuerdo con la Iglesia, que fijó la liberación de los disidentes de la Primavera Negra. El régimen comprendió entonces que las prolongadas penas de privación de libertad no eran adecuadas para su reputación internacional y decidió en consecuencia modificar su estrategia.

La represión de cualquier voz independiente y el control absoluto de los medios de comunicación son políticas de Estado que el Gobierno castrista no está dispuesto a abandonar. La represión contra los pocos periodistas independientes y disidentes que se atreven a desafiar el monopolio informativo oficial es sistemática, aunque la intensidad sea en la actualidad menor. Todavía hoy, las autoridades hostigan a los disidentes y los somete a detenciones arbitrarias, a actos de repudio, campañas de desprestigio en la prensa estatal, seguimientos y un acoso permanente.

El reciente Congreso del Partido Comunista y el aniversario de la Primavera Negra motivaron diversas detenciones, palizas y arrestos por parte de agentes de la Seguridad del Estado, el ente encargado de llevar adelante la represión gubernamental. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional han documentado decenas de casos en la primera mitad de 2011, incluyendo el encarcelamiento de seis disidentes condenados a penas de dos a cinco años.

España, cuya diplomacia ofició de mediadora entre el Gobierno de los Castro y la Iglesia, fue el país elegido para el exilio por más de un centenar de ex presos cubanos y cientos de sus familiares. Pero la profundidad de la crisis y las dificultades burocráticas han entorpecido la transición hacia una vida en libertad para esos exiliados. Ante la falta de oportunidades y la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo, cada vez más disidentes optan por abandonar España hacia otros destinos.

Mientras tanto, el Gobierno cubano ha anunciado para este verano la llegada de internet de banda ancha, un proyecto de 70 millones de dólares financiado por Caracas y presentado como una oportunidad de dotar a la isla de una mayor conectividad a la web. Sin embargo, los expertos afirman que el acceso a internet para el público general seguirá siendo restringido por el Gobierno. La banda ancha servirá para optimizar las conexiones existentes en organismos ejecutivos, universidades y sitios oficiales, pero no aumentará la conectividad en general, según destacó incluso el periódico oficial Granma.

De este modo, periodistas independientes y la comunidad bloguera seguirán obligados a conectarse en hoteles, cibercafés o en embajadas extranjeras. A pesar de los numerosos impedimentos para acceder a internet, Cuba tiene una entusiasta blogosfera que incluye alrededor de 40 blogs periodísticos de corte crítico, todos alojados en servidores del exterior. Son los blogs y Twitter los que ofrecen cada vez más uno de los pocos espacios que existen para la reflexión, el análisis y la información independiente en una isla donde la represión y la censura son todavía moneda corriente.

Por Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York.

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